El día de ayer en un comunicado de prensa, la empresa mexicana Libre Abordo anunció su bancarrota tras registrar pérdidas por 90 millones de dólares.
Junto con su socio Schlager Business Group, la empresa mexicana Libre Abordo había llegado a un acuerdo con el gobierno de Venezuela a finales de 2019 para intercambiar productos alimentarios y otros bienes básicos a cambio de petróleo venezolano, un método que ya ha sido utilizado por otros países bajo régimen de sanciones estadounidenses con el propósito de importar bienes básicos a cambio de materias primas.
En el comunicado, la empresa Libre Abordo afirma que fueron presionados por el gobierno de Estados Unidos para suspender el acuerdo con las autoridades venezolanas. Indican en el texto que las “diversas campañas de representación atribuidas a grupos empresariales y políticos con fuerte influencia, y hasta la presión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos” han provocado el cierre de sus operaciones.
“La presión política internacional ha llevado a Libre Abordo y Schlager a dejar de levantar cargas de crudo venezolano”, reza la misiva, aludiendo que el acuerdo ha sido interrumpido por estas presiones.
Hace semanas, la empresa mexicana le informó a la agencia Reuters que “las compañías navieras contratadas para realizar los movimientos del hidrocarburo de PDVSA son sujetos de sanción, primaria o secundaria, por parte del gobierno de Estados Unidos”.
En marzo de este año, Reuters reveló que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) estaba investigando a tres compañías mexicanas, Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo, tras sospechar que las sanciones estadounidenses contra el comercio de petróleo venezolano estarían siendo “vulneradas”.
Estas presiones subterráneas del FBI contra el acuerdo de intercambio de petrolero por alimentos y bienes básicos, fueron acompañadas por las vocerías oficiales de la Administración Trump, provocando en última instancia la bancarrota de la empresa y el cese forzado del trato.
El secretario de Estado Mike Pompeo y el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, afirmaron a finales de abril que “el Departamento de Estado y del Tesoro investigaron empresas por violar las sanciones impuestas a PDVSA”, como parte de “una campaña de Washington para extinguir las fuentes de ingresos del presidente venezolano Nicolás Maduro”, según indica el informe de Reuters.
En el contexto de la llegada a Venezuela de los tanqueros de gasolina y aditivos químicos con bandera iraní, hace tres días Elliott Abrams insistió nuevamente en el objetivo de sancionar a las empresas que integran la red de comercialización de PDVSA.
“Hemos alertado a la comunidad naviera de todo el mundo, a los propietarios de buques, capitanes de buques, aseguradoras de buques, y hemos alertado a los puertos en el camino entre Irán y Venezuela. No creo que encuentren propietarios de barcos, aseguradoras, capitanes y tripulaciones determinados a participar en estas transacciones en el futuro”, reconoció Abrams en una nueva confesión sobre cómo las políticas estadounidenses persiguen la asfixia y el desplazamiento de la economía venezolana.
Días antes, el director para la región latinoamericana del Consejo de Seguridad Nacional gringo, Mauricio Claver-Carone, amenazó con “sanciones devastadoras” a la petrolera española Repsol, a la italiana ENI y a la india Reliance, debido a sus acuerdos de exploración y compras petroleras con la estatal PDVSA.
Es evidente que el petróleo es el centro de gravedad de la campaña de “máxima presión” de EEUU contra Venezuela, pues representa la sangre de la economía venezolana al ser la única fuente de divisas con la que cuenta el país caribeño para sostenerse económicamente, en medio de una crisis sanitaria global derivada de la pandemia de Covid-19 y en el marco de una crisis histórica de precios en el mercado energético internacional.
Bajo este cálculo, las restricciones estadounidenses se han concentrado en obstaculizar la exportación de petróleo venezolano, la importación de productos derivados como la gasolina y el uso de los hidrocarburos como un medio de intercambio para importar bienes básicos, esto último motivado por el aislamiento de Venezuela del sistema financiero internacional, a raíz de las sanciones.
Según las informaciones dadas a Reuters en marzo, Libre Abordo se había comprometido a la entrega de 210 mil toneladas de maíz blanco, mil camiones cisterna de agua, entre otros productos básicos, a cambio de petróleo venezolano.
Este acuerdo que iba a permitir aliviar la escasez coyuntural de productos agrícolas y los problemas concretos en el suministro de agua en las zonas más afectadas, se ha roto producto de la campaña de asfixia del gobierno estadounidense.
Las presiones que desembocaron en la suspensión del acuerdo con Libre Abordo derrumban la tesis de que las sanciones no incluyen bienes primarios como alimentos y medicinas, en el marco de las supuestas “excepciones humanitarias” y licencias aprobadas para tal fin.
En el comunicado, la empresa mexicana afirma:
“La gran mayoría de estos despachos estuvieron siempre convencidos de que nuestras aportaciones de Ayuda Humanitaria de ninguna manera resultan sancionables bajo la Órdenes Ejecutivas 13850 y 13884, y que incluso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos avalaba nuestra labor a través de la denominada Licencia General 4C”.
Luego de la oficialización del embargo total a la economía venezolana con la Orden Ejecutiva 13884 del 5 de agosto de 2019, el Departamento del Tesoro emitió una guía que contempla las licencias para autorizar las operaciones comerciales y financieras relacionadas con bienes humanitarios, telecomunicaciones y organizaciones internacionales.
En junio de ese año, la subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EEUU, Sigal Mandelker, indicó que era
“…imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos que sufren como consecuencia de la crisis económica fabricada por Maduro”.
En una nueva guía publicada por el Departamento del Tesoro, la institución afirmaba:
“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro normalmente permite el comercio, la asistencia o la actividad legítima relacionada con la asistencia humanitaria según las leyes y regulaciones determinadas. Estados Unidos se compromete a involucrarse en la asistencia humanitaria que continua llegando a poblaciones de riesgo a través de canales legítimos y transparentes, a medida que los países de todo el mundo luchan contra enfermedad del coronavirus del 2019”, refiriéndose a países como Corea del Norte, Venezuela, Siria, entre otros.
Pero el caso de Libre Abordo demuestra que estas licencias y guías para autorizar operaciones financieras y comerciales, representa un mecanismo de control de daños ante la opinión pública y nada más. En realidad, las sanciones incluyen alimentos y otros bienes esenciales desde el primer día.
Estados Unidos ha transformado las sanciones contra Venezuela en una jurisdicción de brazo largo, extraterritorial e ilegal, intentando quebrar las relaciones comerciales establecidas por las autoridades venezolanas y empresas extranjeras con el fin de proveer a la población de bienes de primera necesidad, bajo la premisa de que sus leyes son aplicables a nivel mundial y que su campaña de cambio de régimen se basa en la destrucción de la sociedad venezolana.
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