Este sábado 30.08.2014, miembros del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) acudieron nuevamente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) con el propósito de constatar el respeto a la integridad física y las condiciones de reclusión de los ciudadanos que permanecen detenidos en dicha sede policial.
Esta segunda visita de Provea a este recinto policial ubicado en El Helicoide se produjo luego que el pasado 27.08.2014 efectivos del Sebin, impedieron el ingreso de nuestro equipo a las instalaciones para visitar a los detenidos, alegando haber recibido órdenes superiores.
El jueves 28.08.2014, después de las gestiones realizadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se realizó una reunión entre el Director General del organismo policial y miembros del Equipo Coordinador de Provea en la que el funcionario se comprometió -en presencia del Director General de Actuaciones Procesales del Ministerio Público- a garantizar nuestro ingreso al Sebin en El Helicoide para visitar a todos los detenidos, incluso a los funcionarios policiales que permanecen allí recluidos.
El Estado venezolano debe adoptar medidas para generar un entorno seguro y propicio en el que las organizaciones y activistas de derechos humanos puedan ejercer sus funciones sin obstáculos ni impedimentos
Este sábado, el Director del Sebin, Gustavo González López, incumplió el acuerdo alcanzado en la referida reunión, que entre otras cosas contemplaba el acceso de Provea sin ningún tipo de restricciones para conversar con todos los detenidos y verificar el respeto a sus derechos.
Nuevamente funcionarios de la policía política impusieron restricciones a la visita de Provea alegando órdenes superiores, por lo que solo se nos permitió hablar con la estudiante Sairam Rivas. El mayor general Gustavo González no sólo incumplió el compromiso que asumió con Provea, sino que además irrespetó las gestiones que realizó la Fiscalía General de la República para facilitar nuestra labor de verificar el apego a los principios y normas constitucionales, y a los estándares internacionales de derechos humanos para proteger a personas privadas de libertad.
Sairam Rivas
Conversamos con Sairam Rivas, quien nos aseguró que ella y el resto de los jóvenes detenidos en la sede del Sebin se encuentran en buen estado de salud. Confirmó que solo puede ser visitada por familiares y su abogado, y comentó que incluso la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, había realizado gestiones para visitarla pero se le negó dicha petición.
Sairam, al igual que aquellos que siguen detenidos o procesados penalmente luego de haber ejercido su derecho a la manifestación pacífica, se han convertido en un claro ejemplo de la criminalización de la protesta social en Venezuela.
Con la joven, conversamos por más de una hora sin ninguna restricción de tiempo. Sin embargo, los funcionarios policiales no permitieron que el encuentro se realizara en privado, lo que constituye una situación irregular que eventualmente pudiera lesionar el derecho de los detenidos a hablar en privado con sus defensores o, en este caso, con una ONG de derechos humanos. Entre febrero y mayo de 2014, estas irregularidades se produjeron con mucha frecuencia en los centros de detención en los que se les prohibía a los detenidos hablar en privado con sus abogados defensores antes de las audiencias de presentación o para que estos conocieran posibles denuncias de malos tratos. Ello es violatorio de estándares nacionales e internacionales que garantizan derechos a privados de libertad.
Este martes 02.09.2014 se realizará la audiencia de juicio en el caso seguido contra Sairam Rivas. La estudiante, acusada de tres delitos, fue detenida arbitrariamente el pasado 08.05.2014 en la Plaza Alfredo Sadel de Caracas, luego que la Guardia Nacional Bolivariana desalojara a las personas que permanecían allí realizando un campamento, una expresión legítima de manifestación pacífica. En días previos al desalojo, la propia Organización de Naciones Unidas había exhortado al Ejecutivo Nacional a que respetara estas formas de protesta pacífica y garantizara la integridad y el respeto a los derechos constitucionales de los manifestantes, el Gobierno Nacional desoyó esas peticiones y detuvo a más de 300 personas. La mayoría se encuentra en libertad, pero Sairam ya tiene más de 100 días detenida en la sede del SEBIN.
Provea protestará ante incumplimiento de acuerdos
Este lunes 01.09.2014 Provea enviará una comunicación al Director General del Sebin en protesta ante la situación ocurrida e instándolo a que respete y cumpla los acuerdos asumidos.
No entendemos por qué, si tal como afirma el Gobierno se respeta la integridad física de los detenidos, se insiste en impedir y obstaculizar la labor de una ONG como Provea de velar precisamente por el respeto a los derechos de los jóvenes recluidos en el Sebin. A lo largo de nuestra historia hemos monitoreado y verificado la situación de las personas privadas de libertad en el país y el respeto a sus derechos.
En circunstancias políticas complejas como los golpes de estado del 92 y 2002, Provea actuó para velar por el respeto a la integridad física y el tratamiento adecuado a los detenidos en ambas circunstancias, en esta ocasión somos consecuentes con nuestro mandato como organización de derechos humanos.
Reiteramos que el Estado venezolano debe adoptar medidas para generar un entorno seguro y propicio en el que las organizaciones y activistas de derechos humanos puedan ejercer sus funciones sin obstáculos ni impedimentos.
Obstaculizar el trabajo de las ONG e impedir su contacto con personas detenidas, contraviene los estándares en materia de prevención de tortura y posibilita violaciones de derechos humanos. Provea insistirá hasta que se cumplan los acuerdos y se levanten las restricciones impuestas a los detenidos. (Prensa Provea, 30.08.2014)
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