El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió el jueves 25 de enero una sentencia donde ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) excluir a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del proceso de validación, que se llevará a cabo este 27 y 28 de enero, en el que la coalición opositora había manifestado su intención de participar.
Este acto del máximo tribunal de Venezuela deja sin efectos electorales la facultad del uso de la oposición venezolana en acudir a presidenciales con su llamada "tarjeta unitaria", que se supone recoge el sentido de unidad política del antichavismo en Venezuela.
El argumento del TSJ en su sentencia apunta a que la MUD, al ser una "agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación", con su participación en el proceso estaría violando "abiertamente la prohibición de la doble militancia (…) establecida en el dispositivo número 4 de la sentencia n° 1 del 5 de enero de 2016 y en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones".
Necesario es puntualizar que esta medida tiene el contexto de que la validación de la tarjeta Unidad MUD también concurre con la reinscripción de otras organizaciones políticas como Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ) que no participaron en elecciones recientes mediante actos abiertos de boicot electoral. Esta última está aún sin definir su reinscripción ante la instancia comicial.
La ambigüedad de la Unidad MUD, la cual es una tarjeta y no estrictamente un partido político, incrementa el sentido de "doble militancia" tanto de sus representantes como de sus electores.
Por otro lado, la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones establece que cada organización política debe presentar una estructura organizativa formal, elegida por sus integrantes mediante mecanismos previstos en la ley. Esta es otra debilidad de la MUD. Al día de hoy no se conoce una estructura de secretaría del órgano (o partido, en términos estrictamente formales) que represente a la tarjeta, dada la desintegración de la estructura de la coalición luego de la remoción de su último secretario general, Jesús Chuo Torrealba.
La tarjeta Unidad MUD no es un partido político en sentido jurídico
Al día de hoy la MUD solo tiene vocerías alternas y compartidas en manos de los mismos partidos que la integran, sin determinarse con claridad quiénes tienen la representación formal de la estructura partidista de la tarjeta Unidad MUD.
Una lectura política subyacente en este caso parte de la necesidad del TSJ y el CNE de someter a reglas claras a los factores políticos. Dados los niveles de "tolerancia" que han precedido estos momentos en la actual política venezolana.
Como precedente a esa afirmación, vale resaltar la suspensión que sufrió la tarjeta Unidad MUD en las pasadas elecciones regionales de Venezuela el 15 de octubre de 2017. Dicha tarjeta fue inhabilitada para colocarse en el tarjetón en siete estados del país una vez pesaran sobre ella causas legales en esas regiones, en base a denuncias contra la organización política MUD por cometer actos fraudulentos mediante la recolección de firmas para convocar a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en 2016.
En aquel momento tribunales venezolanos determinaron elementos plausibles de fraude en rúbricas, suplantación de identidad, así como otras irregularidades, dando lugar a una suspensión en esos estados de la tarjeta.
Como elemento adicional, la tarjeta Unidad MUD, que no tiene orgánica real como estructura política acorde a las leyes venezolanas, y que más bien es una tarjeta representativa de una coalición, tiene relevancia solo por ser un mecanismo auxiliar a las pugnas internas de la MUD y sus partidos. Los cuales usan o abandonan esa tarjeta acorde a los giros de las circunstancias e intereses que rodean al pequeño grupo de personas que controlan esa coalición.
Así que ese hecho desmonta cualquier señalamiento de la supuesta eliminación o criminalización de partidos políticos en Venezuela. La tarjeta Unidad MUD no es un partido real y bajo ese nombre se han cometido fraudes que la inhabilitan como mecanismo para optar a cargos públicos.
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