Credito: Reuters
28-11-18.-En una carta, los senadores Chris Van Hollen y Marco Rubio pedirán a los secretarios de Estado, Tesorería y Comercio determinar si ZTE trabajó con individuos sancionados por los Estados Unidos, usó ilegalmente componentes norteamericanos o ayudó al gobierno de Venezuela a burlar procesos democráticos o los derechos humanos.
La carta, que surge tras una investigación de Reuters sobre la base de datos y un programa asociado al documento de identidad venezolano, publicado el 14 de noviembre; será entregada el miércoles a funcionarios del gabinete, según asistentes de los dos congresistas.
ZTE, que a principios de este año pagó 1.000 millones de dólares a Estados Unidos por violar sanciones contra Irán y Corea del Norte, no respondió a una solicitud de comentario.
El Ministerio de Información venezolano tampoco respondió un pedido de comentarios.
El presidente Nicolás Maduro, que lidia con la hiperinflación y una economía en caída libre, ha dicho que
las sanciones estadounidenses son parte de una “guerra económica” de Washington para derrocar a su gobierno.
Funcionarios de los Departamentos de Estado, Comercio y el Tesoro no respondieron el miércoles temprano a solicitudes de comentarios.
El miembro del Partido Demócrata Van Hollen, y Rubio, un republicano, han impulsado en el pasado medidas contra ZTE.
La empresa, de la que una compañía estatal china es el mayor accionista, es señalada por funcionarios occidentales de ayudar a China a exportar tácticas de vigilancia y equipamiento para gobiernos autoritarios de todo el mundo.
ZTE trabaja cada vez más con el gobierno de Venezuela en varios proyectos, principalmente en asociaciones con la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
Varios altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Maduro y el presidente de Cantv, Manuel Fernández, han sido sancionados por Washington debido a lo que sucesivos gobiernos estadounidenses consideran un comportamiento autoritario y violatorio de los derechos humanos por parte del gobierno en Caracas.
Ni Fernández ni portavoces de Cantv respondieron a pedidos de comentarios.
En su investigación, Reuters encontró que ZTE ayudó a Venezuela a construir una base de datos que pueda rastrear el comportamiento de los ciudadanos a través de un documento de identificación nacional.
La identificación, conocida como “carnet de la patria”, puede compilar datos incluyendo historias financieras y médicas, uso de las redes sociales y si una persona votó o no.
Un área de preocupación para los senadores es si ZTE utilizó
componentes fabricados por Dell Technologies Inc. en la base de datos. Un documento revisado por Reuters indicó que ZTE usó unidades de almacenamiento construidas por la empresa con sede en Estados Unidos.
En su carta del miércoles, los senadores se preguntan “si ZTE violó los controles de exportación de Estados Unidos con respecto a la instalación de unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell”.
Una portavoz de Dell dijo a Reuters que no tenía constancia de una venta para ese propósito.
Los senadores también piden a la administración de los Estados Unidos que determine si el trabajo de ZTE en Venezuela rompe los términos del acuerdo al que llegó a principios de este año con el Departamento de Comercio sobre infracciones anteriores.
La carta, que surge tras una investigación de Reuters sobre la base de datos y un programa asociado al documento de identidad venezolano, publicado el 14 de noviembre; será entregada el miércoles a funcionarios del gabinete, según asistentes de los dos congresistas.
ZTE, que a principios de este año pagó 1.000 millones de dólares a Estados Unidos por violar sanciones contra Irán y Corea del Norte, no respondió a una solicitud de comentario.
El Ministerio de Información venezolano tampoco respondió un pedido de comentarios.
El presidente Nicolás Maduro, que lidia con la hiperinflación y una economía en caída libre, ha dicho que
las sanciones estadounidenses son parte de una “guerra económica” de Washington para derrocar a su gobierno.
Funcionarios de los Departamentos de Estado, Comercio y el Tesoro no respondieron el miércoles temprano a solicitudes de comentarios.
El miembro del Partido Demócrata Van Hollen, y Rubio, un republicano, han impulsado en el pasado medidas contra ZTE.
La empresa, de la que una compañía estatal china es el mayor accionista, es señalada por funcionarios occidentales de ayudar a China a exportar tácticas de vigilancia y equipamiento para gobiernos autoritarios de todo el mundo.
ZTE trabaja cada vez más con el gobierno de Venezuela en varios proyectos, principalmente en asociaciones con la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
Varios altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Maduro y el presidente de Cantv, Manuel Fernández, han sido sancionados por Washington debido a lo que sucesivos gobiernos estadounidenses consideran un comportamiento autoritario y violatorio de los derechos humanos por parte del gobierno en Caracas.
Ni Fernández ni portavoces de Cantv respondieron a pedidos de comentarios.
En su investigación, Reuters encontró que ZTE ayudó a Venezuela a construir una base de datos que pueda rastrear el comportamiento de los ciudadanos a través de un documento de identificación nacional.
La identificación, conocida como “carnet de la patria”, puede compilar datos incluyendo historias financieras y médicas, uso de las redes sociales y si una persona votó o no.
Un área de preocupación para los senadores es si ZTE utilizó
componentes fabricados por Dell Technologies Inc. en la base de datos. Un documento revisado por Reuters indicó que ZTE usó unidades de almacenamiento construidas por la empresa con sede en Estados Unidos.
En su carta del miércoles, los senadores se preguntan “si ZTE violó los controles de exportación de Estados Unidos con respecto a la instalación de unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell”.
Una portavoz de Dell dijo a Reuters que no tenía constancia de una venta para ese propósito.
Los senadores también piden a la administración de los Estados Unidos que determine si el trabajo de ZTE en Venezuela rompe los términos del acuerdo al que llegó a principios de este año con el Departamento de Comercio sobre infracciones anteriores.
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