Los activos venezolanos en Estados Unidos pueden peligrar debido al asedio jurídico que se hace contra la principal industria del país: PDVSA.
El frente jurídico, componente relevante en la hoja de ruta de asedio a Venezuela, ha generado un hecho sobresaliente este jueves 10 de agosto. Se trata de una medida emitida por un tribunal del distrito Wilmington, estado de Delaware, en suelo estadounidense, mediante la cual se autoriza la captura o eventual confiscación de activos pertenecientes a la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), la empresa especializada en el suministro de combustibles livianos Citgo Petróleum Coporation.
El juez Leonard P. Park emitió este fallo favorable a la empresa minera transnacional de origen canadiense Crystallex International Corporation, la cual demanda a la República Bolivariana por el pago de 1 mil 400 millones de dólares como compensación por el pago de proyectos cancelados al conglomerado canadiense por parte del gobierno de Venezuela. Crystallex, así, pretende tomar activos de Citgo como pago.
Esta controvertida diatriba tenía años en discusión en tribunales estadounidenses y había generado fallos que habían sido favorables a Venezuela. No obstante, en términos estrictamente legales, la disputa aún no se define. Según The Wall Street Journal, la sentencia completa, que podría incluir condiciones al embargo, todavía no está disponible, no ha sido publicada su redacción y además la decisión podrá ser recurrida o apelada ante tribunales superiores de nivel federal. Venezuela seguramente disputará este fallo.
Por ahora, el traslado al ámbito jurídico del conflicto por la captura de los recursos venezolanos y el cerco económico y financiero contra la nación caribeña, deja definiciones en el aire. Estas yacen sobre el conjunto de presiones simultáneas de diversos factores alineados al conglomerado económico estadounidense orientados a tomar los recursos venezolanos en el extranjero. "Muchos acreedores de Venezuela también están dándole vueltas a Citgo, pero Crystallex es el primero en ganar un juicio que autoriza su incautación", reseña The Wall Street Journal.
En mayo, un tribunal en Aruba falló a favor de Venezuela al levantar un embargo que favorecía a Conoco Phillips sobre los activos de PDVSA en esa isla.
Esta situación de conjunto guarda todas las características de una emboscada legal y financiera contra PDVSA desde diversas direcciones.
Sobre el caso Crystallex vs. Venezuela, a la sombra de este fallo, hay que reseñar que el 50,1% de los activos de la estatal venezolana Citgo están puestos como garantía favorable a los acreedores de deuda que adquirieron el Petrobono PDVSA 2020, el cual fue recientemente sujeto a excepciones mediante providencia del Departamento del Tesoro estadounidense, dentro de la trama de sanciones contra Venezuela, pero permitiendo que estos bonos y los activos de Citgo estén sujetos a negociación.
Esto último supone varios escenarios. No sería descartable que la empresa minera canadiense tenga la intención de presionar a Venezuela para lograr un arreglo, en el ámbito de las concesiones mineras. Por otro lado, este fallo "podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores de impagos de Venezuela" sobre bienes venezolanos en el extranjero, señala The Wall Street Journal.
También es cierto que este fallo, aunque favorece los intereses de Crystallex, compromete también la posición de los acreedores del PDVSA 2020, otro conjunto de intereses en suelo estadounidense, y además de ellos, la empresa rusa Rosneft, la cual posee una importante cuota de ese colateral. Crystallex tendría que esperar la decisión del Departamento del Tesoro estadounidense para vender las acciones de Citgo.
Otro elemento a subrayar es el alcance que ha tenido la disputa de Crystallex contra Venezuela por la cancelación de negocios alrededor de la mina Las Cristinas en el año 2008, un importante reservorio de oro en suelo venezolano. El conflicto legal de origen alrededor del fallo en Delaware, la mina Las Cristinas, junto a la disputa (hoy arreglada) del Estado venezolano vs. la también canadiense Gold Reserve, son capítulos muy relevantes en la disputa de este nuevo conjunto de recursos venezolanos.
Es decir, el Arco Minero del Orinoco, proyecto estructurante del Estado venezolano, ya cuenta con una pugna legal desde varios frentes que se ha acompasado a las operaciones de cerco y asfixia contra el país, y ha trascendido al asedio de los activos tradicionales de Venezuela: los petroleros.
Venezuela anunció recientemente la certificación de la cuarta mina de oro más grande del mundo, con unas 1 mil 480 toneladas de oro, valoradas en unos casi 60 mil millones de euros. Según estimaciones iniciales, las riquezas del Arco Minero podrían totalizar más de 2 billones de dólares.
Es indispensable observar la situación con amplitud. Reducir este fallo en suelo estadounidense a una demanda y posible embargo por impago, implica mirar una sección incompleta del caso. Estas podrían ser nuevas modalidades de presión contra Venezuela, en las que se atacan activos venezolanos en el extranjero por vías jurídicas, bien sea para efectuar retaliaciones o también presiones favorables a intereses extranjeros en suelo venezolano. Es fundamental observar el factor geopolítico en este asunto.
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