cácel para Carlos Brenes, fundaar Sandinista
CARLOS BRENES
Credito: Web
02-02-19.-El Ministerio Público de Nicaragua pidió 32 años de cárcel para el coronel retirado Carlos Brenes, fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) y antiguo compañero de guerrilla del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por el delito de terrorismo en perjuicio del Estado, entre otros, informó este viernes su abogado defensor.
Brenes, acusado de encabezar un “grupo terrorista” que se manifestaba contra el Gobierno de Ortega en los departamentos de Carazo y Masaya (sur) desde abril pasado, es procesado por el juez séptimo del distrito penal de juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas García, dijo a periodistas el abogado defensor Julio Montenegro.
La Fiscalía acusó al fundador del EPS y coronel retirado, de 63 años, de cometer los delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daños agravado en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
Brenes, coordinador del Movimiento de Retirados del Ejército y miembro del denominado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado por dirigentes de la antigua principal fuerza opositora de Nicaragua, fue detenido por el Ejército cerca de la frontera de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica, y entregado a la Policía Nacional, según el movimiento político al que pertenece.
El coronel retirado fue acusado junto a los mayores retirados del Ejército Tomás Maldonado Pérez y Roberto Danilo Samcam, entre otros, por varios delitos, entre ellos terrorismo en perjuicio de Estado.
Brenes es el mismo que el 16 de mayo pasado, en nombre de oficiales en retiro del extinto EPS, actualmente Ejército de Nicaragua, leyó una proclama exigiendo la salida del poder del presidente Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a quien responsabilizan de la crisis sociopolítica que atraviesa este país.
En su juventud, Brenes se unió a la guerrilla sandinista que luchó con las armas para derrocar a la dictadura de los Somoza, que cayó un 19 de julio de 1979.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo sólo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Brenes, acusado de encabezar un “grupo terrorista” que se manifestaba contra el Gobierno de Ortega en los departamentos de Carazo y Masaya (sur) desde abril pasado, es procesado por el juez séptimo del distrito penal de juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas García, dijo a periodistas el abogado defensor Julio Montenegro.
La Fiscalía acusó al fundador del EPS y coronel retirado, de 63 años, de cometer los delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daños agravado en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
Brenes, coordinador del Movimiento de Retirados del Ejército y miembro del denominado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado por dirigentes de la antigua principal fuerza opositora de Nicaragua, fue detenido por el Ejército cerca de la frontera de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica, y entregado a la Policía Nacional, según el movimiento político al que pertenece.
El coronel retirado fue acusado junto a los mayores retirados del Ejército Tomás Maldonado Pérez y Roberto Danilo Samcam, entre otros, por varios delitos, entre ellos terrorismo en perjuicio de Estado.
Brenes es el mismo que el 16 de mayo pasado, en nombre de oficiales en retiro del extinto EPS, actualmente Ejército de Nicaragua, leyó una proclama exigiendo la salida del poder del presidente Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a quien responsabilizan de la crisis sociopolítica que atraviesa este país.
En su juventud, Brenes se unió a la guerrilla sandinista que luchó con las armas para derrocar a la dictadura de los Somoza, que cayó un 19 de julio de 1979.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo sólo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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