Una paradoja: la xenofobia contra la población migrante venezolana que ha venido creciendo en Colombia sustentada por las corporaciones mediáticas de ese país y el propio gobierno, se contradice con el beneficio económico que Colombia está obteniendo de esa migración.
Al gran negocio de la llamada "ayuda humanitaria" para atender la migración venezolana del que el Estado colombiano ya ha comenzado a lucrarse, se suma el aprovechamiento económico directo de la mano de obra que está llegando desde Venezuela a incorporarse a las filas de la explotación formal, informal e ilegal de la economía neoliberal colombiana y, por supuesto, de la paraeconomía.
Todo país capitalista receptor de migraciones se beneficia de la explotación de esa comunidad, así lo dejan claro distintos estudios sobre el impacto económico de la migración en grandes países receptores como Estados Unidos. Venezuela misma pudo comprobarlo cuando, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la intensificación del conflicto social armado en Colombia y las dictaduras del cono sur, se convirtió en uno de los principales receptores de migrantes de la región y obtuvo de esos países una importante mano de obra que dinamizó la economía y hasta la cultura.
Según un reciente informe sobre la migración venezolana a Colombia, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, aproximadamente el 75% de la población venezolana que actualmente reside en Colombia se encuentra en lo que se clasifica como edad económicamente activa, lo que según sus cifras sería alrededor de 770 mil personas.
Sin embargo, en un informe basado en el anterior más otros complementarios, desarrollado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de Colombia, se establece que el 76.31% del total de la población migrante venezolana trabaja actualmente. Del mismo modo, según estimaciones del Banco Mundial, 300 mil colombianos y colombianas han retornado a su país desde Venezuela en 2018 y también el 75% de esa población se encuentra entre los 18 y 60 años.
En cuanto a la migración venezolana, el informe señala que el 19.79% es profesional, lo que incluye personas con estudios de cuarto nivel. Pero también habla de una precarización de las condiciones laborales de la población de origen venezolano al decir que el 31.99% tiene empleos informales (sin contrato laboral), el 29.5% son trabajadores independientes y sólo el 1.09% tiene un empleo formal. Asumiendo que la totalidad de esas personas con empleo formal tuvieran formación universitaria, más del 18% de esa migración profesional venezolana que se ha mudado a Colombia se reparte entre quienes no tienen contratación laboral que les proteja y quienes sacaron del país capital suficiente como para convertirse en trabajadores y trabajadoras independientes.
Un ejemplo de cómo el propio Estado colombiano promueve la precarización del empleo entre la migración venezolana es que, según informa el mismo CONPES, en el 2015 la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (UASPE) ofreció a esta población 200 empleos temporales con una duración de cuatro meses para realizar labores relacionadas con la recolección de café en diez municipios o veredas de Norte de Santander. Esto califica de trabajo esclavista debido a las condiciones de empleo en que se encontraban los migrantes venezolanos.
Por otra parte, un observatorio creado por una de las más grandes empresas de comunicación colombiana se refiere directamente a las oportunidades económicas que está ofreciendo este movimiento migratorio y arroja otros datos interesantes. Por ejemplo, apunta que tomando en cuenta que el 83% de esa migración ha completado al menos la educación secundaria, y que, como se señaló anteriormente, el 75% se encuentra en edad económicamente activa, esta población es más joven y posee mejor nivel educativo que la clase trabajadora colombiana en general.
Para aprovechar mejor esta mano de obra, propone la reubicación de las personas inmigrantes para, según dice, "reducir la presión sobre las regiones fronterizas, y maximizar el potencial económico de estos trabajadores", trasladándolos a regiones con más altas tasas de desempleo y lo que llama "un buen clima de negocios". Tratándose del país vecino, esto se traduce en zonas donde las grandes transnacionales minero-energéticas, las hidroeléctricas y el agronegocio se están consolidando en contra de la resistencia popular, es decir, en zonas de guerra.
En ese mismo sentido, el gerente del Plan Fronteras, Felipe Muñoz, declaró que necesitan "integrar muy rápidamente a este volumen de inmigrantes al proceso productivo", incitando a acelerar los pasos que está dando el gobierno de Iván Duque para insertar a la población migrante venezolana en el sistema neoliberal de explotación colombiano.
De esta forma, y de manera planificada, la población migrante venezolana empieza a experimentar los altísimos niveles de explotación, desigualdad y vulneración de los derechos laborales que caracterizan a Colombia, y que Venezuela no ha conocido, ni siquiera en las décadas anteriores a la Revolución Bolivariana.
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