El vicepresidente del Concejo Municipal de Naguanagua, Thomas Dangel, expresó este viernes 25 de abril que la sentencia emitida por el Tribual Supremo de Justicia (TSJ) ante las protestas, se modifica de “notificación” a “permiso” y por lo tanto el TSJ se convierte en un brazo ejecutor del gobierno nacional.
También, la calificó como un manifiesto donde aflora el miedo del gobierno con tendencia comunista, cuando sobre pasa la Constitución interviniendo en la libertad de expresión y el legítimo derecho de protestar pacíficamente.
Explicó que la sentencia refiere cómo un deber el solicitar el permiso ante las alcaldías o las gobernaciones, donde estas tienen la potestad de cambiar el rumbo y la hora de la protesta. “Ante esta sentencia le decimos al gobierno que nosotros vamos a seguir en las calles, porque desconocemos cualquier dictamen que se impone por encima de nuestra Constitución”, remarcó.
La sentencia también refiere que se debe solicitar el permiso con 24 horas de anticipación lo que anularía cualquier protesta espontanea que se pretenda realizar, porque no contarían con los permisos correspondientes.
Ante ello acentúo que “esta sentencia va en contra de todo aquel difiere del gobierno, porque le teme a la fuerza joven que de manera pacífica permanece en las calles. El gobierno no quiere que en las calles se diga lo que está pasando en Venezuela, pero nosotros no nos vamos a doblegar. La protesta pacífica se mantendrá porque esta es una lucha pacífica, sin capuchas ni vadalismos, sino por una mejor Venezuela”.
Policías municipales disolverán protestas
“El TSJ también decreta que las policías municipales deben atacar aquella persona que no cuente con el permiso, por lo que estas deberían disolver las manifestaciones pacíficas, pero la policía no cuenta con el quipo antimotin, porque solo hacen uso de de armamentos letales y esto podría acarrear consecuencias lamentables”, subrayó.
Refirió que el gobierno nacional abre el espacio de diálogo y por otra parte profundiza r la división, para continuar con la agenda de persecución política cuando expresan que los alcaldes deben hacer uso de los policías para perseguir, doblegar y encarcelar a aquellos que no cumplan con el permiso.
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