Bangladesh ejecutó a dos influyentes líderes de la oposición bajo cargos de crímenes de guerra durante el conflicto por la independencia del país en 1971, a pesar de las preocupaciones de que los procedimientos legales contra ellos tenían fallas y de que sus partidarios amenazaron con desatar violencia.
Salahuddin Quader Chowdhury, líder del Partido Nacionalista de Bangladesh, y Alí Ahsan Mohamad Mujahid, secretario general del principal partido islamista Jamaat-e-Islami, "fueron ahorcados juntos, al mismo tiempo" a las 12:55 de la madrugada en la Cárcel Central de Daca, la capital de la nación, dijo el director carcelario Mohammad Jahangir Kabir a The Associated Press.
La seguridad fue reforzada cerca de la cárcel y en otros sitios a fin de evitar cualquier acto de violencia. Unas horas después de la ejecución, un equipo de seguridad escoltó a las ambulancias que transportaban los cadáveres de los hombres a sus viviendas, donde sus familias realizarían los rituales funerarios.
El partido Jamaat-e-Islami, cuyos otros dos altos líderes ya han sido ejecutados por cargos de crímenes de guerra, emitió un comunicado en el que convocó a una huelga general en todo el país el lunes.
Chowdhury, de 66 años, fue declarado culpable de los cargos de tortura, violación y genocidio durante la guerra de independencia que el país libró contra Pakistán, mientras que Mujahid, de 67 años, fue condenado por los cargos de genocidio, asociación delictuosa para matar a intelectuales, tortura y secuestro.
La Corte Suprema de Bangladesh mantuvo el miércoles sus sentencias de muerte, y el sábado el presidente Mohamad Abdul Hamid rechazó la apelación de clemencia, lo que despejó el camino para las ejecuciones. Las familias de Chowdhury y Mujahid se reunieron con ellos por última vez dentro de la Cárcel Central de Daca el sábado por la noche, dijeron las autoridades.
Jamaat-e-Islami y el Partido Nacionalista de Bangladesh dijeron que los juicios tuvieron móviles políticos.
La primera ministra jeque Hasina ha rechazado dichas afirmaciones. Ha reconocido que enfrentó presión internacional por juzgar a personajes de la oposición por delitos de guerra, pero se comprometió a seguir adelante con los juicios "para asegurar que se haga justicia para las familias de las personas asesinadas" en el conflicto de 1971.
La primera ministra jeque Hasina ha rechazado dichas afirmaciones. Ha reconocido que enfrentó presión internacional por juzgar a personajes de la oposición por delitos de guerra, pero se comprometió a seguir adelante con los juicios "para asegurar que se haga justicia para las familias de las personas asesinadas" en el conflicto de 1971.
Legisladores estadounidenses y grupos defensores de los derechos humanos dijeron que hubo fallas en el procedimiento que el tribunal siguió.
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