Sabrina Machado samachado@panodi.com Fotografías: Archivo
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Desde el 31 de marzo los movimientos de Luisa Ortega Díaz son observados con mayor cautela que de costumbre. Las diferencias entre la responsable de la acción penal y otros Poderes son más evidentes; sin embargo, no son recientes, solo públicas.
Lo que en un principio se llamó “impasse” ahora pareciera un distanciamiento claro, sin medias tintas ni vuelta atrás. Al extremo que los medios de comunicación del Estado no llevan sus pocas, muy pocas declaraciones, en vivo, como ya pasó el 26 de abril, cuando ni siquiera VTV la transmitió.
Al parecer, primero hay que saber qué va a decir la garante de la vindicta pública para sacarla al aire. Sus últimos tres pronunciamientos han generado grandes sorpresas.
La rubia platinada en más de una ocasión levantó su voz para ponerse al lado de los casos más polémicos y cuestionados, alegando apego a las leyes nacionales, como en el proceso contra la juez María Lourdes Afiuni, el banquero Eligio Cedeño, el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, el exfiscal Franklin Nieves, el exmagistrado Eladio Aponte Aponte, sin que nunca importara la presión de calle o incluso internacional. Su posición fue siempre en apoyo “al cumplimiento de las leyes”.
En su currículo no solo están el juicio contra Carlos Ortega, exdirector de la CTV; contra los directivos de la ong Súmate; los firmantes del acta de Carmona Estanga, sino también los procesos contra banqueros, dueños de bolsas de valores, estudiantes que protestaban en contra del cierre de Rctv, los simpatizantes de La Salida del 2014.
Luisa Ortega Díaz siempre negó la figura de los llamados presos políticos, solo eran personas investigadas en procesos justos. Hoy, la fiscal general recibe fuertes críticas de quienes antes salían en su defensa y genera gran expectación entre quienes la tildaban de cómplice.
A medida que pasan los días su posición pareciera más clara. Se conoció que desde el primer momento que el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, en términos sectoriales, el llamado no generó aprobación en la jefa del Ministerio Público.
El mismo día en que el Jefe de Estado se reunió con la directiva del Consejo Nacional Electoral, declaraciones de Ortega Díaz, en el medio norteamericano The Wall Street Journal, daban indicios de cuál sería la posición en torno a esta propuesta, la cual expondría claramente en una misiva enviada a Elías Jaua días después.
En la carta enviada al presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente, Ortega se manifiesta contraria a esta convocatoria, en vista de que no cree que sea lo más sensato para “resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país”. Estima que “no es necesario, pertinente, ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”.
Anteriormente había señalado a un medio norteamericano que: “Esta Constitución es inmejorable. Esta es la Constitución de Chávez”, afirmación que retoma en su carta, al mismo tiempo que expone el proceso de selección y aprobación popular con el que contó la propuesta de 1999.
Esta no es la primera vez que el presidente Maduro se queda esperando a la fiscal. La noche del 31 de marzo Luisa Ortega tampoco acudió al Consejo de seguridad de la nación para tratar el impasse entre el TSJ y el MP. Como tampoco participó en el encuentro realizado entre los miembros del Consejo Moral Republicano, donde se acordó que las ediciones realizadas a las sentencias 155 y 156 del máximo tribunal del país daban por solventada la crisis. El 3 de abril la fiscal acudió al llamado y salió al poco tiempo, sin firmar la declaración que luego leyó el defensor del pueblo.
Los rumores en torno de la funcionaria van desde la renuncia, la remoción o la petición de antejuicios de mérito. De acuerdo con el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, el 10 de mayo el presidente Nicolás Maduro indicó al alto mando militar la pertinencia de una fiscal que cumpliera “las órdenes” impartidas por el Ejecutivo. Tales observaciones fueron realizadas en una reunión en Fuerte Tiuna para tratar la convocatoria a la ANC. Desde la Fiscalía descartan la renuncia.
En la actual situación, ya los comentarios en contra son públicos, ya tomaron micrófonos y nombres. Pedro Carreño manifestó su rechazo en torno a la fiscal general a los pocos minutos de conocerse su posición sobre la Constituyente. “Esta señora rebusca excusas inoficiosas y baladíes para congraciarse con la derecha y seguir generando caldo de cultivo a la violencia, creyendo que así generará una escalada terrorista que dé al traste con esta revolución libertaria”, tuiteó el representante del Psuv.
Días atrás había lamentado que al Ministerio Público le hubieran quebrado la voluntad y tildó a sus funcionarios de traidores. “Tenemos instituciones como el Ministerio Público que es garante de la iniciación de la acción penal y que yo creo que les han quebrado la voluntad (...) es la guerra esta (donde les dicen) ‘dónde te vas a meter’, el ‘gobierno va a caer’, los asustan, y como no tienen formación, como no tiene valores, como no tienen doctrina son proclives a que les quiebren la voluntad ...) creo que en esta hora de la patria vacilar es traición a la patria”.
Por su parte, Freddy Bernal, cabeza visible del gobierno, exigió una postura contundente a la Fiscalía ante los ataques perpetrados en contra de las instituciones y oficinas del Estado, ya que —a su parecer— estas denuncias no reciben el mismo trato que las realizadas en contra de funcionarios públicos por parte de diversas organizaciones no gubernamentales.
“Señora Fiscal de la nación, Luisa Ortega Díaz, usted tiene en las manos —junto con los jueces— la administración de la acción penal. La Guardia Nacional y Servicios de Inteligencia han detenido a individuos disparando, quemando bienes públicos, son personas que se pueden procesar (…) Bueno, hay que imputarlos por la Ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo”.
Cada una de estas declaraciones son seguidas de cerca desde el despacho de la responsable de la acción penal. Esta es la nueva realidad, la visible, para Ortega Díaz desde el 31 de marzo; sin embargo, a lo interno se conoce que las diferencias abarcan más tiempo y, en lo pronto, solo prometen profundizarse. En su penultima declaración evidenció la acción de “grupo de motorizados civiles armados” que han actuado en el marco de las protestas opositoras recientes y más de una docena de funcionarios de seguridad han sido imputados por violar derechos humanos.
Ante la pregunta de por qué el cambio en el proceder de Ortega Díaz, un cercano colaborador remitió, entre otras cosas, a la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, del 27 de enero de 2015, titulada Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones en la que se establece incluso el uso de armas de fuego en los casos en los que se considere riesgo de “violencia mortal”.
Documento que levantó grandes resquemores, al extremo que se nombró a un grupo de fiscales para que evaluaran los alcances de los 30 artículos de la resolución. La comisión estuvo encabezada por el hoy vicefiscal general de la República Rafael González Arias, quien incluso se dirigió hasta Fuerte Tiuna para sostener una reunión con los responsables del escrito y entregar un análisis sobre lo delicado de la resolución en cuestión.
“Esa resolución incorporó, sobre todo en los artículos 5.5 y el 15.9 el uso de armas de fuego (en una protesta); yo creo que eso resulta innecesario; estas observaciones las estamos mandando al Ministerio de la Defensa”, indicó el 29 de enero de 2015 Ortega Díaz. El 29 de junio del 2016, el TSJ declaró improcedente un recurso de nulidad interpuesto en contra de la resolución.
Esta posición guarda relación directa con lo expresado por Luisa Ortega el 5 de mayo, desde su trinchera. “Este es uno de los temas que el Estado tiene que ver con mucha preocupación”, dijo al medio norteamericano al ser consultada sobre el creciente uso de tribunales militares para procesar a civiles.
Días después, a través de un comunicado oficial de la Fiscalía, se conoció las diligencias realizadas para que 14 personas detenidas por supuestos hechos irregulares ocurridos en Villa de Rosario, Zulia, fueran procesados por tribunales civiles y no militares, petición hecha con “fundamento en los artículos 261 y 49, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a que las personas deben ser juzgadas por sus jueces naturales”, refiere el comunicado.
Prosigue: “El Ministerio Público observó que en el presente caso, los hechos que se le atribuyen a las personas detenidas no constituyen delitos previstos en la referida norma militar, y además los procesados no son funcionarios militares, por lo que mal podrían ser juzgados por esa jurisdicción”.
En total son ya dos años de dimes y diretes con diversos representantes del gobierno e instancias de poder, situación que jamás se previó el 22 de diciembre de 2014, cuando fue ratificada en su cargo por la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, en contra de la opción de la exmagistrada Miriam Morandy.
Su nombramiento, al igual que el de los dos representantes más del Consejo Moral Republicano, generó molestias y denuncias por parte de la oposición, al considerarse ilegal ya que no contaba con el respaldo de la mayoría calificada, como —según aseguraban— era necesario para cumplir con los preceptos constitucionales.
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