Christian
Farías
La convocatoria del
Poder Constituyente Originario responde a un momento histórico que reclama la
participación de todo el pueblo para buscar las soluciones definitivas a problemas
profundos y graves que afectan la vida
económica, social, política, militar, cultural, del país, junto a sus
autoridades legal y legítimamente constituidas.
Para que una
convocatoria sea legal y legítima, el Artículo 348 de la actual Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela indica que los convocantes pueden ser
solamente el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de ministros;
la Asamblea Nacional en los dos tercios de sus integrantes; el Poder Municipal
en los dos tercios de los cabildos de todo el país; y el propio pueblo a través
de un 15 % de las personas inscritas en el Registro Electoral. En consecuencia,
cualquiera de esas cuatro autoridades constituidas y no otras, son las
facultadas constitucionalmente para convocar el Poder Constituyente Originario.
Como en la vieja
Constitución moribunda no existía un artículo como el 348 actual, el presidente
Hugo Chávez aplicó lógicamente el procedimiento de la consulta previa a través
de un referendo consultivo para garantizar y proteger la legitimidad de la
convocatoria de la Constituyente de 1999. Hoy, en julio de 2017, ese referendo
consultivo no es necesario ni obligatorio, sino más bien optativo o
agregado. De manera que la actual
convocatoria puesta en marcha por el presidente Nicolás Maduro es total y
absolutamente legal y constitucional; y será la misma elección del 30 de julio
próximo la que determine y le confiera el grado de legitimidad con base en el
porcentaje de participación del elctorado.
En tal sentido, si la
votación del pueblo soberano este próximo 30 de julio de 2017, se ubica por
debajo del 50%, la legalidad de la ANC tendrá un nivel de legitimidad bajo,
débil, que los opositores querrán utilizar para seguir en el sabotaje y la
destrucción. Pero, si la votación se ubica por encima del 50% la legalidad de
la próxima ANC gozará de total y absoluta legitimidad. Ningún otro poder, ni
fuerza nacional o extranjera podrá cuestionar su total validez. Este es
precisamente el reto que tenemos por delante, porque los enemigos de la
patria, del pueblo y del proceso
bolivariano, pretenderán utilizar cualquier debilidad para seguir atizando la
guerra y la intervención extranjera.
En consecuencia, la
tarea más importante en esta campaña electoral es que la gran mayoría del
pueblo se involucre y participe, se movilice activamente y protagonice el
debate y el diálogo constituyente. Que desde ya, el pueblo se asuma como Poder
Constituyente Originario para buscar las soluciones efectivas, estructurales y
definitivas a los graves problemas que hoy afectan integralmente nuestras
vidas, así como la estabilidad y la seguridad de la patria.
En 1999, el comandante
Chávez tuvo la sabiduría de convocar el Poder Constituyente para refundar la República
en un contexto de justicia y paz, necesario para superar la pobreza extrema, la
exclusión social, la marginalidad y la ausencia de derechos y de democracia al
que estaba condenado nuestro pueblo en aquella Cuarta República podrida de
corrupción y entreguismo. Sin embargo, tuvo que enfrentar también el asedio y
las amenazas del enemigo imperialista y la oligarquía que finalmente pudieron
darle el golpe de estado el 11 de abril de 2002. Pero, inmediatamente, el 13 de
abril, el Poder Constituyente salió a las calles y se convirtió en Poder
Popular en unión cívico-militar patriótica, revolucionaria, que logró derrotar
ese nefasto, anti-popular y pro-imperialista golpe de estado, encabezado por la
Coordinadora Democrática (hoy MUD) y su oligarca- dictador Carmona Estanga.
Igualmente hoy, a 18
años de aquella afortunada Refundación, el presidente Nicolás Maduro, siguiendo
esa misma experiencia del Comandante Supremo e invocando esa misma sabiduría
política, ha convocado a Constituyente para refundar el sistema de protección y
seguridad del pueblo venezolano todo, sin distinción alguna. La ofensiva de la
guerra económica, mediática, criminal y cultural, es la configuración sistémica-estructural
del nuevo tipo de asedio y amenaza del imperialismo y sus lacayos contra la paz
y el bienestar de la República. En consecuencia, se requiere de una refundación
constitucional para derrotar ese nuevo tipo de asedio y amenaza en un contexto
de justicia y paz. Es decir, frente a ese plan sistémico-estructural de
destrucción y guerra, tenemos el deber y
la responsabilidad histórica de oponer mayores fortalezas y blindajes a nuestro
sistema político-socio-cultural bolivariano, independiente y socialista,
consagrado en nuestra Constitución y en el Plan de la Patria, legados centrales
de nuestro comandante Chávez.
Todo lo dicho, debe
materializarse en la acción transformadora, en la práctica revolucionaria, en
la praxis histórica, dialéctica, que nos permita derrotar la violencia y la
guerra, para darle cauce libre y hegemónico al poder del Soberano. En ese
sentido, la tarea fundamental de los verdaderos y verdaderas chavistas y
pesuvistas, patriotas y revolucionarios, consiste en ocuparnos de atender las
necesidades urgentes de nuestro pueblo y no de rendirle culto al electoralismo
demagógico, o al burocratismo, la ineficacia y la corrupción.
Es un deber ineludible
que los candidatos y candidatas de la Constituyente se unan para atender los
reclamos de las mayorías populares agobiadas por la especulación incontrolada
de los precios de los alimentos y demás bienes de consumo masivo, la desatención
y falta de medicamentos en los centros hospitalarios, la inseguridad en las
calles, el mal servicio y especulación en el transporte público, la escasez y
la especulación del servicio de gas doméstico, etc. etc. De allí deben surgir
propuestas constitucionales para soluciones históricas, concretas y efectivas
para el nuevo tiempo histórico de esta revolución del pueblo y para el pueblo.
Solo así esta revolución seguirá siendo auténticamente bolivariana, chavista,
noble, hermosa, latinoamericana, universal e ¡INDESTRUCTIBLE!
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