La exhibición de armas de guerra en el paro y trancazo del jueves da cuenta de una nueva fase de la violencia de...
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Si aún hoy hay quienes se atreven a seguir llamando “manifestaciones” a las situaciones de cierre de vías, saqueos de edificaciones públicas, quema de vehículos y ataques a las fuerzas de seguridad habrá de ser por un inútil intento de esconder la violencia sistemática y ordenada de los grupos de choque que cumplen con la “agenda de calle” de la coalición opositora MUD.
El jueves, en el contexto del paro general de 24 horas, se hizo evidente el uso y la exhibición abierta de armas de fuego tipo fusil, dispositivos artesanales para disparar explosivos y un escalamiento general de las agresiones contra aquel que pretendiera circular. Incluso, los propios periodistas de medios comerciales que apoyan la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, se vieron atacados con botellas o cuando menos impedidos de circular por territorios controlados por la “Resistencia”.
Todo indica que, ante la inevitabilidad de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, las agrupaciones opositoras están dispuestas a evitarla por encima de cualquier límite o costo.
El costo en vidas que dejó el paro que culminó el viernes a las 6:00 AM fue de siete, la mayor cifra en un día desde el inicio del conflicto abierto hace más de 100 días. Asimismo al menos seis funcionarios policiales o militares fueron heridos con armas de fuego, en lo que podría ser una muestra de la precisión con que se viene actuando.
UNO
La interpretación del fenómeno puede apuntar en dos sentidos, probablemente complementarios.
Uno, que efectivamente se pretenda usar recursos y métodos de confrontación más poderosos y “profesionales” para imponer la postura opositora, especialmente en el corto plazo, con el fin de suspender la elección del 30J.
Eso podría significar que asumen el costo político, incluyendo el simbólico en lo local y global, para concretar ese objetivo de corto plazo. Luego verán cómo compensar los costos o desarrollar un programa de “control de daños” en lo mediático y propagandístico.
Adicionalmente, es posible que estén haciendo uso de una especie de activo o superávit simbólico que justifica y hasta reivindica el uso de la violencia como un mecanismo defensivo o indispensable para sacar a Maduro.
En ese sentido ha apuntado la sistemática negación del uso de la violencia por parte de los “manifestantes” en la medida que transfieren esa responsabilidad a la figura del “infiltrado” o los “colectivos”. Todo incidente que pudiera develar la sistemática violencia siempre consigue una explicación que involucra al Gobierno y hasta al propio jefe de Estado. Y complementariamente el discurso que le da un carácter inevitable y necesario a los daños personales, incluyendo las muertes a los participantes en las acciones. “Ninguna muerte es en vano” dijo hace varias semanas Lilian Tintori.
Es posible que, con esa percepción bien reforzada, la MUD promueva, o al menos permita por omisión, una escalada de la violencia por parte de sus grupos de choques y sus aliados más radicales, para los próximos días.
DOS
El otro sentido de interpretación admite una escalada, pero orientada a un objetivo de mediano/largo plazo, que corresponde con un proceso de habituar a la población a la exhibición y uso de armas de guerra. Al fin y al cabo ya está claro que el objetivo es llegar a la guerra real.
Se trata del mismo proceso que ha asegurado que hoy los escudos, las capuchas, los cascos y las máscaras se vean como algo “normal”. Es parte del paisaje que se encontrará durante una actividad convocada por la MUD.
Y cuando se ha debido explicar ha bastado con el argumento de que los manifestantes usan ese atuendo y accesorios para defenderse. De allí ha surgido la tesis (desarrollada por “pensadores” de la talla de Tulio Hernández) de la violencia defensiva.
Por lo tanto sería consistente con los hechos que se esté buscando justificar el paso a un punto más agudo de la violencia orgánica, sin que ello signifique descartar los mecanismos iniciales de combatientes y armas no convencionales.
Esto implicaría, por lo tanto, no solo una progresión sino una mayor complejización de las operaciones pues en el mismo escenario se confrontaría con “manifestantes” que lanzan piedras, bombas, explosivos caseros y proyectiles de armas de fuego industriales.
Sin duda se combinaron los distintos grados de violencia y el saldo, al menos en policías y guardias heridos, lo puso de manifiesto. Manifestantes desarmados colocaron barricadas, que intentaron retirar los agentes del orden, también desarmados, lo que fue aprovechado por combatientes armados para dispararles.
De establecerse ese modelo la evolución previsible es que los grupos de choque consoliden áreas bajo su control o “territorios liberados” en forma más o menos estable, lo que implicaría un proceso de disolución del Estado y su sustitución por instituciones paralelas, bien sea “independientes” o humanitarias, o que obedezcan a un gobierno paralelo (de transición y unidad nacional) como se ha anunciado ya en el marco de la Hora 0.
Además esta ha sido la única forma como, hasta ahora, han logrado “incorporar” a los sectores populares a la ofensiva.
TRES
Este escenario impone una adaptación del esquema operativo de la confrontación, pues de lo contrario las consecuencias en pérdidas de vidas o de lesiones de efectivos militares y policiales se incrementarán. También es probable que una “progresión” de la fuerza del Estado provoque costos políticos por heridas o muertes de combatientes que seguirán presentándose como “manifestantes”. Es evidente que el abordaje de la violencia no puede continuar con el modelo de la manifestación y el restablecimiento del orden público.
Eventos como el asedio a VTV (donde se ubicó el “manifestante” del fusil) no son asimilables a una protesta ciudadana, incluso aquellas donde hay abiertos actos de violencia. Y una prueba de su atipicidad fue justamente la salida que tuvo con la participación de los trabajadores en la confrontación con los grupos de choque.
Sin duda, no solo se trata de un tema meramente de seguridad física, sino que tiene implicaciones políticas y simbólicas que requieren su debate y la adopción de definiciones y actuaciones en lo inmediato.
VICTOR HUGO MAJANO / CIUDAD CCS
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