Fuente: A.E.
TEMAS ABORDADOS
Tema: ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
Matrices: Dictadura / Violación de los derechos humanos / CPI juzgará a Maduro / Cambio de Gobierno.
Tema: POLÍTICA ECONÓMICA /
Matrices: Hiperinflación / Todos tendrán el mismo salario / Eliminación de los contratos colectivos y escalas salariales / Retroceso en las luchas laborales.
Tema: EDUCACIÓN
Matrices: Cierre de colegios privados.
BALANCE GENERAL
EDITORIAL DE EL NACIONAL: “…el presidente Martín Vizcarra anunció que el Perú impulsará una remisión ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela (…) se exhiben claramente las premisas que justifican que el tribunal internacional intervenga (…) existen dos informes que, por su minuciosidad y crudeza, son una evidencia incontestable de la delicada situación del país (…) La OEA, ha publicado un informe que recoge cifras igual de macabras: al menos 131 personas han muerto entre 2014 y 2017 por acción de “las fuerzas de seguridad (…) el Poder Judicial ha sido secuestrado por el régimen chavista”.
CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ: “…la ONU trató la tragedia venezolana y se aprobó incluir la discusión acerca de “activar el R2P contra los abusos del gobierno de Venezuela. (…) la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más firmes, incluyendo el uso de la fuerza colectiva a través del Consejo de Seguridad de la ONU (…) llamó a la comunidad internacional para afilar las herramientas de prevención y protección (…) seis países firmaron una denuncia contra Nicolás Maduro y su régimen como autores de delitos de lesa humanidad…”
OVIDIO PÉREZ MORALES: “…Las dictaduras y los totalitarismos se conforman con asegurar reflejos conductuales y predeterminar números (…) es preciso educar al pueblo para su genuino ejercicio y establecer las condiciones para que la soberanía tenga una auténtica expresión (…) Este régimen dictatorial comunista ha pervertido el concepto de soberanía y devaluado el valor del soberano (…) La devaluación del soberano es patente: este régimen propicia el despoblamiento del país…”
JOSÉ TORO HARDY: “…un salario mínimo mensual de 1.800 bolívares desconoce de facto los contratos colectivos y se transforma en un mecanismo de dependencia ante el Estado (…) la Asamblea Nacional plantea que el gobierno ha violado 80 años de lucha laboral y sindical (…) a nadie le importa cuántos bolívares gana. Lo que importa es cuántas cosas se pueden comprar con los bolívares que se ganan. (…) Un gran número de colegios e institutos donde se impartía enseñanza desaparecieron (…) quitarle cinco ceros a la moneda, el aumento porcentual de la liquidez monetaria en poder del público está acarreando un incremento descomunal de los precios…”
JOSÉ RAFAEL HERRERA: “…Desde su creación, las universidades han tenido que soportar las embestidas que la barbarie le ha infligido (…) su objetivo es rebajarla hasta la servidumbre, pues de otro modo se la representa innecesaria (…) las agresiones contra las instituciones universitarias provienen de regímenes que no comprenden, por su mismo desconocimiento de la vida académica (…) las instituciones del Estado, están obligadas a velar por los intereses del Estado, más allá de las eventuales disposiciones y el vaivén de los gobiernos (…) Un régimen que no está en capacidad de comprender la importancia de la autonomía universitaria, es un régimen que siembra las bases para su propia destrucción…”
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
AL RESCATE DE VENEZUELA (EDITORIAL EL NACIONAL)
Es positivo que los líderes de la región tomen la iniciativa en la lucha para evitar la impunidad en el país caribeño.
El martes, durante su alocución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Perú impulsará una remisión ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Las declaraciones no fueron sorpresivas, pues la semana pasada el vicecanciller peruano había revelado a la agencia Efe que las cancillerías del Perú, Argentina, Colombia, Chile y Paraguay enviarían una carta a la CPI “pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad” perpetrados en el país caribeño.
Ciertamente, la posibilidad de que la Corte examine la situación venezolana no es inédita. En febrero la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció el inicio de un examen preliminar por las muertes ocurridas durante las manifestaciones en contra del régimen chavista en 2017. Lo que sí es inédito es que cinco países signatarios del Estatuto de Roma –el marco legal que sustenta los procesos del tribunal– interpongan una denuncia contra otro Estado parte, algo que jamás había ocurrido en los 16 años de existencia del organismo.
Las opciones de que la denuncia prospere son bastante creíbles. En Venezuela se exhiben claramente las premisas que justifican que el tribunal internacional intervenga: la posible ocurrencia de delitos de lesa humanidad y la incapacidad de la justicia local para perseguir y sancionar a los criminales.
Respecto a lo primero, que en Venezuela se pisotean los derechos de la gente es una realidad tan enorme como inocultable. Allí están, por ejemplo, los reportes de distintas ONG, las publicaciones periodísticas y hasta videos ciudadanos que dan cuenta de ello. Pero existen especialmente dos informes que, por su minuciosidad y crudeza, son una evidencia incontestable de la delicada situación del país.
El primero pertenece al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh). Según el documento, de las 124 muertes registradas en las protestas celebradas entre abril y julio de 2017, 46 habrían sido cometidas por las fuerzas de seguridad y 27 por colectivos armados prochavistas (la autoría de las restantes no pudo determinarse). El Acnudh ha recopilado además una serie de tácticas para repeler a los manifestantes que incluyen desde el uso de armas de fuego con balas o perdigones hasta la aplicación de torturas (mediante palizas, descargas eléctricas y asfixia) contra los detenidos.
La OEA, por su parte, ha publicado un informe que recoge cifras igual de macabras: al menos 131 personas han muerto entre 2014 y 2017 por acción de “las fuerzas de seguridad” y, solo desde 2015, se han acometido más de 8.292 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. “Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar, evidenciado por el punto en que se propinó el golpe mortal, el uso de municiones […], y la corta distancia a la que se perpetraron estos actos”, denuncia el documento.
Tanto o más evidente que los crímenes es la incapacidad de la justicia para sancionar a los responsables de las atrocidades. De ello dan cuenta el informe de la Comisión Internacional de Juristas de 2017, que advierte que el Poder Judicial ha sido secuestrado por el régimen chavista, el reporte de Amnistía Internacional que alerta sobre las altas tasas de impunidad en el territorio (90% para los homicidios comunes y 92% en los casos de violaciones de los derechos humanos), o los resultados de las mediciones internacionales (el país ocupa el puesto 137 de 137 en el indicador de ‘independencia judicial’, según el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial).
Cierto es que los procesos en la CPI pueden dilatarse durante años y, como sabemos, la justicia que demora no termina siendo justicia, sino poco menos que un consuelo. Pero ello no debería ser motivo para que los países de la región volteen la vista a un drama que también los involucra.
¿QUÉ FUE LO QUE SE ACORDÓ LA ONU (“R2P”)? CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ, EL NACIONAL)
En la sesión inaugural del martes 25 de septiembre pasado la ONU trató la tragedia venezolana y se aprobó incluir la discusión acerca de “activar el R2P contra los abusos del gobierno de Venezuela”. Se trata de un mecanismo aprobado en la Cumbre Mundial de la ONU en el año 2005 dirigido a la protección de los pueblos, incluso frente a sus propios gobiernos contra los mismos crímenes por los que debería activarse la jurisdicción de la fallida Corte Penal Internacional, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Protección que puede darse de distintas formas, incluyendo el uso de la fuerza militar.
Responsabiliy to Protect
Es la denominación formal de este mecanismo que se refiere a la responsabilidad de los Estados y de la comunidad internacional de proteger a la población civil y que define tres casos en los que procede su activación, siendo el tercero este: “La comunidad internacional debe utilizar vías diplomáticas, humanitarias y otros mecanismos pacíficos para proteger a las poblaciones de los crímenes mencionados. Si un Estado falla en su compromiso de proteger a su población o perpetúa esos crímenes, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más firmes, incluyendo el uso de la fuerza colectiva a través del Consejo de Seguridad de la ONU”.
Cómo se aprobó el mecanismo respecto a Venezuela
La conmoción que está generando el régimen dictatorial de Venezuela llegó como punto principal en esta Asamblea General de Naciones Unidas, donde se planteó someterla a discusión. Las dictaduras se opusieron pero sin éxito, apenas tuvieron 16 votos contra 93 que lo aprobaron, ante lo cual el Consejero Especial de la ONU, el señor Adama Dieg, se pronunció: “El Estado tiene la obligación de proteger a su propio pueblo y no se puede esconder detrás de la idea de soberanía para decir que no se puede interferir en los asuntos del país. Si un Estado falla en cumplir, otros tienen la obligación de actuar y desde mi punto de vista, yo siempre insisto en que soberanía es responsabilidad”.
La génesis del principio R2P
Para definir el origen del mecanismo bastan las palabras del entonces secretario general Ban Ki-moon en dolorosa queja por la inacción ante los sufrimientos de pueblos víctimas de sus propios gobiernos: “...la historia de los crímenes de atrocidad no se ha traducido en acciones fuertes sino más bien en hacer demasiado poco, demasiado tarde; el ritmo lento no ofrece alivio a la gente que está enfrentando violaciones masivas y violencias atroces. Dichas personas se acercan a nosotros en busca de protección y no en busca de palabras superficiales o de debates que duren cinco años”. Seguidamente llamó a la comunidad internacional para afilar las herramientas de prevención y protección.
Su aplicación práctica
Este tipo de actuación ha estado sometida a diversas interpretaciones y modalidades, algunos la han utilizado para justificar intervencionismo en asuntos que escapan a esos conceptos para los que fue creado: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este mecanismo se ha puesto en práctica en Libia, Sudán y Costa de Marfil, y el caso territorialmente más cercano que hemos tenido radicó en Haití, cuando se aprobó el uso de las tropas (Cascos Azules) para proteger a la población de las bandas que desataron violencia en Puerto Príncipe.
Pero finalmente está el tema de la fuerza, que se impone. Por ejemplo, en esta sesión se aprobó –como antes anotamos– incluir el tema respecto a la crisis venezolana, en favor de lo que votó una aplastante mayoría de países –liderados por Estados Unidos–, entre los que se pueden ver algunos de los que boicotearon las propuestas en la OEA para la Carta Democrática; seguramente escucharon el discurso del presidente Donald Trump, que palabras más palabras menos dijo: “Estados Unidos solo dará asistencia a aquellos países amigos y que apoyen nuestras propuestas”. También es de tomar en cuenta otro discurso aún más específico y del mismo calibre, el del vicepresidente Mike Pence, quien, sentado al lado del presidente de Colombia, Iván Duque, en la propia sede de la ONU denunció la provocación que montó la dictadura movilizando tropas a la frontera y dijo: “Estados Unidos siempre apoyará a sus aliados y su seguridad, y al régimen de Maduro más le vale no poner a prueba la intención del presidente de Estados Unidos o del pueblo en ese sentido”.
La denuncia ante la fiscal de la CPI
En el mismo escenario de esta sesión de Naciones Unidas seis países firmaron una denuncia contra Nicolás Maduro y su régimen como autores de delitos de lesa humanidad, hecho inédito. Nunca antes había ocurrido que un país, mucho menos un grupo de ellos que forman parte del Estatuto de Roma, denunciara a un gobernante.
La comunicación está dirigida a la fiscal Fatou Bensouda y se refiere a crímenes ocurridos desde el año 2014, aun cuando la misma fiscal el 8 de febrero pasado anunció un procedimiento preliminar respecto a hechos similares, pero ocurridos desde abril 2017 (procedimiento que lleva ya 7 meses y no da muestra de actividad) pues los referidos a crímenes anteriores fueron cerrados por el fiscal anterior, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo.
No guardo muchas esperanzas con esta nueva denuncia. Bensouda está muy comprometida con la dictadura, pero no dejo de considerar que esto es una gran presión para ella. Como dicen en el llano: “O corre o se encarama”.
SOBERANO DEVALUADO (OVIDIO PÉREZ MORALES; EL NACIONAL)
No se trata aquí de la moneda, que sufre un patente descalabro, sino de lo que toca el artículo 5 de nuestra carta magna: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejerce el Poder Público”.
Soberanía es poder referido a la organización y marcha de una comunidad política, de un Estado. Es una categoría humana, social, eminentemente activa y de carácter originario. A su nivel específico es autosuficiente, pues es una instancia primera y última. Otra cosa es cuando se la interpreta en perspectiva ética, religiosa, metafísica, pues entonces entraña relaciones que le marcan caminos y le señalan límites. No es, por tanto, absoluta; así ha de atender a derechos humanos y no ignorar su condición creatural, lo cual no le significa pérdida sino, antes bien, justificación, consolidación y enriquecimiento.
Por ser la soberanía una realidad (capacidad, imperativo) humana, social, no se queda en lo mero cuantitativo y aun puramente conductual. “Pueblo” es comunidad de personas y no simplemente masa humana sin rostros. Por ello no basta mover gente hacia mesas electorales y sumar resultados para hablar de una decisión del soberano. Las dictaduras y los totalitarismos se conforman con asegurar reflejos conductuales y predeterminar números.
No es suficiente proclamar y desglosar la soberanía popular; es preciso educar al pueblo para su genuino ejercicio y establecer las condiciones para que la soberanía de hecho tenga una auténtica expresión. De allí lo imperioso de una educación para la praxis soberana, de una pedagogía demo-crática, que posibilite al pueblo actuar consciente y libremente su poder. Esta es una tarea para todos: familia, escuela, medios de comunicación, grupos sociales, partidos políticos, instituciones religiosas. Así, entre otras cosas, la familia es-ha de ser el primer núcleo formativo y la Iglesia deber tener entre sus prioritarias tareas una educación para la democracia (libertad, responsabilidad, solidaridad, civismo). Gran error en las décadas que precedieron la actual dictadura fue el pensar que la democracia estaba segura y no requería, como un ser vivo, un cuido permanente y progresivo. Se creyó que bastaban eficientes maquinarias partidistas, dinero y propaganda en abundancia para manejar la política. Se olvidó también la renovación de liderazgos.
Este régimen dictatorial comunista ha pervertido el concepto de soberanía y devaluado el valor del soberano. Con respecto a lo primero, interpretando la soberanía como patente de corso para desmanes y escondrijo para la violación de derechos humanos.
Dios creó la humanidad, pero los hombres hemos fabricado fronteras que sirven con frecuencia para resguardar impunidades. La bandera de la no intervención fácilmente se ondea para eludir penas por crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar: lo primero es el ser humano (con su dignidad y derechos fundamentales), fin en sí mismo y referencia central del Estado y de la organización social en su conjunto.
La devaluación del soberano es patente: este régimen propicia el despoblamiento del país, favorece el empobrecimiento del pueblo para dominarlo más fácilmente, acrecienta la represión para amedrentar a los ciudadanos, cierra las compuertas a la participación social, al pluralismo político y cultural. Busca el poder absoluto sobre los venezolanos usurpándole su soberanía.
El pueblo soberano debe ser reconocido, formado, resguardado y estimulado como tal. Es indispensable promover su protagonismo efectivo. Los Principios Fundamentales de nuestra Constitución son claros al respecto: fines esenciales del Estado son “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular (…), la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” (Art. 3); y valores superiores son “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Art. 2).
MARX: “A CADA QUIEN SEGÚN SUS NECESIDADES” (JOSÉ TORO HARDY, EL NACIONAL)
Parece que el régimen y sus asesores extranjeros nos quieren llevar a una “fase superior de la sociedad comunista”. Eso sugiere el decreto 3601 del 31 de agosto, el cual establece un salario mínimo mensual de 1.800 bolívares soberanos que en la práctica se está transformando en un salario único. El decreto desconoce de facto los contratos colectivos y se transforma en un mecanismo de dependencia ante el Estado.
En 1875 Marx planteaba, en cuanto a las remuneraciones, que “en la primera fase de la sociedad comunista” se aplicaría el principio de “a cada quien según su aporte”. Pero su objetivo era la igualdad de todos bajo un Estado que fuese el dueño de los medios de producción. Puesto que las capacidades de los hombres no son las mismas, afirmaba Marx, en la “fase superior de la sociedad comunista” la fórmula por aplicar debía pasar “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades” (De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoin).
Suena bien ante oídos incautos, pero no funciona. “Ahora todos somos iguales”, me comentaba muy ufano un parlanchín trabajador revolucionario mientras me cambiaba un caucho. Pocos días después pasé y la cauchera había cerrado.
Al declarar la inconstitucionalidad del decreto, la Asamblea Nacional plantea que el gobierno ha violado 80 años de lucha laboral y sindical. La Constitución establece que los derechos alcanzados son progresivos.
Artículo 81: “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios”.
El referido decreto destruye todo incentivo a la eficiencia, a la productividad y a la capacitación. ¿Para qué hacen falta, si todos son iguales? De paso, los medios de producción del Estado, así como los que este ha expropiado están todos quebrados.
Desde el punto de vista económico el decreto es una aberración. En realidad, a nadie le importa cuántos bolívares gana. Lo que importa es cuántas cosas se pueden comprar con los bolívares que se ganan. Eso es lo que se llama el salario real.
Como cabía esperar, la reacción inmediata fue el cierre de innumerables establecimientos industriales, comerciales y de servicios. Afecta a todos, pero en particular a los más pequeños que, en conjunto, son los que más empleos aportan. El impacto fue especialmente doloroso en el sector educativo. Un gran número de colegios e institutos donde se impartía enseñanza desaparecieron.
Además, puesto que a partir del primero de septiembre las liquidaciones tendrían que realizarse en función del nuevo salario, infinidad de patronos liquidaron antes a sus trabajadores o, peor aún, cerraron (como en el caso de la cauchera). El saldo fue un ejército de desempleados que pululan en las calles.
El más devastador impacto será de carácter monetario. El decreto impulsó una aceleración vertiginosa de la hiperinflación. El aumento del salario decretado se está escurriendo como sal y agua entre las manos de los trabajadores, y al final el salario real caerá.
A pesar de la ficción de quitarle cinco ceros a la moneda, el aumento porcentual de la liquidez monetaria en poder del público está acarreando un incremento descomunal de los precios. Y es que al no disponer de ingresos para atender las necesidades del sector público derivadas del decreto, el régimen tendrá que recurrir aún con mayor intensidad al BCV para que financie sus gastos con dinero inorgánico. Por otra parte, para poder subsistir, las empresas trasladarán los costos del decreto a los precios o bien disminuirán su nómina o ambas. Además, en una economía desabastecida por la caída de la producción, la especulación estalla de manera inevitable.
Las consecuencias del decreto y del conjunto de políticas económicas del gobierno son obvias: hiperinflación, devaluación, destrucción del aparato productivo, caída del PIB y desempleo. Una tormenta perfecta.
Hay una desarticulación general de la economía. Mientras las políticas públicas no sean capaces de devolver la confianza, garantizar la seguridad jurídica, atraer inversiones, estimular las fuerzas productivas, aumentar la productividad y el salario real –todo en un ambiente de equidad social– la situación seguirá empeorando.
EL DESTINO DE LAS UNIVERSIDADES (JOSÉ RAFAEL HERRERA, EL NACIONAL)
Desde su creación, las universidades han tenido que soportar las embestidas que la barbarie le ha infligido, una y otra vez, sin la menor conmiseración y con la mayor impiedad. No es el mérito, la dedicación al estudio, el aprendizaje y la enseñanza, lo que le interesa a la grosera ignorancia mandona, habituada al inmediatismo y la riqueza fácil, al saqueo más que al cultivo. La suya es voz de mando, aullido de pirata y mayoral, berrido de látigo y machete. Para ella -para la barbarie- quien más sabe es quien más fuerza bruta exhibe o quien más alto puede llegar a gritar. šNo pueden ser dioses” -concluía, después de una detenida y escrupulosa observación, Cuauhtémoc, sobrino y heredero del emperador azteca Moctezuma-: “los dioses son sabios y los sabios no gritan”. La barbarie, soberbia, violenta y gritona como es, no se conforma con la cortesía y tolerancia de quienes comprenden de brutalidad e intentan morigerarla. No hay Sherezade ni mil noches. Eso que llaman conocimiento se le hace sospechoso, conspirativo. Por eso tiene que intervenir la Academia, tiene que penetrarla hasta las entrañas, doblegarla y someterla. Tiene que ponerla de rodillas y humillarla. Ahora su objetivo es rebajarla hasta la servidumbre, pues de otro modo se la representa innecesaria. Intuye que la frágil civilidad de su condición creadora es un peligro potencial para toda tiranía, para la naturaleza bruta del sometimiento de todo y de todos.
No por azar, la mayor parte de las agresiones contra las instituciones universitarias provienen de regímenes que no comprenden, por su mismo desconocimiento de la vida académica, el hecho de que si bien las universidades están al servicio del Estado no tienen porqué estar al servicio de gobiernos que pretenden desviar los objetivos para los cuales fueron creadas. Y es que su sacerdocio es la verdad. La docencia, la investigación y la extensión, sustentadas en el mérito, son los medios a través de los cuales las universidades promueven la mayor diversidad, el debate de las ideas, en la búsqueda, precisamente, de la verdad. Para lo cual la autonomía es conditio sine qua non, ya desde los tiempos de Boloña, Oxford y Salamanca. Es obvio que para quienes provienen de instituciones en las que se prohíbe disentir, ésta se convierte en una seria amenaza para sus fines. Para los que provienen, se ha dicho. Para los que no provienen la cosa se complica. Decían los griegos que de la nada no sale nada. La verdad es conquista del consenso, no de la coerción.
Es verdad que no todo organismo estatal puede ser autónomo. Pero las instituciones del Estado que gozan de autonomía, es decir, que han conquistado con su esfuerzo la necesaria madurez social e histórica, jurídica y política, para poder sustentarla, precisamente por el hecho de tenerla, están obligadas a velar por los intereses del Estado, más allá de las eventuales disposiciones y el vaivén de los gobiernos.
Cuando la barbarie se hace del poder, la autonomía es puesta en situación de minusvalía. Y entonces, las pezuñas de la ruín mediocridad -no ajena al vandalismo-, ya instalada en el interior de la academia, comienza a hacerle el juego a la tiranía barbárica. La combinación resulta atroz. Se genera así aquello que el maestro García Bacca designara como “la canalla vil”, y la autonomía es sometida a un doble proceso de estrangulamiento. Presupuestariamente, es asfixiada desde afuera. Desde adentro, se pretende generar el caos y la zozobra, de la mano de una no tan espontánea malandritud.
Barbarie y autonomía son palabras griegas. De la primera, Aristóteles le escribe a Alejandro: “a diferencia de los griegos, en los bárbaros predomina el instinto sobre la razón”. La segunda significa literalmente “vivir según la propia norma”, es decir, ejercer el auto gobierno o la capacidad de gobernarse a sí mismo, mediante la virtud y la razón. En su acepción académica, se refiere a la independencia del objeto de estudio y método en la adquisición de conocimientos, a la libertad para pensar y expresar ideas acordes con las propias convicciones, más allá de todo dogma.
La autonomía universitaria supone cierta entidad política dentro de la organización más amplia del Estado, a fin de garantizar la libertad de cátedra frente a un determinado orden social, lo cual no tiene porqué entorpecer el ordenamiento jurídico-político. Todo lo contrario, se trata de que el saberse “señor de sí mismo”, redunde en beneficio y maduración de y para la libertad, enriqueciendo las bases de la vida civil. Cuando el pensamiento y la voluntad se ven reprimidos y pierden la razón de obrar, se produce la heteronomía, tan grata a la mordaza totalitaria. La autonomía es, por tanto, la facultad que se reconoce a sí misma como voluntad libre, capaz de autodeterminarse, tal como lo expone Kant en su Crítica de la Razón Práctica. En cuanto coinciden libertad y responsabilidad, la autonomía es la raíz de la moralidad y su condición necesaria, de modo que las acciones morales no son imputables a un sujeto que no sea autónomo, es decir, libre o responsable.
Un régimen que no está en capacidad de comprender la importancia de la autonomía universitaria, es decir, su función en la formación de hombres capaces de crear respuestas –con sentido crítico, con libertad y con conciencia del deber- a los problemas fundamentales de la sociedad, es un régimen que siembra las bases para su propia destrucción. Pero, además, la de toda una nación. El destino de la universidad coincide, en este sentido, con el destino del Estado. Los pueblos, como dice Hegel, se labran su propio destino. Destruir la universidad es, ni más ni menos, destruir todo un país. Así, pues, el progreso de una nación depende del crecimiento de la autonomía de sus universidades, porque en ellas los ciudadanos se educan para la crítica y la libertad, es decir, para la vida en civilidad. Condición indispensable para la superación de la ignorancia, la barbarie, la miseria y la servidumbre. El ejercicio de la autonomía propicia el desarrollo de la sociedad, la realización de la democracia, el crecimiento de las capacidades del Espíritu del pueblo, la equidad y la justicia. La barbarie es, y ha sido siempre, la real amenaza. Ir contra las universidades no sólo significa la ruina de sus instalaciones. Significa, además, el intento por asaltar la razón y el sagrado derecho a decir que no.
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