“Es hora de hacer una Revolución policial”, señaló Nicolás Maduro el lunes 27 de octubre, en Caracas. Lo hizo después de nombrar a Carmen Meléndez como ministra de Relaciones Interiores y de anunciar cambios en los cuerpos de investigaciones, envueltos en serias críticas desde el propio chavismo.
Si bien en algunos círculos militantes se venían manejando posibles cambios en la órbita de seguridad, la noticia tomó por sorpresa a casi todos: el viernes 24 de octubre el presidente Maduro anunció la designación de Carmen Meléndez en Interior y de Vladimir Padrino López en Defensa.
Meléndez se convierte en la primera mujer a cargo de las fuerzas de seguridad. Padrino López retiene su cargo en el Comando Estratégico Operacional (CEO) de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el órgano más importante de las Fuerzas Armadas. Se lo identifica con el ala más bolivariana del sector militar.
Los cambios implican la remoción de Miguel Rodríguez Torres, hasta ese momento ministro del Interior. Rodríguez Torres estuvo a cargo de distintos cuerpos de seguridad en los últimos 15 años y jugó un papel relevante durante las guarimbas.
Reformas en las policías
A instancias del comandante Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana impulsó cambios en la estructura de los cuerpos de seguridad, que -si bien parciales- son importantes comparados con el resto de los países de la región, con una matriz más represiva.
Chávez impulsó la creación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el progresivo desmantelamiento de los cuerpos de seguridad estadales de la Cuarta República, célebres por su corrupción y violencia contra los sectores populares.
Se disolvió la temible Policía Metropolitana, de activa participación en el efímero golpe de Estado de abril de 2002, que coronó una larga historia de represión social. Y en 2009 se creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), dirigida a formar en valores humanistas a los nuevos policías.
A pesar de eso, algunas prácticas pervivieron, a través del reciclaje de las camadas antiguas y de nuevos aprendizajes delictivos, ligados en muchos casos a la trama política del país.
En este marco, no han sido pocos los ataques políticos que contaron con la complicidad o la participación de efectivos policiales. También han sido varios los funcionarios heridos y caídos en la defensa de la Constitución, por lo que no caben las generalizaciones. Sólo en las guarimbas de 2014, ocho Guardias Nacionales Bolivarianos fueron asesinados por francotiradores expertos, con formación en actividad militar o policial.
En esos meses también se desactivaron varios comandos armados, en preparativos de acciones paramilitares. Entre ellos, en marzo fueron apresadas ocho personas originarias de Trinidad y Tobago que habían estado involucrados en acciones en su país. Les prestaban asistencia logística y entrenamiento un integrante de la PNB, un policía de Chacao (municipio del Gran Caracas, en manos opositores) y un miembro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El asesinato de Robert Serra y María Herrera también está conectado con la corrupción y la traición policial. De acuerdo a lo informado por el gobierno, Edwin Torres Camacho, quien era Policía de Caracas y jefe de escoltas de Serra, vendió la seguridad del diputado por 250 mil dólares, a un grupo delictivo al servicio del paramilitarismo colombiano.
A su vez, existen denuncias de los movimientos populares contra diversos cuerpos de seguridad, en relación con persecuciones políticas o directamente con delitos “comunes”.
Quinta Crespo marcó un límite
En ese contexto, el tema venía levantando polémica desde hacía semanas al interior del bloque de gobierno, alentado por un hecho significativo: el asesinato de cinco personas en Quinta Crespo, centro de Caracas, durante la mañana del 7 de octubre, en un operativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Los asesinados pertenecían al Colectivo 5 de marzo, una organización con trabajo en el barrio de Sarria liderada por José Odreman, quien fue abatido en el tiroteo. Sobre el hecho -y sobre el colectivo en sí mismo- existen diferentes visiones e interrogantes.
Numerosos vecinos y vecinas de Sarria se movilizaron reclamando justicia y aseguraron que el grupo realizaba tareas sociales en el barrio. Los medios de derecha oscilaron entre el señalamiento de “los colectivos violentos”, reforzando su habitual matriz de criminalización de los movimientos populares, y los ataques al gobierno por la violencia del operativo. Sin excepción, el objetivo fue instalar la idea de que “los chavistas se matan entre ellos”.
El portal de noticias Misión Verdad, caracterizado por análisis sobre la guerra de cuarta generación y los movimientos de la derecha, destacó que otras organizaciones chavistas no tienen una buena consideración del colectivo. En una nota llamada “El conveniente y ambiguo perfil de José Odreman (y el ‘colectivo’ 5 de Marzo)” señala que el grupo fue formado luego de la muerte de Hugo Chávez -de allí su nombre de “5 de marzo”- y tenía prohibido el ingreso al combativo barrio del 23 de enero, donde los colectivos de mayor tradición realizan trabajo de organización social.
El Secretariado Revolucionario de Venezuela, una organización popular, publicó el mismo día del hecho el siguiente tuit: “No podemos decir que delincuentes, infiltrados, asesinos y secuestradores son revolucionarios. Respaldamos la acción del CICPC y el gobierno”.
Con otro punto de vista dentro del chavismo, el experimentado e influyente periodista José Vicente Rangel pidió hace pocos días la reforma del CICPC, en una nota titulada “Operación Masacre”. La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, el movimiento social más grande del país, también realizó duras críticas al organismo: “Urge revisar a fondo su actuación”, aseguraron, pegando por elevación a Rodríguez Torres.
La Revolución policial necesaria
Más allá de este episodio, a nivel popular, existe plena conciencia de que es necesaria una profunda depuración de los cuerpos policiales. “Se ha avanzado un poco -se plantea-, pero queda mucho por hacer”. El anuncio de Maduro de una reestructuración profunda y la creación de nuevos centros de estudios en seguridad van en sintonía con esta preocupación.
¿Será capaz la Revolución Bolivariana de construir otro modelo policial, que no pueda ser comprado, infiltrado o atacado desde adentro?
Fernando Vicente Prieto, desde Caracas – @FVicentePrieto
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