Manifestación en protesta por la detención de Gültan Kisanak, alcaldesa de Diyarbakir.
Credito: Reuters
31-10-16.-La deriva liberticida emprendida por las autoridades de
Turquía no ha dado un respiro ni este sábado, el mismo día de la
conmemoración del 93 aniversario de la proclamación de la República. Al
filo de la medianoche, y mediante un decreto ley de estado de
emergencia, el Gobierno ordenó el despido de 1267 profesores
universitarios y 10.158 funcionarios. Los decretos 675 y 676 acabaron
además con las elecciones a rector en las universidades y cerraron 15
medios de comunicación.
La decisión ejecutiva confirma que el objetivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan no es sólo el entorno de la cofradía de su ex aliado, el predicador Fethullah Gülen -acusado de orquestar el golpe de Estado fallido del 15-J- sino todo elemento opositor que en algún momento haya simpatizado con la causa kurda. Entre los académicos expulsados hay firmantes de un manifiesto que, el año pasado, pedía al Gobierno y a la guerrilla PKK acabar con la guerra y volver al diálogo.
Con esta nueva oleada de expulsiones, ya son más de 100.000 los empleados públicos que han perdido su trabajo desde la sangrienta asonada y 37.000 los arrestados. Los últimos despidos han afectado a funcionarios de los departamentos de Educación y Salud, del Alto Consejo Educativo, del Consejo Supremo Electoral y de la Corte de Casación. Ankara defiende estos despidos alegando la existencia de un 'ala civil' del golpe de Estado. Los críticos tildan esta expulsión masiva de 'caza de brujas'.
Como parte de la reforma introducida este fin de semana, las elecciones a rector universitario serán sustituidas por la elección a dedo, por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan, de todos los rectores universitarios. Tras el cierre anterior de todas las universidades y centros educativos impulsados por acólitos de Gülen, este nuevo movimiento busca poner bajo control político instituciones que tradicionalmente han actuado como focos contestatarios.
La última orden ministerial acaba también con medios como la agencia JINHA, la única que en Turquía trata la información desde una perspectiva de género, la agencia DIHA y los periódicos 'Azadiya Welat' y 'Özgür Gündem'. La mayoría de los medios bloqueados tienen una clara perspectiva prokurda. Algunos, como el Gündem, acumulan una larga historia de cierres y atentados de la contraguerrilla. Estos cierres elevan a 160 el número de medios cerrados tras el golpe.
El estado de emergencia se extendió tres meses más, hasta el próximo enero, en una decisión que contó con la oposición del socialdemócrata Partido Popular Republicano (CHP) y del izquierdista HDP. Erdogan, que este sábado volvió a desear en público la reinstauración de la pena de muerte para los golpistas, justificó la prolongación de la medida para combatir tanto a la secta de Gülen, a la que permitió en el pasado infiltrarse en el aparato del Estado, como al terrorista PKK.
La oposición denuncia que Erdogan está usando estas medidas excepcionales para consolidar su poder y eliminar toda crítica. Esta semana la policía ha arrestado por pertenencia al PKK a Gültan Kisanak (HDP), alcaldesa de la mayor ciudad kurda de Turquía, y se ha cortado internet en el municipio, se cree, con la intención de evitar la convocatoria de protestas. Por cierto, una nueva norma aprobada este sábado obliga a grabar y poner a disposición del fiscal toda conversación entre abogado y preso.
Los acontecimientos están tensando el estado de ánimo de una sociedad ya duramente sacudida por los numerosos ataques terroristas de los últimos meses. Estados Unidos acaba de ordenar abandonar Turquía a los familiares del personal de su consulado en Estambul ante "informaciones de seguridad que indican que grupos extremistas prosiguen con sus esfuerzos agresivos para atacar ciudadanos estadounidenses en áreas de Estambul donde residen o frecuentan".
El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, ha hablado por teléfono con el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para tratar esta cuestión. Las relaciones entre ambos países están en un impasse delicado desde el golpe. Ankara exige a Washington la extradición de Fethullah Gülen, residente en Pensilvania. Por otra parte, los turcos rechazan frontalmente la estrategia estadounidense de apoyar en Siria a las fuerzas kurdas afines al PKK que combaten al Estado Islámico en el norte.
La decisión ejecutiva confirma que el objetivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan no es sólo el entorno de la cofradía de su ex aliado, el predicador Fethullah Gülen -acusado de orquestar el golpe de Estado fallido del 15-J- sino todo elemento opositor que en algún momento haya simpatizado con la causa kurda. Entre los académicos expulsados hay firmantes de un manifiesto que, el año pasado, pedía al Gobierno y a la guerrilla PKK acabar con la guerra y volver al diálogo.
Con esta nueva oleada de expulsiones, ya son más de 100.000 los empleados públicos que han perdido su trabajo desde la sangrienta asonada y 37.000 los arrestados. Los últimos despidos han afectado a funcionarios de los departamentos de Educación y Salud, del Alto Consejo Educativo, del Consejo Supremo Electoral y de la Corte de Casación. Ankara defiende estos despidos alegando la existencia de un 'ala civil' del golpe de Estado. Los críticos tildan esta expulsión masiva de 'caza de brujas'.
Como parte de la reforma introducida este fin de semana, las elecciones a rector universitario serán sustituidas por la elección a dedo, por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan, de todos los rectores universitarios. Tras el cierre anterior de todas las universidades y centros educativos impulsados por acólitos de Gülen, este nuevo movimiento busca poner bajo control político instituciones que tradicionalmente han actuado como focos contestatarios.
La última orden ministerial acaba también con medios como la agencia JINHA, la única que en Turquía trata la información desde una perspectiva de género, la agencia DIHA y los periódicos 'Azadiya Welat' y 'Özgür Gündem'. La mayoría de los medios bloqueados tienen una clara perspectiva prokurda. Algunos, como el Gündem, acumulan una larga historia de cierres y atentados de la contraguerrilla. Estos cierres elevan a 160 el número de medios cerrados tras el golpe.
El estado de emergencia se extendió tres meses más, hasta el próximo enero, en una decisión que contó con la oposición del socialdemócrata Partido Popular Republicano (CHP) y del izquierdista HDP. Erdogan, que este sábado volvió a desear en público la reinstauración de la pena de muerte para los golpistas, justificó la prolongación de la medida para combatir tanto a la secta de Gülen, a la que permitió en el pasado infiltrarse en el aparato del Estado, como al terrorista PKK.
La oposición denuncia que Erdogan está usando estas medidas excepcionales para consolidar su poder y eliminar toda crítica. Esta semana la policía ha arrestado por pertenencia al PKK a Gültan Kisanak (HDP), alcaldesa de la mayor ciudad kurda de Turquía, y se ha cortado internet en el municipio, se cree, con la intención de evitar la convocatoria de protestas. Por cierto, una nueva norma aprobada este sábado obliga a grabar y poner a disposición del fiscal toda conversación entre abogado y preso.
Los acontecimientos están tensando el estado de ánimo de una sociedad ya duramente sacudida por los numerosos ataques terroristas de los últimos meses. Estados Unidos acaba de ordenar abandonar Turquía a los familiares del personal de su consulado en Estambul ante "informaciones de seguridad que indican que grupos extremistas prosiguen con sus esfuerzos agresivos para atacar ciudadanos estadounidenses en áreas de Estambul donde residen o frecuentan".
El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, ha hablado por teléfono con el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para tratar esta cuestión. Las relaciones entre ambos países están en un impasse delicado desde el golpe. Ankara exige a Washington la extradición de Fethullah Gülen, residente en Pensilvania. Por otra parte, los turcos rechazan frontalmente la estrategia estadounidense de apoyar en Siria a las fuerzas kurdas afines al PKK que combaten al Estado Islámico en el norte.
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