2018
Reuters
AFP
MADRID (Reuters) - Un tribunal español absolvió el jueves a cinco hombres acusados de la violación grupal de una joven de 18 años durante las tradicionales fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016 y los condenó por un delito menor de abuso sexual.
La decisión provocó duras críticas y una gran irritación popular. Decenas de personas se congregaron frente a la sede de la Audiencia de Navarra coreando “No es abuso, es violación”.
El caso de la autodenominada “Manada” ya había generado ira en toda España y un gran interés a nivel internacional ante la preocupación causada por los reportes de un aumento de las agresiones sexuales en la multitudinaria fiesta anual y por los malos tratos a las mujeres en general.
Después de un juicio de cinco meses celebrado a puerta cerrada para proteger la identidad de la víctima, un juez leyó las sentencias en la corte de la región norteña de Navarra.
La fiscalía había pedido sentencias de más de 20 años de cárcel para cada uno de los hombres, pero en su lugar recibieron sentencias de nueve años. Según la ley española, un cargo menor de abuso sexual difiere de la violación en el hecho de que no implica violencia o intimidación.
La acusación suele ser usada en casos de actividad sexual entre parejas menores de edad y para las personas que no son consideradas aptas para dar su consentimiento a un contacto sexual, como las que tienen una incapacidad grave o están bajo el influjo de las drogas o el alcohol.
Grupos feministas convocaron protestas para la noche del jueves en ciudades de toda España, incluido al exterior del Ministerio de Justicia en Madrid, en reacción a la sentencia.
“Si cinco personas que arrinconan a una chica no es agresivo, la pregunta es qué falla en el Código Penal”, se preguntó Soledad Murillo, exsecretaria de Estado de Igualdad, en comentarios publicados por el diario El País. La Policía Nacional también mostró su apoyo a la víctima, afirmando en un tuit: “#NoesNo. Estamos siempre contigo”.
El juez, que no ofreció los fundamentos de la sentencia, ordenó también a los condenados que paguen a la víctima 50.000 euros (60.825 dólares) en compensación. El dictamen puede ser apelado en el Tribunal Supremo y medios citaron a una portavoz del gobierno regional que aseguró que recurrirán la sentencia.
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