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En septiembre de 2017, la cubana Mary Sardinas tenía listo un cuarto de su casa de Miami ante lo que parecía la inminente llegada de su hijo. Él vendió su vivienda en La Habana y dejó su trabajo pensando que pronto viviría en Estados Unidos, pero los trámites en la embajada estadounidense se paralizaron y no ha podido viajar.
Algo parecido le pasó a Maira Gómez, una refugiada política de 66 años que llegó de Cuba en 2011 y espera que alguno de sus hijos se mude con ella porque está sola, es diabética, hipertensa y apenas puede caminar. Los trámites también se estancaron.
Ambas están entre los miles de cubanos que viven en Estados Unidos cuyos sueños de reunirse con sus familiares han quedado en suspenso desde septiembre de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump retiró a gran parte del personal de la embajada de La Habana en respuesta a incidentes de salud que afectaron a unos 26 funcionarios y sus familias.
“Llevamos dos años esperando. ¿Por qué no podemos vivir en familia?”, expresó Sardinas, de 60 años. “¿Qué tendrá que hacer (mi hijo)? ¿Lanzarse (al mar) y exponer su vida?”, dijo la mujer que llegó a la Florida en 2015. Su hijo, Jorge Luis Carrera Sardina, de 41 años, había aprobado la entrevista final y esperaba retirar su pasaporte con permiso de viaje de la embajada.
Tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, los cubanos que huían de la isla gozaron durante décadas de privilegios de inmigración que incluían un camino casi asegurado a la residencia permanente tan pronto pisaban territorio estadounidense. No obstante, la cancelación de esa política poco antes de que Barack Obama dejara el poder en enero de 2017 y el cierre del consulado han limitado la inmigración legal de los cubanos.
El programa Cuban Family Reunification Parole (CFRP) sigue vigente, pero no hay personal consular que procese los casos en la isla y las autoridades no han anunciado otro lugar para seguir los procesos. Otros trámites fueron trasladados a países como Colombia y Guyana.
Tampoco queda claro cuándo podrían regresar los diplomáticos. Los incidentes aún están siendo investigados y aunque hasta ahora no se han revelado las causas o los responsables, Estados Unidos los ha descrito como “ataques”. Además, las duras políticas de Trump contra el gobierno cubano y la inmigración en general no dejan en claro si su gestión volvería a dar luz verde a esos programas.
La opción para solicitar refugio político también está suspendida y las visas de turismo cayeron de poco más de 16.000 en 2017 a casi 7.000 en 2018. El visado de cinco años con entradas múltiples para los cubanos fue reemplazado por una visa de hasta tres meses con una sola entrada, que debe ser solicitada en un tercer país.
“Todo parece un paquete de medidas para poner más presión” al gobierno cubano, consideró Jorge Duany, director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. “El daño colateral es que son rehenes los cubanos que están tratando de emigrar y no pueden hacerlo como lo hacían en el pasado”.
Aunque los cambios podrían satisfacer a partidarios de Trump que piden políticas de inmigración más duras, algunos expertos consideran que conllevan un riesgo político. La Florida, donde viven gran parte de los cubanos-estadounidenses, es crucial para ganar los comicios presidenciales de 2020.
“Existen muchos cubanos que no están contentos con las políticas del presidente”, dijo Andy Gomez, un analista político que se desempeñó como director del Instituto de Cuba y Estudios Cubanos-Estadounidenses de la Universidad de Miami. “La mayoría de estos cubanos, si se los aprieta más, puede que no voten por Trump en el 2020”, dijo refiriéndose a aquellos que llegaron en las últimas décadas y tienen lazos más cercanos con familiares que aún permanecen en la isla.
El CFRP permite que unos 20.000 cubanos puedan viajar cada año a Estados Unidos bajo un permiso especial conocido como parole, que se otorga más rápido que una visa de inmigración.
De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, unos 20.000 casos del CFRP han sido aprobados y están pendientes de procesamiento adicional en el extranjero. Otros miles no han podido ser procesados.
“Estas familias que estaban aplicando, algunas de ellas en proceso final de las entrevistas, han quedado en el limbo”, aseguró en entrevista telefónica el abogado de inmigración Wilfredo Allen, experto en temas cubanos. “Eso lleva a una enorme incertidumbre”.
Gómez, que vive en el estado de Washington, solicitó en 2014 la llegada de uno de sus tres hijos con parole. El trámite estaba avanzado, pero la última entrevista de su hijo Eugenio Bello Gómez no llegó a concretarse. En 2016 pidió que otros dos hijos --Danny Bello Gómez y Rigoberto Ibarra Gómez-- pudieran vivir con ella, y aunque no son parte del programa, esos trámites también están demorados.
“Necesito aunque sea a uno de mis hijos”, dijo la mujer, que quiere operarse una rodilla y no tiene ningún familiar que pueda ayudarla.
Otros afectados son los familiares de médicos cubanos que desertaron mientras se desempeñaban en una misión en un tercer país y llegaron como refugiados a Estados Unidos. Aunque ese programa terminó antes de que Obama dejara el poder en 2017, quedan casos pendientes que comenzaron a procesarse antes.
Hay unos 450 familiares de estos médicos que se acogieron al Cuban American Profesional Parole cuyos casos han sido aprobados pero aún no se han reunido en Estados Unidos, dijo un portavoz del servicio de Inmigración y Ciudadanía, conocido como USICS, que pidió mantener su nombre en el anonimato por la política de esa institución.
Uno de esos médicos es Yamileisi Suárez, una cubana de 43 años que no ve a su esposo ni a su único hijo de siete años desde hace tres años.
Tras dos años en una misión en las islas Seychelles, en el sur de África, Suárez desertó con la esperanza de reunirse con ellos, que estaban en Cuba. Ella llegó a Pensilvania en abril de 2017 y continúa esperando.
Su esposo y el niño tenían la entrevista en septiembre de 2017. Vendieron el auto y la casa ante la inminencia del viaje, pero la cita fue pospuesta. Primero por la llegada del huracán Irma; luego por los incidentes de salud. Hasta ahora no se ha concretado.
“Tengo mucha impotencia”, dijo Suárez acongojada. “Los días pasan y mi hijo me pregunta: ¿Mamá, no te han dicho nada? Duele mucho”, agregó tras explicar que ella no puede volver a Cuba en menos de ocho años porque la encarcelarían por haber desertado.
A muchas de estas familias les cuesta entender por qué el gobierno no ha encontrado una solución.
“Estamos intentando hacerlo bien, legalmente. ¿Por qué no nos dejan?”, dijo Marlén Montejo, una cubano-estadounidense de 52 años que espera la llegada de su hermana menor. “No quieren inmigrantes. Ni legales ni ilegales”, añadió en una entrevista en su casa de Miami.
Su hermana, Lisete Montejo, esperaba fecha para la entrevista en la embajada, junto a su hijo de 20 años y su esposo.
Para Sardinas, la cubana que tenía todo listo para la llegada de su hijo, nuera y nieto de cinco años, la incertidumbre es lo que más los afecta.
“No viven allá ni viven aquí”, dijo. “Son familias que tienen detenidas sus vidas y no saben qué va a pasar”.
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