El ciclo de persecución financiera contra Pdvsa comenzó en 2011. En ese año la estatal petrolera venezolana fue sancionada por el Departamento de Estado, dirigido en ese tiempo por Hillary Clinton, bajo el Acta de Sanciones contra Irán (ISA) emitido en 1996 y reformulado en el año 2010.
Cronología del asedio financiero contra Pdvsa
Esta primera sanción, aunque no afectó el comercio petrolero entre ambos países, impidió a Pdvsa competir por contratos en Estados Unidos además de bloquear el financiamiento para apuntalar actividades de importación y exportación en territorio estadounidense.
De ahí en adelante el ciclo de persecución, sanciones selectivas y bloqueo financiero se ha agudizado contra la principal industria del país, posicionándola a su vez como un objetivo de la política exterior de Estados Unidos producto de las alianzas con bloques emergentes de poder (encabezados por Rusia, China e Irán) que ha tejido desde su nacionalización en 2007.
En ese marco de agresiones, en el año 2016 bajo sospechas no clarificadas ni posteriormente comprobadas, el ex Fiscal Federal de New York, Preet Bharara, exigió a 18 bancos suizos que entregaran informaciones para develar un supuesto esquema de lavado de dinero que incluía a varios altos directivos de la empresa estatal.
La acumulación preliminar de "pruebas" apuntaba a construir un caso judicial contra Pdvsa, previendo la aplicación en el mediano plazo de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales (RICO).
La remoción de Bharara como Fiscal de New York por parte de la Administración Trump el 12 de marzo de 2017 desinfló momentáneamente el caso mas no sus objetivos. El pasado 20 de mayo, fiscales federales estadounidenses en condición de anonimato comentaron a la agencia Argus que se preparan sendas acusaciones judiciales contra Pdvsa sobre la base de los dos instrumentos mencionados con anterioridad.
Esta maniobra de criminalización judicial, en un primer momento, tendría como objetivo -declarado por los fiscales citados- inhibir a prestamistas y empresas petroleras radicadas en Estados Unidos o propiedad de ciudadanos estadounidenses, de realizar negocios con Pdvsa, ante el temor de verse involucrados y afectados por sostener relaciones con una empresa tildada como corrupta y criminal de acuerdo a la legislación norteamericana. Una maniobra en búsqueda de concretar por la vía judicial el bloqueo financiero contra Pdvsa, ante la imposibilidad momentánea de fabricar una situación de impago (default).
El asedio a Pdvsa busca justificar medidas gringas de mayor peso y agresividad
Esta maniobra no es espontánea
El tratamiento forzado de Pdvsa como un caso de "corrupción empresarial" según las leyes de los Estados Unidos, a su vez, forma parte del nuevo enfoque de Seguridad Nacional y Hemisférica de la Administración Trump, que unifica las líneas de mando y directrices operativas del Departamento de Defensa y el Comando Sur.
En ese marco, las principales amenazas (funcionales también como instrumentos de intervención política, militar, diplomática y financiera en la región) de este enfoque serían el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el "terrorismo islámico" vinculado a la inmigración.
El tratamiento de Pdvsa como una "empresa criminal" sin soportes ni pruebas sólidas, acusándola de sostener prácticas similares a organizaciones del crimen organizado transnacional, otorgaría una estatura superior y especial al asedio contra Pdvsa en pro de justificar medidas de mayor peso y agresividad, en el marco de las nuevas directrices que emanan de este nuevo enfoque de la Administración Trump.
Es necesario repetir, entonces, el antecedente que engloba las líneas políticas del asedio financiero contra Pdvsa: el 9 de marzo de 2014, tras una orden ejecutiva firmada por el ex presidente Barack Obama y renovada por tres años consecutivos, Venezuela fue declarada como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El triángulo Pdvsa-Citgo-Rosneft
El 23 de diciembre del año 2016, Pdvsa colocó como garantía el 49,9% de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo, con el fin de conseguir un préstamo de 1 mil 500 millones de dólares para cubrir distintas obligaciones financieras de la empresa. La negociación se realizó con la empresa rusa Rosneft, la cual no significó ceder activos ni acciones, ni como afirmaron voceros financiero de las oposición, "hipotecar Citgo". La utilización de acciones como garantía colateral, en términos estrictamente financieros, no guarda ninguna especialidad ya que otras empresas petroleras del mundo han recurrido a mecanismos similares de financiación.
Pero sí la tiene en términos políticos.
Buscando deslegitimar la operación, el 6 de abril de 2017 el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos, Jeff Duncan, y uno de sus miembros principales, Albio Sires, enviaron un documento al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para que de forma inmediata tratara el tema en el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (Cifus).
El tema Pdvsa-Citgo-Rosneft poco tiene que ver con el campo financiero
Jeff Duncan en el documento expresó que el reciente acuerdo de préstamo entre Rusia y Venezuela que involucra las refinerías de Citgo, sus oleoductos y terminales, representa una clara amenaza para la seguridad energética de Estados Unidos, ya que ante un eventual default al préstamo o de la deuda de Pdvsa en general, la sexta refinería del país quedaría parcialmente bajo dominio de Rosneft. En 2016, los bancos JP Morgan y Citibank intentaron fabricar un impago de Pdvsa buscando paralizar su producción y el ingreso de divisas al país, necesarias para la importación de alimentos y medicinas en un momento económico complicado.
Un mes antes, varios legisladores estadounidenses involucrados en las sanciones contra Venezuela, capitaneados esta oportunidad por Bob Menendez, escribieron una carta al Secretario del Tesoro. "Estamos muy preocupados de que el control de un importante proveedor de energía de Estados Unidos en manos de Rosneft podría representar una grave amenaza para la seguridad energética de América, afectar el flujo y el precio de la gasolina para los consumidores estadounidenses, y exponer la infraestructura crítica de Estados Unidos a amenazas a la seguridad nacional", apuntaba el documento.
Recientemente, hace tan sólo dos semanas, durante una audiencia ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, Menendez increpó a Mnuchin con respecto a la carta enviada, a lo que el Secretario del Tesoro respondió que efectivamente es un tema de seguridad nacional y está siendo canalizado por el Cifus.
La preocupación sobre las alianzas petroleras entre Rusia y Venezuela, y el control hipotético de Rosneft sobre algunas operaciones de Citgo ante un eventual impago del préstamo por parte de Pdvsa, tiene poco que ver con el campo financiero. Incluso Arabia Suadí controla directamente la refinería más grande en Estados Unidos.
El tema de la "injerencia rusa"
La política interna de Estados Unidos está marcada actualmente por la supuesta "interferencia rusa" durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, en las que resultó ganador Donald Trump. Es el tema que marca la agenda política de Estados Unidos.
Incluso en un escenario de recalentamiento de las tensiones geopolíticas globales con los bloques emergentes de poder (Rusia, China e Irán), esa narrativa ha sido utilizada por poderosos grupos del establishment estadounidense en política exterior para unificar a sus aliados y presionar a los neutrales en función de la "amenaza rusa" y los peligros a la seguridad nacional de Estados Unidos y del denominado "mundo libre".
Ese escenario encuentra como principales actores a las agencias de seguridad (CIA, FBI, NSA), que protagonizan una intensa pugna política por demostrar la veracidad o no de la supuesta injerencia.
En el marco de esa agenda se intenta vincular la operación Pdvsa-Citgo-Rosneft, en busca de acumular factores que fortalezcan la narrativa de la "injerencia rusa". Desde el año 2014, producto del conflicto armado en Ucrania, Rosneft es una de las empresas sancionadas por Estados Unidos.
El objetivo estratégico es golpear el principal sostén económico de Venezuela
Buscarían en una sola maniobra recalentar la conflictividad con Rusia y afectar su esquema de alianzas internacionales en el urgente e imprescindible frente venezolano como centro de gravedad político de Latinoamérica. La clave geopolítica que le da sentido práctico a las maniobras de persecución contra Pdvsa como un importante activo político y financiero ligado a bloques emergentes de poder que disputan actualmente la hegemonía global de Estados Unidos.
Ahora bien, que las alianzas petroleras entre Rusia y Venezuela sean abordadas como un problema de seguridad nacional por Estados Unidos, le endosa un estatus que va redirigiendo las maniobras de asedio financiero hacia medidas coercitivas de alto impacto. Legitima automáticamente que dichas acciones puedan tomarse en el mediano plazo y rebasen canales como el Congreso estadounidense, dejando en los decisores del aparato de seguridad la ejecución de las acciones, su diseño, planificación e intensidad.
Es en ese sentido que se le adjudica al conflicto con Pdvsa -una maniobra de embargo contra Citgo (vía orden ejecutiva) podría estarse evaluando como una opción factible-, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional energética de Estados Unidos del "peligro ruso" vinculado a Venezuela, mientras avanza una seria amenaza de impeachment al presidente Donald Trump bajo el mismo argumento.
Al no poder lograr un embargo de activos de Pdvsa que paralice sustancialmente el ingreso de divisas hacia Venezuela por la vía del default, o por la ruta alterna de bloquear financieramente a la estatal petrolera a partir de un caso judicial momentáneamente, presionar por medidas coercitivas (embargos, sanciones que limiten el financiamiento externo de empresas aliadas, amenaza de suspender licencias por parte del Departamento del Tesoro a empresas vinculadas con Pdvsa) con base a supuestas amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos parece ser la opción más inmediata para cristalizar el objetivo estratégico de golpear al principal sostén económico de Venezuela.
Tratar la operación financiera como un asunto de seguridad nacional es una excusa para cristalizar este propósito geopolítico.
Maniobra que sería fundamental para seguir sumando factores económicos a la agenda de golpe de Estado contra Venezuela, que aceleraría su plan político de arruinar a Venezuela para adquirirla a bajo costo. Limitaría a su vez las inversiones de Rusia, China e Irán, sus principales rivales geopolíticos, en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo.
En un contexto donde la capacidad política y de movilización del antichavismo muestra signos de desgaste, estas maniobras podrían estarse evaluando para caotizar económicamente a Venezuela al paralizar su principal fuente de ingresos. Sirviendo el escenario para el aumento necesario de la violencia para acercarse al objetivo de destituir al chavismo del poder.
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