Luis Britto García
Paco Ignacio Taibo II y los amigos de la Brigada para Leer en Libertad me invitan a la Feria del Libro de Puebla, a presentar mi último volumen y hablar sobre lo que pasa en Venezuela.
También converso con Ana Lidia Pérez, quien presenta su libro El Cartel Negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (Grijalbo, 2019, México DF).
Obsesión de Imperios es robarnos nuestras nacionalizadas compañías de hidrocarburos mediante guerras, golpes de Estado o a través del hampa común.
Nos cuenta Ana Lidia que en México los llamados “huachicoleros” primero conectaron tomas clandestinas en los ductos de la estatal Pemex, para vender por su cuenta la gasolina así ordeñada. Como si no fuera suficiente, recurrieron luego al “desvío de ruta” por el soborno o la violencia, recibiendo los envíos de hidrocarburos en lugar de sus destinatarios legales.
Durante el gobierno de Peña Nieto el negocio habría progresado a la instalación de más de 300 tomas por año para sustraer hidrocarburos.
Los huachicoleros terminaron de tal manera vendiendo a las bombas de gasolina más combustible que Pemex, ofreciéndole la pipa a mitad de precio a una red de más de 12.000 estaciones poseídas por alcaldes corruptos que nunca entregaron un centavo a la estatal a cambio del torrente de riqueza que aprovechaban.
La rapiña se extendió al robo o desvío de cargamentos marítimos por el Golfo de Campeche y a la instalación de oleoductos privados de los ladrones, algunos de los cuales se extendían más allá de la frontera, hacia Estados Unidos.
Los delincuentes completaban el espléndido negocio rebajando el combustible con otras sustancias, e instalando “diablitos” en las bombas de expendio para que la cantidad efectivamente entregada fuera inferior a la pagada.
Botín tan tentador atrajo organizaciones hamponiles que se disputaron ramas y secciones del negociado: el cartel de Jalisco, el de Santa Rosa, el de Guanajuato, el de Michoacán.
Cuando el Presidente Calderón declaró la “guerra a la droga” muchos de los carteles disminuyeron su tráfico de estupefacientes para entrar de lleno en el nuevo negocio, mucho más productivo.
Este colosal latrocinio se enmascaraba con redes de fraudes: contratos con empresas no constituidas legalmente o de maletín; informes de gestión falsos o inexistentes; registros insinceros de activos, de salidas y de entradas, balances faltos de veracidad.
A tales dichos, tales hechos: extorsión, secuestros, asesinatos, difusión del tráfico y consumo de droga entre los mismos trabajadores de Pemex.
Así, desde 2011 “el robo de combustible es otra batalla perdida por Felipe Calderón, una batalla donde lo que está en juego es gran parte del gasto público del país, un 40% del PIB”.
Para desentrañar esta maraña de delitos y complicidades Ana Lilia Pérez tuvo que luchar contra la denegación de información, contra amenazas de muerte, incluso debió salir del país para proteger su vida.
No reseñamos estos tropiezos por demeritar a México, cuyos triunfos celebramos y cuyos reveses nos duelen como propios, sino por plantear la posible afinidad con lo que ocurre en la Venezuela asediada por los imperios pero también por sus aliados delincuentes.
Afirma el Presidente Maduro que 40% de lo que Venezuela produce o importa desaparece por nuestras fronteras ¿Cuál porcentaje de gasolina nuestra motoriza el parque automotriz y la refinación de cocaína de países vecinos hostiles?
¿Quién permite que tales magnitudes salgan sin pago y sin registro de los depósitos de Pdvsa?
¿Quién posibilita que buques completos entreguen cargamentos que no figuran en su contabilidad?
¿Cuántos contratos celebró la estatal con empresas de maletín, con sobreprecios o precios indebidamente reducidos, y en cuántos se remuneran prestaciones o bienes ficticios?
¿Por qué ha disminuido la producción de cerca de tres millones de barriles diarios a menos de millón y medio?
¿Cuántos contratos celebró la estatal con empresas de maletín, con sobreprecios o precios indebidamente reducidos, y en cuántos se remuneran prestaciones o bienes ficticios?
¿Por qué ha disminuido la producción de cerca de tres millones de barriles diarios a menos de millón y medio?
¿Cómo estuvo conducida tanto tiempo por funcionarios que cometieron o ignoraron irregularidades semejantes?
¿Facilitó la rapiña contra los bienes del Estado venezolano en el exterior la inclusión en los contratos de cláusulas negatorias de la inmunidad de jurisdicción, que sometieron las materias de orden público de nuestros convenios sobre hidrocarburos y finanzas al juicio de tribunales y juntas arbitrales extranjeras?
¿Cuáles fueron éstos contratos, quiénes los suscribieron y qué se ha hecho para exigirles la debida responsabilidad civil, penal y administrativa?
¿Es posible que una institución de la importancia económica y estratégica de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima funcione sin actualizados sistemas de control previo, concomitante y posterior de gastos e ingresos, del cumplimiento de las metas y objetivos en función de los cuales se realizan, y de mecanismos de información veraz y accesibles al público sobre tales materias?
Venezuela reclama una investigación de fuste, como la realizada por Ana Lidia Pérez sobre la petrolera de su país, que transparente los aspectos opacos de esa caja negra que ha devenido Pdvsa.
Pdvsa es de todos: todos tenemos derecho a saber.
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