El régimen puntofijista adeco-copeyano perpetró entre 1982 y 1988 tres masacres. Cantaura, Yumare y El Amparo precedieron como preámbulo a la cuarta y más brutal de todas: El Caracazo.
Como ya se ha referido en anteriores reportajes, la historiografía venezolana no ha sabido reconocer y dar justa ponderación a las rebeliones populares, muchas de las cuales constituyen verdaderos e inequívocos puntos de inflexión.
Puede llamarse Caracazo, Guarenazo o simplemente Sacudón, pero ninguno de estos términos define con exactitud la real dimensión de lo que significó esta explosión popular, que estableció sin proponérselo un quiebre histórico al modelo de democraciarepresentativa; de hecho el propio comandante Chávez consideró la gesta del 4 de febrero como hija de esta insurgencia de las masas.
DE LA CORONACIÓN A LA SUBLEVACIÓN
Transcurridos apenas 25 días de la juramentación del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, conocida como “la coronación de CAP II”, un pueblo enardecido decidió acabar con un país de ficción.
Aquel gobernante, que prometía el retorno de la Gran Venezuela, ofreciendo además “diálogo y concertación”, entregaba el país a los designios del Fondo Monetario Internacional, aplicando sin miramientos un funesto paquete económico neoliberal con el cual sometía al pueblo a grotescas penurias, hambre y demás calamidades.
LA GASOLINA ES INFLAMABLE
El estallido popular se inició en Guarenas y Guatire (Edo. Miranda), “El alza del pasaje prendió la mecha” titulaban los principales diarios del país.
De las medidas tomadas por el gobierno de CAP, el alza de los precios de 14 derivados del petróleo, entre ellos la gasolina, acarreó la justificación de un aumento del pasaje del transporte público automotor, que operaría como chispa incendiaria; el comercio de Guarenas fue arrasado, los saqueos de negocios de todo tipo resultaron incontrolables y se extendieron espontáneamente a todo el país, siendo Caracas donde ésta sacudida social alcanzó su mayor intensidad.
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La aplicación de severas recetas fondomonetaristas no previó la magnitud y extensión de la ira acumulada en la población venezolana.
El creciente grado de desconfianza hacia AD y COPEI en su capacidad de solucionar la precariedad y revertir el circulo de la pobreza y el descontento social, se venía incubando en la conciencia de los trabajadores y de los sectores mayoritarios del pueblo, quienes recibiendo un verdadero estímulo detonante, al implementar, el gobierno, el procedimiento de shock del paquete económico neoliberal sin sopesar las consecuencias.
SOBRAN MUERTOS, FALTAN URNAS
A la protesta popular sobrevinó una brutal represión policial y militar, produciendo un número aún indeterminado de muertos y heridos.
SE CAÍA ASÍ LA MÁSCARA DEMOCRÁTICA DE UN AGOTADO MODELO SUSTENTADO EN LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y FÁCTICA HACIA LOS SECTORES POPULARES.
Se ordenó acabar con la protesta a sangre y fuego. Había que castigar a todo aquel que intentara subvertir el status quo. Muchas de las víctimas fatales fueron depositadas en fosas comunes, en esa franja de terreno especie de basurero aledaño al Cementerio General del Sur, denominado “La Peste”, la mayoría, sin el previo registro necro dactilar, ya que la morgue de Bello Monte rápidamente colapsó su acopio de difuntos y las funerarias tampoco dieron abasto.
Cabe destacar que según datos del Centro Gumilla, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 1989 se dispararon 4 millones de balas. Fueron días infernales caracterizados por la violación masiva de los DD.HH. de la que fueron víctimas niños, niñas y adolescentes, estudiantes, profesores universitarios, dirigentes políticos y periodistas.
Otras colindantes perversiones que acompañaron la masacre fueron el aprovechamiento de la suspensión de las garantías constitucionales para cometer innumerables atropellos contra estudiantes, periodistas, religiosos y líderes sociales, la total desproporción del uso de la fuerza por parte de componentes militares para reprimir las manifestaciones de una población totalmente desarmada e integrada, en muchos casos por mujeres y niños, y el cínico desprecio a la vida humana privilegiando el derecho a la propiedad privadapor encima del derecho a la vida.
Al reflexionar sobre los penosos acontecimientos de aquellos aciagos días, el presbítero Juan Vives Suriá en carta abierta dirigida al director del FMI, Michel Candessus, señaló: “Ahora le tocó a Venezuela la cuota de holocausto que su institución, al servicio de los poderosos, está encargada de imponer a los pobres de América Latina mártir. (…) No hay tribunal que los juzgue. Si lo hubiera, muchos de ustedes tendrían bien ganada la condena. Millones de niños desnutridos, millones que mueren de hambre o enfermedad, millones de jóvenes sin ilusiones y sin empleo, el pueblo pobre enfrentado entre sí, y tantos otros efectos de la acción devastadora del FMI. ”
Ciudad VLC/Ismael Noé
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