Durante presentación de informe sobre esta materia en Ginebra, Suiza
(Caracas, 29 de junio de 2015) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, que en Venezuela se ha creado un modelo civil profesional, predominantemente preventivo y respetuoso de los derechos humanos.
Durante la presentación del informe sobre los avances del país en materia de derechos civiles y políticos, Ortega Díaz destacó que actualmente en el país se ejecutan acciones que hacen efectivas las responsabilidades de los funcionarios del Estado.
En este sentido, expresó que el derecho a la vida es sagrado e inviolable, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Indicó que se ha concebido la seguridad ciudadana con el fin de lograr la protección de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la vida, integridad física, propiedades o disfrutes de sus derechos humanos.
Ortega Díaz explicó que en el país se diseñó como política pública la “ Gran Misión A Toda Vida Venezuela”, en la cual confluyen diversas instituciones con el objetivo de satisfacer los derechos de las personas y, en consecuencia, tratar de disminuir los factores generadores de violencia.
Igualmente, dijo que este programa social representa una concepción integran con énfasis en lo preventivo, el cual incluye un Sistema Nacional de Atención a las Víctimas como esta establecido en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“El Estado venezolano ratifica su compromiso en garantizar los derechos de todos sus ciudadanos. No nos está permitido, por nuestro ordenamiento jurídico interno, sacrificar derechos ni libertades en nombre de la seguridad”, sostuvo la Fiscal General.
También dentro de la referida misión, se creó el Movimiento por la Paz y la Vida que trabaja en el fortalecimiento de la vida comunitaria.
Por otro lado, la máxima representante del Ministerio Público habló sobre los esfuerzos del Estado por controlar y contener la criminalidad, por lo que en los últimos años se ha trabajado para elevar la capacitación técnica y profesional de la policía con la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en 2009.
También mencionó que en 2013 se promulgó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, como primer paso en la construcción de una institucionalidad efectiva con el fin de lograr el monopolio de las armas en manos del Estado.
La Fiscal General subrayó que dentro de esta política se emprendió una campaña de desarme voluntario y la destrucción de 26.518 armas de fuego durante el año 2014.
Adicionalmente, estas acciones se complementaron con el trabajo emprendido por los cuerpos de seguridad para identificar y desmantelar bandas delictivas armadas.
Derecho a la integridad personal
En cuanto a la prohibición de la tortura y los tratos crueles, Ortega Díaz indicó que actualmente existe en el país una legislación especial en esta materia que se integra con la Ley de Protección a Víctimas y Testigos.
Precisó que durante los años 2014 y 2015 se han procesado 80 casos de torturas, mientras que por delitos de tratos crueles se tramitan 1.508 causas.
Otro aspectos destacado por la Fiscal General es que Venezuela cuenta desde 2008 con una Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales y un laboratorio con especialistas en criminalística y ciencias forenses dentro del Ministerio Público, las cuales se encuentran fuera del área de influencia de los organismos de seguridad.
Durante 2014, la referida unidad procesó 15 mil 929 pruebas periciales en materia de derechos humanos.
Pasado represivo
En la presentación del informe, Ortega Díaz recordó que anteriormente el país hubo un escenario de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de personas cometidos por los órganos de seguridad durante el período comprendido entre 1958 y 1998 debido a razones políticas.
Sobre esas acciones, recordó las masacres de Yumare, Cantaura, El Amparo y El Caracazo, esta última a calificó como la más brutal represión armada y violación a los derechos humanos ocurrida en el país.
Expuso que para la reconstrucción de la memoria colectiva, actualmente se efectúan importantes investigaciones para sancionar estas actuaciones contra la ciudadanía en la etapa antes mencionada.
En esta oportunidad, resaltó el papel mediador del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo con sectores sociales y políticos del país, entre los que se hallan víctimas y familiares de procesados.
Refirió que desde el Estado se atiende a los privados de libertad para garantizarles sus derechos, por lo que pueden reunirse con sus familiares, abogados y amigos.
Respecto a la celeridad procesal, explicó que actualmente se constituyen tribunales penales itinerantes, así como fiscales de protección de derechos fundamentales y defensores del pueblo.
La Fiscal General también mencionó el avance en el país sobre los derechos de los grupos vulnerables consagrados en la Carta Magna.
Dejó claro que en Venezuela la libertad de expresión y de pensamiento son derechos, para cuyo ejercicio los venezolanos pueden valerse de cualquier medio de comunicación.
Asimismo, indicó que las personas tienen la libertad de elegir sus autoridades y representantes por medio de un sistema electoral totalmente transparente y auditable.
Ofensiva violenta para deponer a las autoridades
Dentro de su disertación, la alta funcionaria del Estado venezolano subrayó el derecho a la reunión y manifestación pacífica, el cual está condicionado a que tenga ese carácter y sea sin armas. Explicó que de estar ausente esta cualidad, dejaría de ser un derecho.
En este contexto, habló sobre los hechos ocurridos en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014 paradeponer las legítimas autoridades escogidas por el pueblo en elecciones libres.
Resaltó que tales acciones consistían en la obstaculización de vías con barricadas, saqueos, uso de sustancias peligrosas, daños a oficinas públicas y privadas, entre otras.
Subrayó que estos hechos constituyeron violaciones a los derechos y libertades del resto de la población.
Durante la intervención, expuso que en esta oportunidad 878 ciudadanos resultaron lesionados, de los cuales 278 eran funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, mientras 43 personas fallecieron.
Ortega Díaz finalizó aseverando que en el marco de estos acontecimientos, fue necesaria la actuación del Estado venezolano, por lo que resultaron aprehendidas varias personas en flagrante comisión de delitos, siendo puestos a la orden de los tribunales respectivos.
WRR
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