Comisión instó al gobierno de facto "garantizar el derecho a la reunión pacífica"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes el uso de la fuerza de policías y militares por parte del gobierno de facto de Bolivia para reprimir manifestaciones populares a favor del presidente Evo Morales.
La CIDH anunció que realizará una visita urgente a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, frente a lo que describió como el «riesgo de impunidad para violaciones de DDHH.»
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) 19 de noviembre de 2019
CIDH envió a
De acuerdo al comunicado emitido, la Comisión condena el uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas e instó al gobierno de facto a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad.
La CIDH constató que desde el golpe de Estado al presidente Evo Morales «la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, ha generado un incremento en el número de personas muertas y heridas».
Además, advirtió, que resultan de «particular preocupación» por la actuación de las fuerzas de seguridad para controlar el orden público, «sin que haya adecuado sustento legal».
En el texto la Comisión planteó su preocupación por el Decreto Supremo 4078 que «pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento del orden interno y estabilidad del orden público».
Para la CIDH son «inadmisibles» las disposiciones de amnistía y de prescripción para impedir la investigación y sanción de responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas.
CIDH alerta riesgo de impunidad para violaciones de DDHH en #Bolivia y hace llamado al diálogo nacional para alcanzar una solución constitucional para la crisis. Más información: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/296.asp …
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La Comisión reclamó al gobierno de facto «garantizar el derecho a la reunión pacífica (…) preservar la vida e integridad de sus habitantes (…) garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos».
La CIDH citó información pública según la cual desde el 20 de octubre fallecieron 23 personas «en el contexto de la violencia social poselectoral», 715 personas habrían sido heridas y otras 624 personas habrían sido detenidas.
En el contexto de la represión militar y policial este martes se presentó un nuevo episodio en los alrededores de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto, en donde fallecieron al menos tres personas y más de 30 resultaron heridas.
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