Este jueves 19 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó la realización de algunas transacciones con Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), concretamente mediante el petrobono PDVSA 2020 emitido por la estatal venezolana.
La medida es ejecutada mediante la emisión de la Licencia General 5, la cual autoriza las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones sobre el bono de 8.5% PDVSA 2020.
Las transacciones sobre este bono estaban prohibidas desde el 21 de mayo de 2018 mediante orden ejecutiva de la Casa Blanca, que impedía que ciudadanos y personas jurídicas estadounidenses adquirieran acciones de cualquier negocio en el que Venezuela fuera accionista mayoritario. La medida de mayo, emitida para cerrar cualquier eventualidad de negociación de CITGO, suponía una maniobra para profundizar el bloqueo a Venezuela.
Concretamente desde el pasado agosto, la Administración Trump ha vetado a Venezuela de los mercados financieros, impidiendo que en ellos el país petrolero pueda colocar nueva deuda en papeles. Esto ha significado una asfixia a sus condiciones financieras, cuestión que ha impactado seriamente en el cumplimiento de pagos a sus acreedores.
La particularidad de esta acción de la OFAC se debe a la particularidad del referido petrobono. El llamado PDVSA 2020 es el único que tiene una garantía que comprende el 50% de las acciones de CITGO Petróleum Corporation, filial de PDVSA en Estados Unidos. La excepción a la sanción sobre este bono permite a sus tenedores reclamar el cobro de su garantía, en caso de que PDVSA concurra en impago.
El manejo y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el bono PDVSA 2020 hasta la fecha, coloca a Venezuela en la categoría de default selectivo, al privilegiar el pago de este bono sobre otros, como bonos de la República y Elecar.
Según informó Redd Latam el 28 de abril pasado PDVSA depositó 107 millones de dólares correspondientes al pago del cupón del PDVSA 2020, lo que evitó que estos papeles entraran en período de gracia por 30 días, pero ya días antes se había ventilado que los tenedores se organizaban para demandar por ese pago. El grupo de inversionistas incluye a Ashmore Group Plc., que es el mayor tenedor de estos papeles, y quien pudo haber presionado desde Wall Street la emisión de dicha licencia.
En los próximos meses, cuando Venezuela acumula un importante tramo de pagos de deuda, se observará si alrededor de los bonos venezolanos existe una tensión entre los intereses de Wall Street y del Gobierno estadounidense, o si, por el contrario, los instrumentos legales impuesto por la Administración Trump contra Venezuela privan por encima de los intereses económicos.
Aunque esta medida allana el camino para una captura de los activos venezolanos en Estados Unidos, la excepción sobre este bono también crea la oportunidad de que pueda ocurrir una recompra del mismo y que el país obtenga financiamiento, bien sea por China o Rosneft, aliados financieros de Venezuela. Este último ya posee parte del colateral del PDVSA 2020. Esta posibilidad estaba descartada antes de esta resolución y esa eventualidad está por verse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario