11 jun 2017.- Trabajadores de la empresa procesadora de alimentos La Lucha, ubicada en el municipio Guacara, denuncian que la directiva de la misma está ejecutando un fraude laboral y un boicot contra la población y el gobierno venezolano, ya que la misma se niega a cumplir con lo acordado en una mesa de negociación con los trabajadores, y además mantiene inoperativa una planta de granos y de arroz bajo el argumento de supuestamente no recibir materia prima.
Desde hace 27 meses 434 trabajadores se mantienen firmes en exigir a la empresa que les aumente el salario, y esta exigencia pareció haber dado fruto cuando el pasado viernes 26 de mayo de 2017, los representantes de la empresa firmaron con el Sindicato Solidario de Trabajadores de Alimentos y Granos La Lucha (Sistragral), en presencia de una comisión de funcionarios del Ministerio del Poder Popular el Trabajo, un acta en la cual se comprometen a cancelar 3,734,11 bolívares como salario diario y ahora la desconocen, por lo cual se niegan rotundamente a pagar lo acordado.
Así lo informó el secretario general de la empresa, Martín Rangel, quien recordó que la negociación de la convención colectiva es una obligación de conformidad con lo establecido en el artículo 436 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
“Las autoridades y la empresa deben respetar las actas firmadas y no es con amenazas a los trabajadores que corregirán un acta que tiene plena validez”, sentenció el asesor legal del sindicato, Alfredo Brito, quien acotó que “ha sido difícil un acuerdo honorable entre el sindicato y la empresa para concluir la convención colectiva. Hay resistencia de la empresa, para la dignificación salarial, deportiva y cultural”.
Por su parte, el secretario de acta y correspondencia, Peter Rodríguez, calificó de inaceptable que la empresa reciba dólares preferenciales del gobierno venezolano, que les fueron otorgados durante la Expo Venezuela, entre otras adjudicaciones y que ésta no cumpla con los trabajadores.
Rodríguez, además denunció que “la empresa aplica terrorismo judicial”, ya que según explicó, 12 de los trabajadores, todos miembros del sindicato, fueron citados al Core 2 y se les abrió un procedimiento ante la Fiscalía Sexta de Carabobo en noviembre de 2016, por exigir el cumplimiento de la convención colectiva.
“Exigimos al presidente de la República, Nicolás Maduro y demás autoridades que hagan cumplir con lo que ellos (directiva de la empresa) firmaron y que ahora no quieren reconocer, son 27 meses discutiendo este contrato”, comentó el secretario de actas, con documentos en mano que evidencian la lucha de la clase trabajadora por sus reivindicaciones. En este sentido, comentó que llevan 11 meses yendo a Caracas en busca de apoyo y una solución definitiva al conflicto laboral, por lo que sentenció que si la gerencia no puede cumplir con lo acordado que la planta sea tomada por el Estado venezolano.
Según el artículo 505 de la LOTTT, cuando el patrón obstaculiza la negociación de la legislación laboral, está en fraude procesal y boicot contra la población y el gobierno, ya que se trata de una empresa del sector alimentos y “quieren hacer ver que somos los trabajadores los que estamos saboteando la producción”.
Sobre el conflicto laboral, el asesor legal apuntó que se exigió para los trabajadores del transporte para el turno normal, dos horas semanales de salario sin prestación de servicio, para compensar los gastos de transporte y adicional un ticket bono de beneficio de 25 mil bolívares mensuales, para cual la empresa no tiene una propuesta, resaltando que la empresa está incursa en fraude a la ley al no reconocer el acta que ya fue firmada.
Inoperativas plantas de granos y de arroz
Durante una concentración realizada en las puertas de la planta, los trabajadores denunciaron además, que la planta procesadora de granos está inoperativa y que la planta procesadora de arroz no está produciendo por una supuesta falta de materia prima.
Es importante tener en cuenta, que el gobierno venezolano ha decretado un Estado de Emergencia Económico para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población, debido a la paralización de varias empresas del sector como parte de un saboteo empresarial cuyo objetivo es fomentar la guerra económica contra el Estado.
Desde hace 27 meses 434 trabajadores se mantienen firmes en exigir a la empresa que les aumente el salario, y esta exigencia pareció haber dado fruto cuando el pasado viernes 26 de mayo de 2017, los representantes de la empresa firmaron con el Sindicato Solidario de Trabajadores de Alimentos y Granos La Lucha (Sistragral), en presencia de una comisión de funcionarios del Ministerio del Poder Popular el Trabajo, un acta en la cual se comprometen a cancelar 3,734,11 bolívares como salario diario y ahora la desconocen, por lo cual se niegan rotundamente a pagar lo acordado.
Así lo informó el secretario general de la empresa, Martín Rangel, quien recordó que la negociación de la convención colectiva es una obligación de conformidad con lo establecido en el artículo 436 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
“Las autoridades y la empresa deben respetar las actas firmadas y no es con amenazas a los trabajadores que corregirán un acta que tiene plena validez”, sentenció el asesor legal del sindicato, Alfredo Brito, quien acotó que “ha sido difícil un acuerdo honorable entre el sindicato y la empresa para concluir la convención colectiva. Hay resistencia de la empresa, para la dignificación salarial, deportiva y cultural”.
Por su parte, el secretario de acta y correspondencia, Peter Rodríguez, calificó de inaceptable que la empresa reciba dólares preferenciales del gobierno venezolano, que les fueron otorgados durante la Expo Venezuela, entre otras adjudicaciones y que ésta no cumpla con los trabajadores.
Rodríguez, además denunció que “la empresa aplica terrorismo judicial”, ya que según explicó, 12 de los trabajadores, todos miembros del sindicato, fueron citados al Core 2 y se les abrió un procedimiento ante la Fiscalía Sexta de Carabobo en noviembre de 2016, por exigir el cumplimiento de la convención colectiva.
“Exigimos al presidente de la República, Nicolás Maduro y demás autoridades que hagan cumplir con lo que ellos (directiva de la empresa) firmaron y que ahora no quieren reconocer, son 27 meses discutiendo este contrato”, comentó el secretario de actas, con documentos en mano que evidencian la lucha de la clase trabajadora por sus reivindicaciones. En este sentido, comentó que llevan 11 meses yendo a Caracas en busca de apoyo y una solución definitiva al conflicto laboral, por lo que sentenció que si la gerencia no puede cumplir con lo acordado que la planta sea tomada por el Estado venezolano.
Según el artículo 505 de la LOTTT, cuando el patrón obstaculiza la negociación de la legislación laboral, está en fraude procesal y boicot contra la población y el gobierno, ya que se trata de una empresa del sector alimentos y “quieren hacer ver que somos los trabajadores los que estamos saboteando la producción”.
Sobre el conflicto laboral, el asesor legal apuntó que se exigió para los trabajadores del transporte para el turno normal, dos horas semanales de salario sin prestación de servicio, para compensar los gastos de transporte y adicional un ticket bono de beneficio de 25 mil bolívares mensuales, para cual la empresa no tiene una propuesta, resaltando que la empresa está incursa en fraude a la ley al no reconocer el acta que ya fue firmada.
Inoperativas plantas de granos y de arroz
Durante una concentración realizada en las puertas de la planta, los trabajadores denunciaron además, que la planta procesadora de granos está inoperativa y que la planta procesadora de arroz no está produciendo por una supuesta falta de materia prima.
Es importante tener en cuenta, que el gobierno venezolano ha decretado un Estado de Emergencia Económico para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población, debido a la paralización de varias empresas del sector como parte de un saboteo empresarial cuyo objetivo es fomentar la guerra económica contra el Estado.
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