La Contraloría de la República de Colombia evalúo la gestión de los recursos de regalías usados en el plan de alimentación para los niños pobres de La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la desnutrición y el hambre.
De acuerdo al medio colombiano El Tiempo, la Contraloría encontró que el Programa de Alimentación Escolar de ese país (PAE) en 15 municipios del departamento durante el 2014 y el 2015, además del dinero usado para los paquetes nutricionales de niños de 0 a 5 años y de las madres lactantes, en ese periodo se habrían generado pérdidas por 16.792 millones de pesos colombianos.
Todo indica que la mayoría de los casos se dan porque el departamento –que recibe millonarios giros de regalías cada año, pero que es uno de los que tiene más población pobre– pagó valores de más por ración a los contratistas, que a su vez daban alimentos que no cumplían con el gramaje ni con las especificaciones de lo contratado. Esta situación se dio principalmente en Manaure, Uribia y Maicao.
La Contraloría indica que “las deficiencias señaladas afectaron la atención óptima de los niños, niñas y adolescentes, siendo más grave aún si se tiene en cuenta que el PAE solo contempla un aporte nutricional del 20% para complementos alimenticios en la jornada de la mañana o tarde, y 30% para complemento de almuerzos”.
El gobernador encargado del departamento, Jorge Enrique Vélez, decidió que para evitar estas irregularidades no se renovará los contratos con los cuestionados operadores y se entregará el manejo de la alimentación de los niños a la Iglesia para evitar que la corrupción siga campeando.
En la evaluación de la Contraloría, realizada entre marzo y julio de este año, se encontró que el Consorcio Alimentemos Juntos recibió el año pasado al menos 4.920 millones de pesos de más por la alimentación de los niños.
La representante legal de esa empresa es Ivis del Carmen Rosado Robles, quien –según reseña El Tiempo– también figura en ese mismo cargo en el Consorcio Primero la Nutrición y de Asoalimentarce, otras de las firmas cuestionadas.
Primero Nutirición cobró 200 paquetes alimentarios “que presuntamente no fueron suministrados ni transportados, y los que en efecto fueron pagados”, mientras que Asoalimentarce fue denunciada por los malos manejos en la alimentación escolar de los niños, al igual que Kábala, cuya representante es María Angélica Araújo Noguera, quien también figura en el mismo cargo del Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira.
Algunas de esas firmas también manejan millonarios contratos de alimentación de la tercera edad.
En la investigación, refiere El Tiempo, el organismo también encontró productos de origen venezolano que se repartieron entre la población a pesar de no tener registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), registro sanitario ni certificado de importación.
“La distribución de los alimentos perecederos se hace hasta en un lapso de dos semanas, afectando así la calidad del producto y poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios”, dice la investigación de la Contraloría.
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