La detención de cuatro dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, entre ellos su presidente y a la vez tesorero de la Conmebol, Carlos Chávez, sumió a este deporte en una inédita crisis y lo expone a sanciones internacionales en medio de pedidos de reforma.
El ingreso este miércoles de Carlos Chávez, poderoso dirigente del fútbol, a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, por orden de un juez en el marco de una investigación por supuesta corrupción, fue el inusual momento en que un mandamás de la FBF caía en semejante desgracia.
Junto a Chávez fue detenido su más cercano colaborador, el secretario ejecutivo Alberto Lozada, y este jueves fueron capturados el segundo vicepresidente de la entidad, Jorge Justiniano, y el secretario general Pedro Zambrano.
La Fiscalía abrió el mes pasado su indagación tras el escándalo de corrupción que involucró previamente a altos ejecutivos de la FIFA. En las denuncias se mencionó a Chávez, que habría recibido un soborno de 7,5 millones de dólares.
Y como anillo al dedo llegó al Ministerio Público, casi al mismo tiempo, una denuncia de Wálter Zuleta, tesorero de la misma FBF y dirigente de Bolívar, un enconado club a la gestión de Chávez.
Según Zuleta, la gestión de Chávez no entregó un monto de dinero ofrecido a la familia de Kevin Beltrán, el muchacho que murió por una bengala en un partido oficial en febrero de 2013, por la Copa Libertadores, entre el boliviano San José y el brasileño Corinthians, por el que casi una decena de hinchas brasileños fueron detenidos.
El dinero debió salir de parte de la recaudación de un partido amistoso entre las selecciones de Bolivia y Brasil ese año. La Fiscalía considera que hubo una oferta previa para un resarcimiento económico a los deudos, que no se entregó.
En general, la acusación fiscal es por "legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples".
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