Puerto Rico, 3 de julio de 2015.- Con una deuda de 72 mil millones de dólares sobre tres millones y medio de habitantes, la nación puertorriqueña atraviesa una crisis económica sin posibilidades de implementar soluciones que le permitan reestructurar su pasivo.
Para buscar la forma de reestructurar su deuda, el país debería declararse formalmente en bancarrota, lo que le otorgaría protección legal frente a los acreedores, pero esto no es posible puesto que, como dependen de Estados Unidos (EEUU), necesitan un instrumento legal del Congreso que lo avale.
En su condición de "estado libre asociado" de EEUU, Puerto Rico carece de una moneda y un Banco Central propios, lo que lo incapacita para tomar decisiones trascendentes en el área económica.
En un comunicado oficial, el gobernador de la colonia reveló que un análisis económico hecho por especialistas arrojó que el pueblo de la isla caribeña se "enfrenta a una dura realidad", ya que  "la deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable. Pero además, el tamaño de esa deuda impide salir del ciclo de recesión y contracción", citado por el diario puertorriqueño El Nuevo Día.
Ante tal situación el gobernador llamó a los boricuas, empresarios y acreedores a asumir su parte de "responsabilidad", y agregó: "Escuchen esto bien claro: no se trata de política. Se trata de matemáticas".
Sin embargo, la agenda propuesta por el Gobernador y su equipo de tecnócratas contempla una serie de medidas que atentan contra los derechos del pueblo, como lo son los recortes sociales, privatizaciones y otros "sacrificios compartidos". JGP