"Vice" de Colombia exhorta a autoridades actuar en casos de “alquiler” de niños

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Actuar con celeridad y prontitud solicitó la vicepresidente de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a las autoridades locales y nacionales, frente a las denuncias realizadas en el programa de televisión, Los Informantes, en el que se reseñó que niños en la ciudad de Bucaramanga estarían siendo usados “en alquiler”, para llevar a cabo actividades de mendicidad.

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En comunicación dirigida al brigadier general, Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la vicepresidente solicita que “despliegue los operativos policiales pertinentes y necesarios en la ciudad, y en particular, en los sectores afectados por bandas delincuenciales a fin de identificar y capturar a los actores intelectuales de estos esquemas de criminalidad con el fin de desarticularlos y rescatar a las menores víctimas de tales abusos para salvaguardar sus derechos”.

Señala que estos hechos pueden estar asociados a una “presunta comisión de delitos que atentan en contra de la vida, seguridad y dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes; y cuyos autores son organizaciones criminales que se dedican al aprovechamiento económico del espacio público, quienes también delinquen en las principales ciudades del país”.

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Asimismo, en una comunicación dirigida al fiscal delegado para la Infancia y Adolescencia, Mario Gómez; solicitó “se me informe de las acciones adelantadas por su Delegatura para lograr el efectivo ejercicio de la acción penal y realizar la correspondiente investigación de los hechos objeto de la presente denuncia”.

En cuanto a la denuncia del uso de fármacos para poner a los menores de edad en estado de indefensión y así obligarlos a realizar actividades de mendicidad, requirió al director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Aurelio Enrique Mejía, que “se evalúe la viabilidad de establecer restricciones (legales o administrativas) para la comercialización del medicamento "Levomepromazina, pues su uso no controlado, está generando afectaciones a la salud de los menores de edad de la ciudad, usuarios de este fármaco. Esta clase de actos no pueden tener complacencia por parte de ninguna autoridad; la articulación, coordinación y presión harán que estos criminales se disuadan de la comisión de delitos”, agrega la comunicación.