El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva
Credito: Archivo
02 de Septiembre.- El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva,
se dirigió hoy a los presidentes y expresidentes de los países amigos
de Brasil, denunciando el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma
Rousseff y la fuerta campaña que él y su partido, el PT, han sufrido.
Lula acusa a los opositores de no dudar en disparar un proceso de
destitución inconstitucional y completamente arbitrario contra la
presidenta de la República, y los intentos de proscribir tanto a su
persona, como a su partido, de la vida política de Brasil. A
continuación el texto de la carta:
"Estimado Presidente,
Me dirijo a usted para informarlo de la gravísima situación política e institucional que vive Brasil, país que tuve el honor de presidir de 2003 a 2010.
Tomo la libertad de escribirle en nombre del respeto y la amistad que existe entre nosotros, por los cuales estoy muy agradecido.
Me enorgullezco de haber conseguido unir a mi país en un proyecto de desarrollo económico con inclusión social, a pesar de la complejidad inherente a las grandes democracias y de los problemas crónicos de Brasil. Esto nos hizo dar un verdadero salto histórico en términos de crecimiento productivo, generación de empleos, distribución del ingreso, combate a la pobreza y ampliación de las oportunidades educacionales.
Por medios pacíficos y democráticos, fuimos capaces de sacar a Brasil del mapa del hambre en el mundo elaborado por la ONU, libramos de la miseria a más de 35 millones de personas que vivían en condiciones deshumanas, y elevamos a otros 40 millones a niveles medios de ingreso y consumo, en el mayor proceso de movilidad social de nuestra historia.
En el 2010, como se sabe, fui sucedido por la Presidenta Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, que había dedicado su vida a la lucha contra la dictadura militar, por la democracia y por los derechos de la población pobre de nuestro país.
Mismo enfrentando un escenario económico internacional adverso, la Presidenta Dilma consiguió mantener al país en el rumbo del desarrollo y consolidar los programas sociales emancipadores, continuando la reducción de las enormes desigualdades materiales y culturales todavía existentes en la sociedad brasileña.
En 2014, la Presidenta Dilma fue reelecta con 54 millones de votos, derrotando una poderosa coalición de partidos, empresas y medios de comunicación que pregonaba un retroceso histórico del país, con la reducción de importantes programas de inclusión social, la supresión de derechos básicos de las clases populares y la alienación del patrimonio público construido con el sacrificio de muchas generaciones de brasileños.
La coalición adversaria, derrotada en las urnas en 2002, 2006, 2010 y 2014, no se conformó con la derrota y desde la proclamación del resultado procuró impugnarlo por todos los medios legales, sin obtener ningún éxito.
Sin embargo, agotados los recursos legales, en vez de acatar la decisión soberana del electorado, retomando su legítimo trabajo de oposición, preparándose para disputar el próximo pleito presidencial – como siempre hizo el PT en las elecciones que perdió –, los partidos derrotados y los grandes grupos mediáticos se insurgieron contra las propias reglas del régimen democrático, pasando a sabotear el gobierno y a conspirar para adueñarse del poder por medios ilegítimos.
A lo largo de todo el año 2015, torpedearon de modo sistemático los esfuerzos del gobierno para redefinir la política económica en el sentido de resistir al creciente impacto de la crisis internacional y recuperar el crecimiento sustentable. Crearon un clima artificial de impase político e institucional, con efectos profundamente perjudiciales sobre la vida del país, contaminando el ambiente de negocios, dejando inseguros a productores y consumidores e inhibiendo las decisiones de inversión. En el afán de inviabilizar el gobierno, apostaron contra el país, llegando incluso hasta la aprobación en el parlamento de un conjunto de medidas onerosas e irresponsables destinadas a comprometer la estabilidad fiscal.
Finalmente, no vacilaron en desencadenar un proceso de impeachment inconstitucional completamente arbitrario contra la Presidenta de la República.
Dilma Rousseff es una mujer íntegra, cuya honestidad personal y pública es reconocida hasta por sus adversarios más encarnizados. Nunca fue ni está siendo acusada de ningún acto de corrupción. Nada en su acción gubernamental puede justificar, siquiera remotamente, un proceso de destitución del mandato que el pueblo brasileño libremente le confirió.
La Constitución brasileña es categórica a ese respecto: sin la existencia de un delito de responsabilidad, no puede haber impeachment. Y no hay ningún acto de la Presidenta Dilma – absolutamente ninguno – que pueda ser caracterizado como delito de responsabilidad. Los procedimientos contables utilizados como pretexto para la destitución de la Presidenta son idénticos a los adoptados por todos los gobiernos anteriores y por el propio vice-presidente Michel Temer en las ocasiones en que este substituyó a la Presidenta por motivo de viajes. Y nunca fueron motivo de condena a los gobernantes, mucho menos justificativa para destituirlos. Se trata, por lo tanto, de un proceso estrictamente político, lo que atenta frontalmente contra la Constitución y las reglas del sistema presidencialista, en el cual es el pueblo quien escoge directamente al Jefe de Estado y de Gobierno a cada cuatro años.
Las fuerzas conservadoras quieren obtener por medios espurios aquello que no consiguieron democráticamente: impedir la continuidad y el avance del proyecto de desarrollo e inclusión social liderado por el PT, imponiendo al país el programa político y económico derrotado en las urnas. Quieren a toda costa comandar el Estado para apoderarse del patrimonio nacional – como ya empieza a ocurrir con las reservas petrolíferas en aguas profundas – y desmontar la red de protección a los trabajadores y a los pobres que fue ampliada y consolidada en los últimos trece años.
Las mismas fuerzas que intentan arbitrariamente derrocar a la Presidenta Dilma, e implantar su agenda antipopular, quieren también criminalizar a los movimientos sociales y, sobre todo, a uno de los mayores partidos de la izquierda democrática de América Latina, que es el PT. Y no se trata de mera retórica autoritaria: El PSDB (PARTIDO DE LA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEÑA), principal partido de la oposición, ya presentó formalmente una propuesta para que se cancele el registro del PT, con el objetivo de prohibir su existencia. Temen que en el 2018, en elecciones libres, el pueblo brasileño vuelva a elegirme Presidente de la República para rescatar el proyecto democrático y popular.
La lucha contra la corrupción, que es un mal secular de Brasil y de tantos otros países, y que debe ser combatida de modo permanente por todos los gobiernos, fue distorsionada y transformada en una implacable persecución mediática y política al Partido de los Trabajadores. Denuncias contra líderes de partidos conservadores son sistemáticamente encubiertas y archivadas mientras que acusaciones similares contra cualquier personalidad del PT se tornan de inmediato, en contra del debido proceso legal, en una condenación irrevocable en la mayor parte de los medios de comunicación.
La verdad es que el combate a la corrupción en Brasil pasó a ser mucho más vigoroso y eficaz a partir de los gobiernos del PT, respetando algo que antes no existía, la plena autonomía del Ministerio Público y de la Policía Federal en el ejercicio de sus atribuciones; el aumento del presupuesto, del cuadro de funcionarios y la modernización tecnológica de esas instituciones y de los demás órganos de control; la nueva ley de acceso a la información y la divulgación de las cuentas públicas en internet; los acuerdos de cooperación internacional en el enfrentamiento de la corrupción; y el establecimiento de penas mucho más rigorosas para corruptos y miembros de organizaciones criminales.
Todos nosotros, demócratas, interesados en el perfeccionamiento institucional del país, apoyamos el combate a la corrupción. Las personas que comprobadamente hubiesen cometido delitos, deben pagar por ellos, dentro de la ley. Pero los jueces, promotores (accionantes) y policías también están obligados a cumplir la ley y no pueden abusar de su poder contra los derechos de los ciudadanos. Las personas no pueden ser públicamente condenadas (y tener su reputación destruida) antes de la conclusión del debido proceso legal, y menos todavía por medio de la filtración deliberada de informaciones practicada por las propias autoridades con fines políticos. Una justicia discriminatoria y partidarizada será fatalmente una justicia injusta.
Yo, personalmente, no temo a ninguna investigación. Desde que comencé mi trayectoria política y, particularmente en los últimos dos años, tuve toda mi vida pública y familiar indagada – viajes, llamadas, sigilo fiscal y bancario –, fui objeto de todo tipo de insinuaciones, mentiras y ataques publicados como verdad absoluta por los medios, sin que se haya encontrado cualquier desvío en mi conducta o prueba de involucramiento en cualquier acto irregular. Si la justicia es imparcial, las acusaciones contra mi jamás prosperaran. Lo que no puedo aceptar son los actos de flagrante ilegalidad y parcialidad practicados contra mí y mis familiares por autoridades policiales y judiciales. Es inadmisible la divulgación en la televisión de conversaciones telefónicas sin ningún contenido político, la coacción de detenidos para que hagan denuncias falsas contra mí a cambio de su liberación, o la retención forzada, completamente ilegal, ocurrida en marzo último, para prestar declaraciones de las cuales yo ni siquiera había sido notificado.
Por eso, mis abogados entraron con una representación en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, relatando los abusos cometidos por algunas autoridades judiciales que quieren a toda costa eliminarme de la vida política del país.
Mi trayectoria de más de 40 años de militancia democrática, que comenzó en la resistencia sindical durante los años sombríos de la dictadura, prosiguió en el esfuerzo cotidiano de concientizar y organizar la sociedad brasileña por la base, hasta ser electo como el primer Presidente de la República de origen obrero, es mi mayor patrimonio y a él nadie me hará renunciar. Los vínculos de fraternidad que construí con los brasileños y brasileñas en la ciudad y en el campo, en las favelas y en las fábricas, en las iglesias, en las escuelas y universidades, y que llevaron a la mayoría de nuestro pueblo a apoyar el victorioso proyecto de inclusión social y de promoción de la dignidad humana, no serán cancelados por ningún tipo de arbitrariedad. De la misma forma, nada me hará renunciar, como saben los líderes de todo el mundo con los cuales trabajé en armonía y estrecha cooperación - antes, durante y después de mis mandatos presidenciales - del compromiso de vida con la construcción de un mundo sin guerras, sin hambre, con más prosperidad y justicia para todos.
Agradezco desde ya la generosa atención que usted le dedicó a este mensaje y me coloco a disposición, como siempre estuve, para cualquier aclaración o reflexión de interés común.
Reiterando mi respeto y amistad, me despido fraternalmente.
Luiz Inácio Lula da Silva"
Traducida del portugués por Anisio Pires
"Estimado Presidente,
Me dirijo a usted para informarlo de la gravísima situación política e institucional que vive Brasil, país que tuve el honor de presidir de 2003 a 2010.
Tomo la libertad de escribirle en nombre del respeto y la amistad que existe entre nosotros, por los cuales estoy muy agradecido.
Me enorgullezco de haber conseguido unir a mi país en un proyecto de desarrollo económico con inclusión social, a pesar de la complejidad inherente a las grandes democracias y de los problemas crónicos de Brasil. Esto nos hizo dar un verdadero salto histórico en términos de crecimiento productivo, generación de empleos, distribución del ingreso, combate a la pobreza y ampliación de las oportunidades educacionales.
Por medios pacíficos y democráticos, fuimos capaces de sacar a Brasil del mapa del hambre en el mundo elaborado por la ONU, libramos de la miseria a más de 35 millones de personas que vivían en condiciones deshumanas, y elevamos a otros 40 millones a niveles medios de ingreso y consumo, en el mayor proceso de movilidad social de nuestra historia.
En el 2010, como se sabe, fui sucedido por la Presidenta Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, que había dedicado su vida a la lucha contra la dictadura militar, por la democracia y por los derechos de la población pobre de nuestro país.
Mismo enfrentando un escenario económico internacional adverso, la Presidenta Dilma consiguió mantener al país en el rumbo del desarrollo y consolidar los programas sociales emancipadores, continuando la reducción de las enormes desigualdades materiales y culturales todavía existentes en la sociedad brasileña.
En 2014, la Presidenta Dilma fue reelecta con 54 millones de votos, derrotando una poderosa coalición de partidos, empresas y medios de comunicación que pregonaba un retroceso histórico del país, con la reducción de importantes programas de inclusión social, la supresión de derechos básicos de las clases populares y la alienación del patrimonio público construido con el sacrificio de muchas generaciones de brasileños.
La coalición adversaria, derrotada en las urnas en 2002, 2006, 2010 y 2014, no se conformó con la derrota y desde la proclamación del resultado procuró impugnarlo por todos los medios legales, sin obtener ningún éxito.
Sin embargo, agotados los recursos legales, en vez de acatar la decisión soberana del electorado, retomando su legítimo trabajo de oposición, preparándose para disputar el próximo pleito presidencial – como siempre hizo el PT en las elecciones que perdió –, los partidos derrotados y los grandes grupos mediáticos se insurgieron contra las propias reglas del régimen democrático, pasando a sabotear el gobierno y a conspirar para adueñarse del poder por medios ilegítimos.
A lo largo de todo el año 2015, torpedearon de modo sistemático los esfuerzos del gobierno para redefinir la política económica en el sentido de resistir al creciente impacto de la crisis internacional y recuperar el crecimiento sustentable. Crearon un clima artificial de impase político e institucional, con efectos profundamente perjudiciales sobre la vida del país, contaminando el ambiente de negocios, dejando inseguros a productores y consumidores e inhibiendo las decisiones de inversión. En el afán de inviabilizar el gobierno, apostaron contra el país, llegando incluso hasta la aprobación en el parlamento de un conjunto de medidas onerosas e irresponsables destinadas a comprometer la estabilidad fiscal.
Finalmente, no vacilaron en desencadenar un proceso de impeachment inconstitucional completamente arbitrario contra la Presidenta de la República.
Dilma Rousseff es una mujer íntegra, cuya honestidad personal y pública es reconocida hasta por sus adversarios más encarnizados. Nunca fue ni está siendo acusada de ningún acto de corrupción. Nada en su acción gubernamental puede justificar, siquiera remotamente, un proceso de destitución del mandato que el pueblo brasileño libremente le confirió.
La Constitución brasileña es categórica a ese respecto: sin la existencia de un delito de responsabilidad, no puede haber impeachment. Y no hay ningún acto de la Presidenta Dilma – absolutamente ninguno – que pueda ser caracterizado como delito de responsabilidad. Los procedimientos contables utilizados como pretexto para la destitución de la Presidenta son idénticos a los adoptados por todos los gobiernos anteriores y por el propio vice-presidente Michel Temer en las ocasiones en que este substituyó a la Presidenta por motivo de viajes. Y nunca fueron motivo de condena a los gobernantes, mucho menos justificativa para destituirlos. Se trata, por lo tanto, de un proceso estrictamente político, lo que atenta frontalmente contra la Constitución y las reglas del sistema presidencialista, en el cual es el pueblo quien escoge directamente al Jefe de Estado y de Gobierno a cada cuatro años.
Las fuerzas conservadoras quieren obtener por medios espurios aquello que no consiguieron democráticamente: impedir la continuidad y el avance del proyecto de desarrollo e inclusión social liderado por el PT, imponiendo al país el programa político y económico derrotado en las urnas. Quieren a toda costa comandar el Estado para apoderarse del patrimonio nacional – como ya empieza a ocurrir con las reservas petrolíferas en aguas profundas – y desmontar la red de protección a los trabajadores y a los pobres que fue ampliada y consolidada en los últimos trece años.
Las mismas fuerzas que intentan arbitrariamente derrocar a la Presidenta Dilma, e implantar su agenda antipopular, quieren también criminalizar a los movimientos sociales y, sobre todo, a uno de los mayores partidos de la izquierda democrática de América Latina, que es el PT. Y no se trata de mera retórica autoritaria: El PSDB (PARTIDO DE LA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEÑA), principal partido de la oposición, ya presentó formalmente una propuesta para que se cancele el registro del PT, con el objetivo de prohibir su existencia. Temen que en el 2018, en elecciones libres, el pueblo brasileño vuelva a elegirme Presidente de la República para rescatar el proyecto democrático y popular.
La lucha contra la corrupción, que es un mal secular de Brasil y de tantos otros países, y que debe ser combatida de modo permanente por todos los gobiernos, fue distorsionada y transformada en una implacable persecución mediática y política al Partido de los Trabajadores. Denuncias contra líderes de partidos conservadores son sistemáticamente encubiertas y archivadas mientras que acusaciones similares contra cualquier personalidad del PT se tornan de inmediato, en contra del debido proceso legal, en una condenación irrevocable en la mayor parte de los medios de comunicación.
La verdad es que el combate a la corrupción en Brasil pasó a ser mucho más vigoroso y eficaz a partir de los gobiernos del PT, respetando algo que antes no existía, la plena autonomía del Ministerio Público y de la Policía Federal en el ejercicio de sus atribuciones; el aumento del presupuesto, del cuadro de funcionarios y la modernización tecnológica de esas instituciones y de los demás órganos de control; la nueva ley de acceso a la información y la divulgación de las cuentas públicas en internet; los acuerdos de cooperación internacional en el enfrentamiento de la corrupción; y el establecimiento de penas mucho más rigorosas para corruptos y miembros de organizaciones criminales.
Todos nosotros, demócratas, interesados en el perfeccionamiento institucional del país, apoyamos el combate a la corrupción. Las personas que comprobadamente hubiesen cometido delitos, deben pagar por ellos, dentro de la ley. Pero los jueces, promotores (accionantes) y policías también están obligados a cumplir la ley y no pueden abusar de su poder contra los derechos de los ciudadanos. Las personas no pueden ser públicamente condenadas (y tener su reputación destruida) antes de la conclusión del debido proceso legal, y menos todavía por medio de la filtración deliberada de informaciones practicada por las propias autoridades con fines políticos. Una justicia discriminatoria y partidarizada será fatalmente una justicia injusta.
Yo, personalmente, no temo a ninguna investigación. Desde que comencé mi trayectoria política y, particularmente en los últimos dos años, tuve toda mi vida pública y familiar indagada – viajes, llamadas, sigilo fiscal y bancario –, fui objeto de todo tipo de insinuaciones, mentiras y ataques publicados como verdad absoluta por los medios, sin que se haya encontrado cualquier desvío en mi conducta o prueba de involucramiento en cualquier acto irregular. Si la justicia es imparcial, las acusaciones contra mi jamás prosperaran. Lo que no puedo aceptar son los actos de flagrante ilegalidad y parcialidad practicados contra mí y mis familiares por autoridades policiales y judiciales. Es inadmisible la divulgación en la televisión de conversaciones telefónicas sin ningún contenido político, la coacción de detenidos para que hagan denuncias falsas contra mí a cambio de su liberación, o la retención forzada, completamente ilegal, ocurrida en marzo último, para prestar declaraciones de las cuales yo ni siquiera había sido notificado.
Por eso, mis abogados entraron con una representación en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, relatando los abusos cometidos por algunas autoridades judiciales que quieren a toda costa eliminarme de la vida política del país.
Mi trayectoria de más de 40 años de militancia democrática, que comenzó en la resistencia sindical durante los años sombríos de la dictadura, prosiguió en el esfuerzo cotidiano de concientizar y organizar la sociedad brasileña por la base, hasta ser electo como el primer Presidente de la República de origen obrero, es mi mayor patrimonio y a él nadie me hará renunciar. Los vínculos de fraternidad que construí con los brasileños y brasileñas en la ciudad y en el campo, en las favelas y en las fábricas, en las iglesias, en las escuelas y universidades, y que llevaron a la mayoría de nuestro pueblo a apoyar el victorioso proyecto de inclusión social y de promoción de la dignidad humana, no serán cancelados por ningún tipo de arbitrariedad. De la misma forma, nada me hará renunciar, como saben los líderes de todo el mundo con los cuales trabajé en armonía y estrecha cooperación - antes, durante y después de mis mandatos presidenciales - del compromiso de vida con la construcción de un mundo sin guerras, sin hambre, con más prosperidad y justicia para todos.
Agradezco desde ya la generosa atención que usted le dedicó a este mensaje y me coloco a disposición, como siempre estuve, para cualquier aclaración o reflexión de interés común.
Reiterando mi respeto y amistad, me despido fraternalmente.
Luiz Inácio Lula da Silva"
Traducida del portugués por Anisio Pires
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