Caracas,
Este domingo fue asesinado el exintegrante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), John Fredy Vargas, en un hecho que evidencia la creciente ola de asesinatos contra ciudadanos que intentan reincorporarse a la vida civil, tras el acuerdo de paz alcanzado entre ese grupo y el Gobierno en Cartagena de Indias, en 2016.
El crimen contra Vargas, quien se dedicaba a proyectos agrícolas, sucedió mientras se trasladaba junto a su novia en una motocicleta, luego de asistir a una reunión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en el municipio de Pitalito.
“El hecho se presentó cuando la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta y dos sujetos le propinaron dos impactos con arma de fuego, muriendo inmediatamente en el lugar” explicó Néstor Javier Flórez Perdomo, subcomandante de la Policía Huila, reseñado por Telesur.
El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la falta de garantías para la seguridad de todos los ciudadanos que luchan por reinsertarse en la sociedad y ser productivos, por lo cual exigen se cumpla con lo pautado en los acuerdos entre el Estado colombiano y la exguerrilla.
“Hay preocupación sobre la seguridad de ex combatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos en las comunidades, y algunos departamentos como el Cauca, Nariño y Chocó son de especial preocupación”, expresó Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, citado por Prensa Latina.
También resaltó las conclusiones arrojadas en los informes de António Guterres, secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aseveran que estas acciones violentas obedecen a la práctica de economías ilícitas por ausencia de oportunidades en diversas áreas y la presencia de grupos ilegales armados en la nación neogranadina. /CP
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