martes, 8 de agosto de 2017

TEMAS ABORDADOS


TEMAS: Ataque terrorista / ANC
Matrices: Alzamiento militar, Intervención extranjera, Cambio de gobierno.  
    BALANCE GENERAL    
En el marco del ataque terrorista promovido por sectores adversos al gobierno el pasado domingo 6 de agosto en el fuerte Paramacay, El Nacional, lo describe como una “intentona militar”, y no una acción terrorista, como lo maneja el Gobierno. En las líneas del editorial el medio, resalta el aparente debilitamiento en las filas castrenses y observa con profunda preocupación lo que sucede en los predios de la FANB y donde el gobierno pretende ocultar los acontecimientos.

Por su parte, Armando Durán, al preguntarse sobre lo sucedido en este fuerte militar, terminó respondiendo que el supuesto asalto no pasó de ser una humillante burla, que buscó confundir a los venezolanos para restarle importancia a lo sucedido. De igual forma y haciendo uso de la historia, el columnista Ángel Oropeza, aseguró que lo que hoy sucede con el gobierno de Maduro, sucedió en el 1957, con el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, esto con la firme intención de animar al pueblo a “no desfallecer, sino a mantener la lucha inteligente y sostenida para alcanzar la unidad del pueblo y poder cambiar de gobierno”.

Así mismo la esposa del Antonio Ledezma, Mitzy Capriles de Ledezma, ahondó, sobre lo acontecido el 30 de Julio, y como esto ha repercutido en el escenario Internacional, observándose que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le otorgue a nuestro país la peor calificación debido a graves y serias violencias y la reciente suspensión indefinida del Mercosur por la ruptura del orden constitucional en nuestro país”.

Finalmente Víctor Rodríguez Cedeño, puntualizó que los venezolanos desde hace tiempo hemos pedido el apoyo de la comunidad internacional, y es el momento de recibirla a través de las medidas que los países democráticos puedan adoptar para que la dictadura de Maduro ceda y se restablezca el orden jurídico. 
EXTRACTOS DE ARTÍCULOS OPINIÓN 

Editorial / La “explicación” de Paramacay / El Nacional
El suceso ocurrido en el Fuerte Paramacay ha sido descrito por la dictadura como una acción terrorista, llevada a cabo por elementos civiles. La manera de “explicar” el intento armado requiere reflexión, debido a que es objeto de una manipulación inocultable. La versión oficial es más lo que tapa que lo que descubre.
Ocurrió, en efecto, una intentona violenta en el seno de una de las instalaciones militares más importantes del país. Eso no lo pudo negar el régimen, pero se apresuró a calificarlo en atención a sus intereses. Esa es la parte que preocupa, aparte de la fragilidad que exhibe en el seno de las fuerzas armadas.
La divulgada fortaleza de los apoyos armados del régimen se convirtió en publicidad pura y simple, en un techo lleno de goteras que el oficialismo quería tapar desde cuando comenzó a sentir que lo mojaban unas aguas incómodas y perjudiciales. Ahora a nadie se le pueden ocultar las troneras de una platabanda que parecía blindada, pero que de pronto parece hecha de cartón piedra.
No se trata de contentarse con la intentona, sino solo de verla como fue y, en especial, de captar las señales que nos manda, a la dictadura y a nosotros. Demuestra la existencia de un malestar cada vez más evidente en la casa de los uniformados y una posibilidad de conflicto que parecía lejana.
En El Nacional no nos regocijamos por un evento cuyas consecuencias pueden ser terribles, pero tenemos la obligación de llamar la atención sobre el crecimiento de una crisis que, por su carácter general o panorámico, también ha encontrado asiento en la sede de los cuarteles. Pero la dictadura se empeña en ocultarla, trasmitiendo una “explicación” alejada de lo que sucedió de veras.
Porque, en efecto, no fue un episodio de naturaleza terrorista, como afirmó Maduro, a menos que califiquemos de igual manera la intentona del 4 de febrero dirigida por el comandante Chávez. Porque no fue un hecho llevado a cabo por civiles, como también dijo, a menos que sea tan floja y tan tonta la vigilancia de las instalaciones militares como para que la viole a gusto un grupo de personas sin disciplina castrense y sin familiaridad con su objetivo, a quienes solo mueven las malas intenciones y los deseos de llevar a cabo una aventura. Porque, en relación con la supuesta conexión con individuos y con dineros del exterior, ahora solo tenemos el endeble soporte de las palabras de quien las pronunció, es decir, de un vocero a quien difícilmente se le puede creer lo que comunica a mansalva habitualmente.
Si es grave lo que ocurrió en el Fuerte Paramacay, por los descuidos que revela en relación con sus vigilantes y la pretendida cohesión de los militares alrededor del régimen, se hace más grave y complicado por la manera de explicarlo ante la ciudadanía.
No aplaudimos el asalto del fuerte, desde luego, lo observamos con profunda preocupación; pero tampoco caemos en el anzuelo de la narración que hizo Maduro para convencernos de que todo está bien en los predios de la llamada FANB. Se ha sumado un ingrediente volátil a la situación que hoy padece Venezuela, pese a que la dictadura lo quiera tapar con un dedo.

Armando Durán / Un enigma llamado Fuerte Paramacay / El Nacional
¿Qué ocurrió realmente el domingo en el Fuerte Paramacay de Valencia? ¿Acción insurreccional, falso-positivo o falso falso-positivo?
Temprano en la mañana un video de dos minutos disparó todos los resortes de la imaginación venezolana. Según el jefe de una veintena de insurrectos armados con potentes fusiles de asalto, que se identificó como el capitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano, prófugo del régimen desde 2014, en el escenario de ese campamento militar, asiento de la 41 Brigada Blindada, la de mayor poder de fuego de Venezuela, acababa de ingresar a la escena política nacional un movimiento cívico militar cuyo objetivo era devolverle su vigencia a la Constitución Nacional de acuerdo con las exigencias de sus artículos 330 y 350.
El desconcierto y los rumores se adueñaron del ánimo de los venezolanos. Sobre todo, porque muy poco después se supo que numerosos ciudadanos se enfrentaban en las calles de Valencia a funcionarios de la Guardia Nacional tratando de llegar al Fuerte Paramacay y sumarse al llamado de Caguaripano. Mucha mayor incertidumbre surgió minutos más tarde, cuando en nombre del gobierno, Diosdado Cabello, no el general Vladimir Padrino, que es a quien en su condición de ministro de la Defensa le correspondía hacerlo, informó que esa madrugada se había llevado a cabo un asalto “terrorista” al Fuerte Paramacay, pero que la acción había sido repelida exitosamente y la situación ya estaba bajo control. Al final de la mañana esta confusión se hizo insoportable, pues al inexplicable silencio oficial se añadió la hipótesis de que aquel enredo era en realidad un falso-positivo, suerte de trampa cazabobos armada por el G2 cubano para provocar a supuestos conspiradores a precipitar su eventual participación en futuras acciones subversivas.
Al final de la tarde, sin embargo, la opinión pública pudo terminar de atar los múltiples cabos sueltos de la historia y montar una versión bastante verosímil del rompecabezas gracias a informaciones periodísticas y a la versión que en horas de la tarde dio el propio Maduro. El grupo asaltante, compuesto por apenas 20 hombres, entró al fuerte poco antes de la 4:00 de la mañana y, con la solitaria ayuda de un teniente destacado allí, se apoderó de 93 fusiles rusos AK 103, lanzagranadas y municiones. Casi 4 horas después, mientras Caguaripano y 9 hombres se retiraban del fuerte cargando con este importante arsenal sin ser molestados, los otros 10 hombres del grupo se atrincheraron en el sitio para cubrir la retirada de sus compañeros. Y allí permanecieron hasta pasadas las 8:00 de la mañana, cuando un grupo de efectivos leales al gobierno por fin entró en acción. En un rápido intercambio de disparos murieron 2 miembros de esta retaguardia, otro resultó herido y los 7 restantes fueron hechos prisioneros.
En otras palabras, a pesar de que Maduro se jactó esa tarde del domingo de haber vencido con las balas a quienes una semana antes había vencido con votos, comparación disparatada porque el 30 de julio no hubo elección alguna sino burdo fraude electoral en el que además ni siquiera participó la oposición, lo que sí puede afirmarse es que un reducido grupo de hombres, en su mayoría civiles, sin necesidad de disparar un solo tiro, bastó para entrar al Fuerte Paramacay, apoderarse de toneladas de armas y municiones, trasladarlas a vehículos capaces de transportarlas y desaparecer en las brumas de la mañana sin ningún contratiempo.
No hubo, pues, victoria militar del régimen en lo que solo fue un patético episodio militar del régimen y, en definitiva, el supuesto asalto no pasó de ser una humillante burla. De ahí quizá la necesidad de confundir a propios y extraños, primero con el supuesto falso-positivo y después tratando de disimular la gravedad de lo ocurrido con la simulación de la simulación, un enrevesado falso falso-positivo desalentador. Quizá esa también sea la razón de que el diario Granma, que cada día le dedica espacio a glorificar las maravillas del régimen que preside Maduro, ayer no le dedicara ni una línea a lo que la retórica oficial venezolana trata infructuosamente de convertir en una gran victoria militar. Como quiera que sea, la cubana es una revolución seria que con este prudente silencio trata de desvincularse por completo de la bochornosa chapuza madurista.

Ángel Oropeza / De regreso a 1957 /  El Nacional
Decía Tocqueville que la historia es una galería de cuadros en la que hay pocos originales y muchas copias. Por esto, en días en que para algunos el desánimo y la desesperanza amenaza con castrar su voluntad de lucha, es necesario recordar la historia, para aprender de las copias antecedentes de tragedias que, sin esas enseñanzas y comparaciones, hoy parecieran irremediables y definitivas.
En 1957, la penúltima dictadura que sufrió Venezuela tuvo que inventar un artificio para huir de la voluntad del pueblo. Contrario a la Constitución vigente de 1953, que estipulaba elecciones directas, secretas y universales para escoger al presidente de la República y otros cargos locales para ese año, el régimen –ante el peligro cierto de perderlas– inventó un recurso desesperado e inconstitucional para perpetuarse en el poderGracias a su control sobre el Consejo Supremo Electoral, ordenó a este la convocatoria a un plebiscito para que la gente “decidiera” si quería que el dictador continuara o no en el poder. Por supuesto, como toda dictadura, trató de convencer a los incautos de que esa inconstitucional modalidad electoral era realmente una forma superior de consulta democrática, porque se adaptaba a nuevas realidades políticas que no estaban presentes al inicio de su mandato.
El plebiscito se efectuó el 15 de diciembre de 1957. Según el régimen, 87% de los venezolanos habría dicho “Sí” a la continuación de la dictadura, cifra que por supuesto nadie creyó. Los resultados fueron desconocidos por la Junta Patriótica. A pesar de ello, el dictador fue juramentado el 20 de diciembre. Para muchos, el régimen había triunfado y se había salido con la suya. Hubo desánimo y desesperanza en algunos que pensaron, erróneamente, que estaban frente a la consolidación de la dictadura. Sin embargo, las protestas estudiantiles y laborales que habían comenzado el 4 de noviembre cuando fue anunciado el plebiscito, continuaron, y la labor de la dirigencia política no se detuvo. Para perpetuarse en el poder, el régimen había cavado su propia tumba. La presión social y política fue tan intensa y sostenida, que apenas un mes más tarde el todopoderoso Pérez Jiménez huía del país y se derrumbaba la dictadura.
Lea ahora de nuevo los dos párrafos anteriores. Solo cambie 15 de diciembre de 1957 por 30 de julio de 2017, borre 20 de diciembre y escriba 4 de agosto, reemplace Junta Patriótica por Unidad Democrática, quite Pérez Jiménez y ponga Maduro, y finalmente cambie plebiscito y ponga constituyente. Las similitudes no son coincidencias. Las dictaduras se parecen y cuando se trata de aferrarse al poder, terminan cometiendo los mismos errores.
El madurocabellismo se acaba de jugar su última carta. Y para ello tuvo que pagar un precio muy alto: repudio popular, aislamiento internacional y fractura de su base de apoyo fáctico. La lucha democrática logró su objetivo y la constituyente fraudulenta nació muerta. Para el gobierno, ese cadáver es su última esperanza. Cree ganar en tiempo lo que pierde en gobernabilidad. Lo que está haciendo es solo prolongar su agonía.
El cambio es indetenible y el régimen lo sabe. Una evidencia es la decisión de prolongar hasta 2 años el funcionamiento de la falsa asamblea constituyente, como una manera de intentar proteger al régimen y a sus personeros ante la eventualidad probable de un cambio político. Esta ilusión de que la falsa ANC funcione como garantía de supervivencia del régimen es la mejor demostración de la debilidad intrínseca de una dictadura que se cae a pedazos.
Al igual que en 1957, la clave ahora está en no desfallecer, en continuar la lucha inteligente y sostenida, en reforzar más que nunca la unidad de pueblo y dirigencia política. Que no haya ni vuelta a la normalidad ni acostumbramiento. Lancemos el miedo a la espalda, apartemos a los cómplices generadores de frustración y desánimo que no nos dejan ver el horizonte luminoso que se esconde detrás de sus tristes figuras, y levantemos la mirada. Esta historia es nuestra.

Mitzy Capriles de Ledezma / Rechazo internacional / El Nacional
Ciertamente no tenía por qué sorprender lo ocurrido el pasado domingo 30 de julio, cuando se realizó el mamotreto de elección de la asamblea constituyente. Un auténtico fraude. Es harto conocido que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía que ese domingo reincidió en seguir golpeando, destruyendo nuestro Estado de Derecho, apoyados en siete magistrados de naturaleza ilegal y en una fracción de la Fuerza Armada Nacional.
El fraude de la constituyente fue confirmado no solo por la ausencia de electores en las mesas de votación –en clara demostración de que el pueblo no se hizo cómplice de esa violación constitucional– sino por la contundente denuncia de Smartmatic, empresa encargada del sistema de voto electrónico empleado en ese proceso electoral impuesto por Nicolás Maduro, que afirmó  que "hubo manipulación de los resultados”. Ante los ojos del mundo quedó evidenciada la ilegalidad de ese parapeto, que solo sirve para los intereses del régimen en sus pretensiones de perpetuarse en el poder con un sistema similar al cubano y  que  ha sido rechazado por  la comunidad internacional.
A todas estas importantes manifestaciones de rechazo se unió  la del papa Francisco  a través de la Secretaría de Estado del Vaticano, donde Su Santidad expresa preocupación por la situación que vive Venezuela e instó al gobierno de Nicolás Maduro a suspender la constituyente por fomentar "un clima de tensión" e "hipotecar el futuro". Pidió, asimismo, que se suspenda señalando que dicha constituyente, "más que favorecer a la reconciliación y la paz, fomenta un clima de tensión y enfrentamiento". La Santa Sede pidió al gobierno que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también la vigente Constitución. Puso de relieve el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad.
Esa espuria asamblea se instaló y comenzó por darle los primeros zarpazos a la Constitución Nacional. Aquí hemos perdido nuestra capacidad de asombro y fue por ello que no acusamos sorpresa cuando destituyeron a la fiscal Luisa Ortega Díaz, y designaron como nuevo fiscal a Tarek William Saab, el llamado “defensor del pueblo” que olímpicamente  se ha desentendido de las numerosas denuncias introducidas ante su despacho por la comisión de atropellos y delitos  en las recientes manifestaciones. Ahora, de manera absurda, este personaje se convierte paradójicamente en acusador y defensor al mismo tiempo.
Entre otra de las numerosas características negativas de este régimen se encuentra la permanente y sistemática violación de los más elementales derechos humanos.  Por este motivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha otorgado su peor calificación a Venezuela por graves y serias violaciones. También ha sido objeto de condena por numerosos organismos internacionales, entre las que destaca la reciente suspensión indefinida del Mercosur por la ruptura del orden constitucional en nuestro país.

Víctor Rodríguez Cedeño / Legalidad, efectividad y conveniencia de sanciones internacionales / El Nacional
Ante el brutal asalto del régimen de Maduro a la Asamblea Nacional y las ilegítimas primeras actuaciones de la fraudulenta asamblea constituyente, expresión de la ruptura absoluta del orden democrático en el país, la comunidad internacional avanza en la adopción de “sanciones” a Venezuela, lo que ha generado en el país y fuera opiniones diversas, algunas tendenciosas y sin fundamento, especialmente, por supuesto, las provenientes de voceros de la dictadura y de sus cada vez menos aliados en el exterior, que condenan tales actos unilaterales que describen en su afán de confundir, como un atentado a la soberanía nacional y una injerencia en nuestros asuntos internos.
La cuestión que se plantea es si las acciones unilaterales anunciadas son legales y efectivas de conformidad con el Derecho Internacional y, por otra parte, si son o no convenientes desde el punto de vista político.
En primer lugar, como dijéramos antes, estas medidas unilaterales deben distinguirse de otras que los Estados pudieren adoptar en contradicción con el orden jurídico internacional. No podemos comparar estas acciones legales con el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba basado en una ley interna (Ley Helms-Burton de 1996) que pretendía imponer obligaciones a la comunidad internacional, lo que es inaceptable por el Derecho Internacional. Tampoco podemos asimilarlas a “bloqueos” similares a los impuestos a Venezuela a comienzos del siglo XIX que dieron lugar a doctrinas importantes en Derecho Internacional (Doctrina Drago) ni a medidas de “retorsión” ni “represalias” aplicadas en otros contextos.
Estaríamos ante medidas unilaterales que un Estado o varios Estados en forma colectiva o un órgano internacional pueden adoptar para exigir a un Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales que pueden emanar de un tratado bilateral o multilateral o de cualquier otra fuente de Derecho Internacional; incluso, de normas imperativas o del jus cogens cuya importancia y reconocimiento refleja la evolución del Derecho Internacional.
Los Estados en forma individual, como Estados Unidos lo ha anunciado; o en forma colectiva, como lo podría hacer un grupo de Estados de la región que se reúne en estos días en Lima, pueden adoptar medidas de esta naturaleza, siempre que no contradigan el Derecho Internacional. Además, las organizaciones internacionales pueden adoptar acciones unilaterales en contra de un Estado, siempre que se expresen con base en las reglas internas que le autorizan a ello, como sería el caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la Unión Europea o sus órganos; la OEA, en virtud de su Carta Constitutiva y de la Carta Democrática Interamericana o Mercosur, en ejercicio de sus normas constitutivas y el Protocolo de Ushuaia, en las que basaron la suspensión de Venezuela como Estado miembro.
La segunda cuestión que se plantea es si ellas son o no efectivas, es decir, si se logra con ello lo que se persigue: que el Estado que ha violado sus obligaciones internacionales rectifique y cese dicha violación y asegure que no se repetirá. La efectividad dependerá de la voluntad y la buena fe del Estado transgresor de aceptar las legítimas exigencias de la comunidad internacional y de rectificar su conducta, lo que desde luego es posible cuando el Estado de que se trata no es un Estado forajido, es decir, que respeta el orden jurídico internacional, lo que no sería el caso de Venezuela cuyo régimen insiste en ignorar sus compromisos internacionales, especialmente las obligaciones derivadas de normas fundamentales de Derecho Internacional, como las relativas a los derechos humanos.
La tercera cuestión que se plantea es si es o no conveniente que algún Estado o grupo de Estados o una organización internacional adopte contramedidas en contra de Venezuela por violar sus obligaciones internacionales. Algunos sostienen que la adopción de “sanciones” sería contraproducente y que lejos de debilitar al régimen lo “victimizaría” por ser objeto de “ataques imperiales” en contra de su soberanía, lo que le obligaría a radicalizarse aún más. Además, se argumenta que tales medidas agravarían la situación de los venezolanos que ya sufren las miserias del socialismo del siglo XXI.
Tal como he dicho antes, no estamos ante un “embargo” y menos ante un “bloqueo”, sino ante medidas absolutamente ajustadas al Derecho Internacional que buscan una rectificación de Venezuela, lo que no promovería, de ninguna manera, el apoyo de algunos países y grupos al Estado forajido. La dictadura cubana logró en su oportunidad un apoyo internacional muy amplio, la Venezuela democrática incluida, dado el alcance y su inconformidad con el Derecho Internacional de la Ley Helms Burton.
No puedo coincidir con quienes consideran que las sanciones que se asoman en contra de la dictadura de Maduro y de sus personeros van a favorecerlos. No habrá ninguna cohesión internacional alrededor de un apoyo injustificado. Tampoco podríamos pensar que la gravísima situación que atraviesan los venezolanos, asimilable a una crisis humanitaria en el sentido estricto de la expresión, podría ser aún peor.
Los venezolanos hemos pedido desde hace años el apoyo de la comunidad internacional para salir de esta enorme crisis que ha destruido no solo las instituciones, sino a la sociedad venezolana. Es el momento de recibirlo, a través de las medidas que los países democráticos puedan adoptar para que la dictadura de Maduro ceda y se restablezca el orden jurídico interno y se respeten las obligaciones internacionales, especialmente las relativas a los derechos humanos.
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