Recibe la decisión judicial con un partido político castigado por los electores.
Un juez peruano ordenó el martes 15 meses de prisión preventiva para la política derechista Keiko Fujimori mientras es investigada por presunto lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.
El magistrado Víctor Zúñiga anunció su fallo tras una lectura de más de siete horas. Keiko Fujimori llegó a la sala judicial media hora antes de que culminara la sesión.
El fiscal José Pérez mostró nuevas pruebas durante las 11 sesiones judiciales previas. Entre ellas, una lista de 53 aportantes falsos a través de quienes Keiko Fujimori habría ocultado el dinero recibido de poderosos empresarios peruanos y de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) estuvo presa 13 meses en una cárcel para mujeres de Lima y fue liberada en noviembre por decisión del Tribunal Constitucional.
Tras salir de prisión, Keiko, de 42 años, anunció que tomaría una pausa en sus actividades políticas para estar con sus dos hijas y su esposo.
Sus enredos judiciales diluyeron el enorme poder político que alcanzó en 2016, año en que su partido -Fuerza Popular- obtuvo 73 sillas en el Parlamento unicameral de 130 congresistas. Su poder obstruyó la gestión del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, pero la aparición del caso Odebrecht y el trabajo de un grupo de fiscales la fue doblegando.
Keiko Fujimori recibe la decisión judicial con un partido político castigado por los electores.
El Congreso fue disuelto en septiembre por el presidente Martín Vizcarra y en la reciente elección legislativa los cálculos auguran que Fuerza Popular apenas lograría 12 escaños.
La investigación del caso Odebrecht se han convertido en el golpe más fuerte a la clase política que ha gobernado el país sudamericano por casi cuatro décadas.
En el hemisferio occidental Perú es el único país que ha visto cómo sus cuatro últimos presidentes han sido enjuiciados. Un exmandatario está preso en Estados Unidos mientras se tramita su extradición, otro se suicidó antes de ser detenido, un tercero salió de la cárcel y espera un juicio en el que podría recibir hasta 25 años de prisión, mientras que el cuarto se encuentra bajo arresto domiciliario.
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