La arena mediática internacional sigue agitada por la acusación del Departamento de Justicia estadounidense al presidente Nicolás Maduro y a su equipo de gobierno por supuestamente permitir el paso de cocaína hacia Estados Unidos.
Esta maniobra se formalizó horas luego del descubrimiento y fracaso del plan mercenario coordinado por el fugitivo Clíver Alcalá Cordones desde Colombia, quien asimismo señaló a Juan Guaidó y funcionarios estadounidenses de haber participado en el complot.
Pero, ¿cuál es el origen de las acusaciones contra personalidades del Estado venezolano? El sitio de investigación La Tabla hizo el seguimiento de algunas claves.
El presidente Hugo Chávez expulsó a la DEA del territorio venezolano en 2005. El Departamento de Estado, en respuesta, inició la clásica maniobra de acusación de narcotráfico.
Para ese momento acusaban a Chávez de colaborar con las FARC, alegando que esto afectaba a la estabilidad de la región.
A finales de 2015, la agencia Reuters reportó que fiscales de la Oficina de Brooklyn en Nueva York presentarían acusaciones por la presunta participación de Néstor Reverol y Edylberto Molina en el tráfico de cocaína.
Así, tal como señala La Tabla, para agosto de 2016 habían formalizado la acusación, vinculando a estos funcionarios con Vassyly Villaroel Ramírez y Robert Pinto Gil, parte de organizaciones criminales que habían sido capturados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando Reverol era Comandante General de esa institución, en el marco de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP).
Cabe destacar que Villarroel Ramírez, otrora miembro de la GNB, se encontraba solicitado desde octubre de 2008 y estaba relacionado, al igual que Pinto Gil, con el narcotraficante colombiano Frank Tello, miembro de la organización criminal Los Zetas, vinculado a carteles mexicanos.
En su momento, el mayor general Reverol explicó que este dúo “organizaba bandas dedicadas al tráfico ilícito de drogas que operaban entre el estado Carabobo y el estado Anzoátegui”.
Anteriormente, Tello había sido extraditado a los Estados Unidos tras la solicitud de Interpol en 2010 cuando Tareck el Aissami era Ministro de Interior y Justicia.
Posteriormente, The Wall Street Journal citó los señalamientos de Tello, sin prueba alguna, en contra de Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del gobierno venezolano por una supuesta red de narcotráfico, el fantasmal “Cártel de los Soles”.
Tanto Villarroel como Pinto eran ex oficiales de la GNB cuando se llevó a cabo su aprehensión. Tal vinculación ha sido forzada por el Departamento de Justicia estadounidense para aferrarse y forzar la narrativa sobre los vínculos del tráfico de drogas ilícitas con el Estado venezolano, además de las declaraciones de Tello, cuenta La Tabla.
Es decir, que Estados Unidos se aferra a la lucha venezolana contra el narcotráfico… ¿para acusar al chavismo de narcotráfico? La acusación del fiscal Barr se cae de maduro.
Con base a este recuento de la historia reciente, es evidente cómo las supuestas implicaciones de las autoridades del gobierno venezolano con el narcotráfico, por parte de fiscales estadounidenses en conjunto con los medios de comunicación, fungieron como elementos clave dentro de la estrategia de “poder inteligente” de la administración Obama en el contexto de la política exterior estadounidense contra Venezuela.
Pues preparó el terreno y dejó el camino trazado para la era del férreo unilateralismo de Donald Trump, con el objetivo de recuperar la influencia y preponderancia en el tablero regional, mientras recrudece las acciones contra el Estado venezolano con la aplicación de la fórmula Noriega (remember Panamá 1989).
La mercenarización de la agenda estadounidense contra el presidente Maduro y demás líderes del chavismo tiene como base una narrativa que evidencia la precariedad y la falta de sustento de la acción judicial por parte del Departamento de Justicia. Y así dicen los Estados Unidos combatir el narcotráfico.
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