El Congreso aprobó un texto que dicta que los estudiantes deben trabajar gratis para tener experiencia
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La policía peruana impidió por la fuerza una marcha pacífica de jóvenes contra una nueva ley que obliga a los alumnos de institutos de formación técnica a trabajar sin salario bajo la modalidad de labores formativas, lo que es catalogada como una “ley de la esclavitud”.
Un fuerte despliegue policial impidió que miles de manifestantes concentrados en la céntrica plaza San Martín recorrieran el centro de Lima, la noche del viernes. Los funcionarios golpearon con varas y arremetieron con gases lacrimógenos a los manifestantes.
Los oficiales policiales justificaron ante los medios la agresión y alegaron que los estudiantes no habían gestionado una autorización del Ministerio del Interior para realizar la protesta, a lo que los muchachos invocaron los derechos constitucionales al libre tránsito y a la protesta pacífica.
Los estudiantes, en su mayoría de esos centros de estudios, condenaron en duros términos la norma aprobada esta semana por el Congreso de la República para luego estar en suspenso, ante las prontas reacciones de repudio y la convocatoria de la protesta mediante redes de Internet, cita PL.
“No a la ley de la esclavitud juvenil”, “Que trabajen gratis los congresistas”, decían algunos de los carteles que llevaron los jóvenes expresando su indignación, y condenaron a la promotora de la ley, Rosa Bartra, legisladora del neoliberal y mayoritario partido Fuerza Popular (FP), tolda fujimorista.
Sin salario ni vacaciones
Según el proyecto, suspendido cuando estaba a punto de convertirse en ley, los alumnos de institutos técnicos deberán trabajar en empresas de actividades afines a lo que estudian, cuatro horas diarias hasta cinco días a la semana, hasta totalizar 448 horas en tres años, a fin de ganar experiencia laboral, sin recibir ninguna subvención económica por su labor.
Bartra y representantes de esos institutos del sector privado mantienen que no será una relación laboral sino “una oportunidad formativa y de preparación para que unos 300.000 alumnos de esos centros puedan competir en el mercado laboral”.
En este sentido, los manifestantes de condición humilde, condenaron el proyecto y señalaron que casi todos ellos ya trabajan media jornada para pagar sus estudios y no es justo que ahora tengan que hacerlo gratis.
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