RESUMEN DE OPINIÓN –

Fuente: A.E.  RESUMEN DE OPINIÓN – 26.09.2018 TEMAS ABORDADOS Tema: AGENDA OPOSITORA Matrices: Dictadura / Cambio de gobierno / Alzamiento militar / Crímenes de lesa humanidad. Tema: ESCENARIO ELECTORAL Matrices: Fraude electoral            BALANCE GENERAL CARLOS BLANCO: “…un nuevo presidente, producto de elecciones libres, justas y limpias (…) los dueños del poder rojo se convencieran de que su proyecto no solo fracasó sino que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir (…) hay varios importantes personajes del régimen que han pedido pista para aterrizar en otros países (…) La transición involucrará la presión internacional, la protesta popular y la actuación de los militares (…) la ruptura entre los generales y almirantes de un lado, y los oficiales de más bajo rango, por el otro, deja a Maduro sin el apoyo de la masa de oficiales y soldados de la FAN”. ANTONIO DE LA CRUZ: “…los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay envían una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que piden que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro (…) Nicolás Maduro, y miembros de la Fuerza Armada, supuestamente han cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI (…) Venezuela está inmersa en una emergencia humanitaria compleja de gran escala por sus extensos y múltiples efectos regresivos en el plano institucional y jurídico”. OSWALDO ÁLVAREZ PAZ:“…la supuesta intervención militar de Estados Unidos para derrocar y asesinar a Maduro (…) a la guerra que según ellos se prepara desde Colombia, a los insólitos ataques contra Almagro y, entre otras cosas, a las múltiples ofensas contra cualquier personalidad que en el mundo cuestione al régimen actual (…) los tentáculos del narcotráfico en el sector público y buena parte de los enchufados del sector privado (…) esta acción libertadora caben todos los que de buena fe estén dispuestos a jugársela con nosotros”. IGNACIO ÁVALOS: “…se adoptaron distintas medidas orientadas a perjudicar a algunos partidos opositores, considerados políticamente incómodos por el gobierno. (…) hoy en día de los 21 partidos políticos nacionales legitimados por el CNE, diez son afines al oficialismo (…) se enturbia la competencia electoral y consecuentemente se achica el espacio de la democracia venezolana. ARTÍCULOS DE OPINIÓN EJES DE LA TRANSICIÓN (CARLOS BLANCO, EL NACIONAL) En diversos centros se diseñan políticas para ejecutar en el período de transición que va del régimen de Maduro hasta la instalación de un nuevo presidente, producto de elecciones libres, justas y limpias. Es un período que nadie puede predecir, pero que se podría estimar –a ojo de buen cubero– entre uno y dos años. Muchos se preguntan cómo serán las medidas, cuáles sus ritmos e impactos. Sostengo que depende de dos variables que son difíciles de predecir: la primera se refiere al grado de paz o de violencia que tenga la transición; la segunda se refiere al grado de legitimidad que tenga la transición, lo cual refiere al reconocimiento nacional e internacional del gobierno que suceda al régimen de Maduro. Hoy me refiero a la primera variable. Nadie duda que una transición pacífica y totalmente legítima es ideal. Esta se habría podido lograr en la medida en que los dueños del poder rojo se convencieran de que su proyecto no solo fracasó sino que no tiene ninguna –léase bien, ninguna– posibilidad de sobrevivir mucho más tiempo. En este caso, una negociación para la salida, con ciertas garantías a los jerarcas que se avinieran a dejar el poder y sus oropeles, garantizaría paz y, por supuesto, legitimidad en el cambio político. Sin embargo, se sabe que la situación no es tal. Aunque ya hay varios importantes personajes del régimen que han pedido pista para aterrizar en otros países, el núcleo que no tiene regreso se mantiene preparado para impedir su relevo por medio de la violencia policial, militar y paramilitar que ejerce sin medida ni contención alguna. La transición involucrará la presión internacional, la protesta popular y la actuación de los militares que busquen devolver la vigencia de la ley; en este caso, la violencia dependerá del grado de resistencia que oponga el régimen saliente. La capacidad de Maduro de resistirse mediante la violencia al cambio depende del grado de control militar que ostente. Por los signos recientes y las conspiraciones detectadas, así como las acciones que no por aisladas dejan de ser indicativas, pareciera que la ruptura entre los generales y almirantes de un lado, y los oficiales de más bajo rango, por el otro, deja a Maduro sin el apoyo de la masa de oficiales y soldados de la FAN. Pero no está inerme: cuenta con los grupos más represivos de la policía política y la inteligencia militar, los colectivos, además de las unidades antimotines de la Guardia Nacional y la Policía Nacional. ¿Cuántos serán estos agentes? ¿Cinco mil? No lo sé. Pero matan. TIEMPOS DECISIVOS EN VENEZUELA PARA LA SALIDA A LA CRISIS (ANTONIO DE LA CRUZ, EL NACIONAL) Las últimas sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al círculo cercano de Nicolás Maduro, que incluyen al ministro de la Defensa, reducen la salida negociada –como la ha venido haciendo el régimen bolivariano– a la crisis de gobernabilidad y humanitaria en Venezuela.   En este sentido, hoy, los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay envían una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que piden que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. La solicitud para la investigación en La Haya está acompañada de dos informes. Uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos. Y el otro es un informe redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que concluyó que existe un “fundamento razonable” para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de la Fuerza Armada, supuestamente han cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI. El informe de la OEA fue remitido a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en mayo pasado para pedirle que abriera la investigación. Ante la solicitud de la OEA, la CPI no tiene la obligación de terminarla ni de comunicar las conclusiones. Sin embargo, cuando un país la pide, la Corte tiene el deber de presentar resultados, porque la demanda de uno de los países miembros del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, activa el artículo 14 que permite a los Estados miembros denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países. Por otra parte, se discutió en la Asamblea General de la ONU la “Responsabilidad de Proteger (R2P, siglas en inglés) que tienen los Estados miembros a su población del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las depuraciones étnicas”. Bajo esta doctrina, “la comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar a los Estados y ayudarlos a cumplir el cometido señalado. Si los Estados, en forma manifiesta, no protegen a sus ciudadanos de los mencionados crímenes, y las medidas pacíficas para contenerlos han fracasado, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar a través de medidas colectivas y coercitivas como las sanciones económicas o las diplomáticas e, incluso, aunque solo como último recurso mediante el uso de la fuerza armada de conformidad con la Carta de Naciones Unidas”. Por lo tanto, la acción de los cinco gobiernos latinoamericanos ante la CPI y la aplicación de la doctrina de R2P de la ONU permitirían la fundamentación para la intervención humanitaria en Venezuela. El vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, expresó que “la impunidad [del régimen de Maduro] ha llegado a un extremo que ya se hace insostenible, ya en este momento de manera racional nadie puede negar que en Venezuela hay un abuso de poder diario y que la gente está sufriendo, y es obligación humanitaria de los países poner en marcha todos los mecanismos legales de los que disponemos para tratar de impedir que esto continúe". Por ello, el régimen venezolano utilizó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para evadir su R2P, culpando a Estados Unidos del éxodo venezolano. Zapatero, en una entrevista con Efe la semana pasada, dijo: "Como siempre ocurre con las sanciones económicas que producen un bloqueo financiero, quien, en definitiva, en última instancia, lo paga no es el gobierno sino los ciudadanos, es el pueblo. Esto debería dar lugar a una cierta reflexión y consideración". Zapatero eximía a Maduro y la nomenclatura de toda responsabilidad de la crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, los informes de septiembre de Codevida y de la Organización Internacional para las Migraciones muestran todo lo contrario. “Venezuela está inmersa en una emergencia humanitaria compleja de gran escala por sus extensos y múltiples efectos regresivos en el plano institucional y jurídico, y en los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. La principal causa de esta emergencia ha sido un contexto de larga inestabilidad política y autoritarismo de Estado que entre los años 2016 y 2017 desembocó en el quiebre definitivo del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas”. En conclusión, la acción del gobierno de Trump, la solicitud ante la CPI de los países latinoamericanos y la doctrina de Responsabilidad de Proteger hacen que Venezuela esté en tiempos decisivos para la salida de la crisis humanitaria y de gobernabilidad. REFLEXIONES SOBRE INTERVENCIÓN (OSWALDO ÁLVAREZ PAZ, EL NACIONAL) Es increíble oír y leer las frecuentes declaraciones de voceros oficialistas y de algunos supuestos opositores, condenando radicalmente lo que no ha sucedido hasta ahora. Me refiero a la supuesta intervención militar de Estados Unidos para derrocar y asesinar a Maduro, a la guerra que según ellos se prepara desde Colombia, a los insólitos ataques contra Almagro y, entre otras cosas, a las múltiples ofensas contra cualquier personalidad que en el mundo cuestione al régimen actual. Por eso se han quedado aislados en el continente y en el resto del planeta. La identificación definitiva de Venezuela es con Cuba, Nicaragua y Bolivia, y la burlona preocupación por la influencia creciente de los chinos, rusos, turcos ante el despelote gubernamental reinante. Lo que sí sucede pero de lo que no hablan los sugeridos personajes es de la intervención cubana en lo civil y en lo militar. De acuerdo con una de las últimas declaraciones del difunto Chávez, más de 40.000 isleños cumplen tareas específicas en nuestro país. Hoy no sabemos cuántos son, pero su influencia es determinante en todo lo relativo a la seguridad y defensa de la nación. Lo de rusos y chinos tiene otras características porque son beneficiarios directos de la entrega de las riquezas básicas a cambio de dinero contante y sonante que sirve para disimular un poco el despelote generado por la ineficiencia y la corrupción en el manejo de los fondos nacionales. Estos son hechos que están a la vista. Entre las cosas más graves está la intervención del crimen organizado en áreas fundamentales, los tentáculos del narcotráfico en el sector público y buena parte de los enchufados del sector privado. Las conocidas vinculaciones con los restos de las FARC, con el ELN y con grupos terroristas vinculados al mundo islámico. Todo ello y mucho más son componentes de la enorme preocupación existente con relación al régimen venezolano. En síntesis, Venezuela está intervenida. Necesita ser liberada. Por supuesto que se trata de una tarea básicamente para los propios venezolanos, pero que necesita y reclama de la comprensión y ayuda política y material de los países libres del mundo. En esta acción libertadora caben todos los que de buena fe estén dispuestos a jugársela con nosotros. En lo personal quisiera ver a toda la oposición al régimen, incluidos los chavistas de origen no madurista. Jamás he tenido complejos frente a Estados Unidos de América. A ese país lo admiro y respeto, independientemente de los gobiernos que ha tenido, por su consecuencia con la libertad, la separación de poderes, el federalismo descentralizado y el coraje demostrado en las jornadas cumplidas militarmente. Con relación a Colombia, repito que somos una misma nación aunque contenida en dos Repúblicas que se necesitan hoy más que nunca. Venezuela está donde estén los venezolanos. EL SASTRE ELECTORAL (IGNACIO ÁVALOS; EL NACIONAL) El Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) señala en su último informe, recientemente publicado y disponible en la web, que el oficialismo inició esa tarea en el año 2012 y la ha prolongado hasta mediados de 2018. Se refiere a que, con ocasión de la celebración, durante ese lapso, de diversos episodios electorales, se adoptaron distintas medidas orientadas a perjudicar a algunos partidos opositores, considerados políticamente incómodos por el gobierno. La tarea fue hecha por intermedio de lo que, por comodidad, me gustaría llamar un sastre electoral, integrado por varias instituciones del Estado (CNE, Contraloría, TSJ, ANC), que en ciertos casos buscó afectar su funcionamiento interno (interviniendo sus directivas), mientras que en otros optó por inhabilitarlos.  Como resultado de ello, a la fecha de hoy ha ido quedando una oposición confeccionada a la medida del gobierno, integrada por algunos grupos, suficientes, pareciera, para figurar que en Venezuela se llevan a cabo eventos comiciales cumpliendo con los cánones democráticos. En resumen, hoy en día de los 21 partidos políticos nacionales legitimados por el CNE, diez son afines al oficialismo, dos son de tendencia opositora vinculados a la extinta MUD y ocho de tendencia opositora o independientes sin pertenecer a esta última.  Así, al escoger la oposición que más le conviene –sacando del juego a los partidos más importantes– se enturbia la competencia electoral y consecuentemente se achica el espacio de la democracia venezolana. Se trata, en fin, de una iniciativa que se suma a un menú diverso de decisiones que apuntan hacia el mismo propósito, lesionando gravemente el derecho de los venezolanos a tener una oferta política diversa. Así las cosas, ¿cabe pronosticar que tendremos, con mayor o menor disimulo, un régimen de partido único?. Es el tema que asoma el OGCD, luego de un análisis minucioso y consistente del actual ecosistema de movimientos políticos. Carezco de respuesta con referencia a la posibilidad de que ello ocurra, pero es un tema, me parece, que por el solo hecho de plantearse y colocado, además, junto a otras propuestas y acciones gubernamentales, suscita inquietud por el futuro democrático del país. En fin, otro día hablaremos del carnet de la patria. Zona de los archivos adjuntos ResponderReenviar