VALENCIA/17/9/2015
Basado en el Artículo 337 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el pasado 26 de agosto, el presidente de la República
Nicolás Maduro, procedió a intervenir los municipios Ureña, Bolívar, Junín,
Libertador e Independencia del estado Táchira.
El detonante para la activación de esta intervención fue el
brutal ataque con armas de guerra por parte de un grupo paramilitar a un
componente de tres oficiales de la Guardia Nacional y a un civil que realizaban
tareas de interés nacional contra las mafias de “bachaqueros”, instaladas en los municipios fronterizos de
Venezuela y Colombia.
ARTÍCULO Nº 337.
“El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de
Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se clasifican expresamente como tales las circunstancias de orden
social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad
de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo
respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para
hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente
las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los
derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al
debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos
intangibles”.
Como es sabido a nivel nacional e internacionalmente la
patriota y nacionalista posición asumida por el Presidente Maduro y las
autoridades civiles y militares, ha sido atacada desde muchos ángulos por la
oligarquía criolla, la colombiana y
especialmente por el sector “paraco-uribista” del hermano país, incluyendo los
medios de comunicación que no han parado en los ataques mediáticos por prensa,
radio, televisión y las redes sociales, que distorsionan la realidad de los
acontecimientos acaecidos en la INVASIÓN (comunidad ubicada en territorio
venezolano donde casi el cien por ciento de sus habitantes eran colombianos
ilegales que fueron deportados a Cúcuta).
El desangramiento económico de la nación por parte de gente
inescrupulosa y funcionarios del gobierno colombiano, que se benefician del
contrabando de la gasolina (un millón de litros diarios), de la extracción de
los alimentos criollos subsidiados por el Estado Venezolanos para beneficio del
pueblo, el secuestro y el pago de vacuna a paramilitares colombianos y como si
fuera poco la destrucción mediante trácalas del valor de la moneda nacional por
parte de casas de cambio cucuteñas autorizadas por el gobierno granadino para
la devaluación del “Bolívar”, de una forma antiética sin parangón.
Hasta la fecha el decreto de Estado de Excepción, ha sido
extendido a los estados Zulia y Apure abarcando un total de 22 municipios,
entre los 3 estados fronterizos, el decreto tendrá una duración de sesenta días
que podría ser prorrogado por noventa días más, la situación en la frontera
está volviendo a la normalidad, el lunes 22 de setiembre el presidente Santos
de Colombia y Maduro de Venezuela, se reunieron, y programaron una nueva
reunión, probablemente para enero del 2016, debido a que el presidente Santos
tiene muchos asuntos pendientes que resolver, ambos mandatarios están obligados
a limar asperezas por el bien de los pueblos de la Gran Colombia, el sueño del
Padre de la Patria Simón Bolívar.
TEXTO: VÍCTOR
MUÑOZ /ci 7089231 / Correo:
victorjm1963@hotmail.com
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