En la pasada concentración del día del trabajador, el presidente Maduro fue recibido entre otras consignas con una que le exigía la aplicación de un congelamiento salarial. Es...
En la pasada concentración del día del trabajador, el presidente Maduro fue recibido entre otras consignas con una que le exigía la aplicación de un congelamiento salarial.
Es entendible la solicitud y justificada, tanto por el nivel alcanzado por la especulación de precios durante los últimos cuatro años, como por la certeza por parte de los trabajadores y trabajadoras de que a cualquier aumento salarial le sigue un violento ajuste especulativo de precios, que termina anulando los beneficios de la medida.
A propósito de esta exigencia habría que comentar al menos lo siguiente. Lo primero es que el congelamiento se trata de una forma de control de precios que tiene la particularidad de ser general, en la medida que para ser efectiva deben congelarse todos los precios y no solo fijarse algunos como es actualmente el caso.
En este sentido, es una medida extraordinaria que solo debe ser tomada en situaciones extraordinarias y para la cual deben habilitarse condiciones extraordinarias para que sea efectivo.
La situación actual extraordinaria lo justifica plenamente. Pero el problema es si se cuenta con las condiciones extraordinarias desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado, para que no se convierta en un remedio peor a la enfermedad que pretende curar.
A mi modo de ver estas condiciones solo pueden generarse bajo dos escenarios. El primero es que el Estado cuente con un poder de fiscalización de los precios tan efectiva que pueda imponer la medida, más allá del consentimiento o no de los comerciantes y fijadores de precios.
Este desde luego no es el caso nuestro. Pero en realidad no tan solo por las debilidades operativas, sino porque para ello se necesita una unidad de criterio en el equipo económico como un todo, de manera que la política de congelamiento y control no se vea torpedeada por otras políticas económicas. Por ejemplo, si por un lado se congelan precios mientras por otro se “actualizan” o no se avanza en una política cambiaria definitiva, más temprano que tarde el congelamiento dejará de tener efectividad.
El segundo escenario es que se haga sobre la base de un consenso social, como se ha hecho en otros países, coadyuvando a salir de situaciones similares a la nuestra.
Esto se podría hacer en el marco del llamado Constituyente, pero dicho llamado debe tener al menos las siguientes características:
1) Incluir en la negociación a gremios de trabajadores y de consumidores y no solo al Estado con empresarios, modalidad esta última que priva al Estado de un apoyo fundamental a la hora de negociar. 2) Las negociaciones deben acompañarse de la publicación de las cifras oficiales sobre evolución del INPC, su proyección (el qué sería sin los congelamientos), del tipo de cambio, así como la asignación de divisas por sectores y por actores, todo lo cual da transparencia al proceso y ayuda a construir confianza. Y 3) a la “sinceración” de precios debe incorporarse la de los salarios, ya que el rezago actual no solo es injusto y políticamente peligroso, sino que compromete a la política económica toda en la medida que al deprimirse el poder adquisitivo, como ha venido ocurriendo por la especulación, se deprime la demanda necesaria para reactivar la economía nacional.
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