Por Fernando Vicente Prieto*. Son países aliados en política exterior, pero muestran enormes diferencias en su relación con las corporaciones trasnacionales del agronegocio, encabezadas por Monsanto.
Tras los años duros del neoliberalismo, Venezuela y Argentina iniciaron el siglo XXI encabezando el camino de integración de Suramérica, con acciones de defensa y avance.
Venezuela construyó con sus aliados político-ideológicos el ALBA, su espacio estratégico, que explícitamente se propone superar el capitalismo. Primero lo tuvo que impulsar sólo con Cuba; luego se sumaron Bolivia y Ecuador, y más recientemente Nicaragua.
Además, privilegió la relación con los países de Caribe, del que forma parte, y algunos de ellos también se sumaron a la Alianza Bolivariana. Muchos más son los que -incluso bajo la órbita de los EEUU- reciben la solidaridad de Petrocaribe, que primero fue un acuerdo energético y ahora además intenta proyectarse como espacio de integración económica y social.
En un mundo marcado por la ofensiva de EEUU, y con una tendencia clara a la integración para hacerle contrapeso, el espacio del ALBA encontró como aliados políticos fundamentales a los países del sur: Brasil, Argentina y Uruguay. Y también Paraguay, mientras gobernó Lugo, depuesto por un golpe de Estado de nueva generación, impulsado por la derecha, en alianza con las trasnacionales del agronegocio.
¿Hacia la soberanía alimentaria?
Venezuela, en su camino original y trabajoso hacia el socialismo, estableció políticas para limitar el poder de las corporaciones de la alimentación. Chávez más de una vez fue categórico respecto a las semillas modificadas genéticamente. “El pueblo de los Estados Unidos, de América Latina y el mundo deben seguir el ejemplo de una Venezuela libre de transgénicos”, aseguró el 21 de abril de 2004, tras anunciar que se cancelaba un contrato con Monsanto, que quería plantar 200 mil hectáreas de soja modificada genéticamente.
“Ya hemos prohibido un ensayo que nos querían meter por ahí con transgénicos y estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional a estos productos que hacen mucho daño a la agricultura y a la soberanía de nuestros pueblos”, explicó Chávez. ”Ordené ponerle fin al proyecto”.
A pesar de esta orientación estratégica, el desarrollo de una economía productora de alimentos en un país rentista petrolero y terrateniente -con casi toda la población migrante a la ciudad durante el siglo XX-, no resultó tarea fácil.
Se realizaron expropiaciones de grandes latifundios improductivos -superando las tres millones de hectáreas- y se otorgó la tierra a las familias campesinas. Además, el gobierno impulsó la vuelta al campo. Pero no promovió eficazmente la economía agrícola del pequeño productor y las empresas estatales presentaron grandes fallas, a menudo atravesadas por el burocratismo. Sin contar la presencia, dentro de las instituciones, de “técnicos” portadores de paradigmas productivos más afines al agronegocio que a la agroecología.
En un nivel general, la línea de Chávez continuó primando y las trasnacionales no pudieron controlar el negocio, como sí pudieron, primero con gobiernos neoliberales y luego con gobiernos neodesarrollistas, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Se impulsaron políticas que favorecieron a la agricultura campesina. Además de la Ley de Tierras, hubo un apoyo en recursos, insuficiente pero real. Hoy, en el campo, el chavismo es clara mayoría. Las familias que trabajan la tierra se identifican e impulsan la Revolución. Sólo los dueños de grandes propiedades, organizados en gremios como Fedeagro, se encuentran en las filas opositoras.
Ángel Prado, vocero de la Comuna El Maizal, lo sintetizó así hace pocas semanas, en el Estado Lara, casi en el límite con Portuguesa: “La mayor parte de nosotros éramos esclavizados por el patrón y hoy estamos produciendo para la vida. Estamos claros que podemos derrotar al capitalismo”. Lo escuchaban dos ministros: Elías Jaua, de Comunas; y Reinaldo Iturriza, de Cultura, que estuvo en Comunas desde abril de 2013 hasta septiembre de 2014. El debate giraba sobre la necesidad de avanzar en la soberanía alimentaria.
Se trata de uno de los máximos desafíos en esta etapa, ante una economía mayoritariamente en manos de grandes empresas, muy poderosas, que todavía siguen controlando aspectos fundamentales: la importación, la producción y la distribución.
El impulso a la economía comunal es un objetivo prioritario tras el Golpe de Timón (octubre de 2012), pero incipiente y de por sí, que no alcanza para resolver la urgencia del corto plazo: enfrentar a la ofensiva empresarial, centrada en la desaparición de los insumos básicos del mercado formal.
La Ley de Semillas
En este marco, desde hace varios años viene creciendo la presión de las empresas, los grandes agricultores y sus cámaras gremiales. En 2013 el diputado José Alfredo Ureña presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Semillas. En su texto se mantenía “la perspectiva agroecológica”, pero reconociendo expresamente los “derechos de propiedad intelectual en materia del desarrollo de nuevas variedades de semilla y cultivares”. Rápidamente el movimiento popular se activó y se manifestó frente al Parlamento. El proyecto fue retirado y se acordó construir una nueva Ley de Semillas con consultas a toda la sociedad, empezando por los campesinos y campesinas.
La Constituyente por una nueva Ley de Semillas tomó un impulso mayor. Entre 2013 y 2014 se realizaron cinco encuentros en diferentes partes del país, donde se elaboraron una fundamentación de principios y aportes para el articulado. En los encuentros participaron movimientos ecologistas, estudiantes, campesinos, diputados, más todos los que quisieran.
El 14 de octubre se aprobó el proyecto de ley en primera discusión. Los movimientos y colectivos esperan que el trámite parlamentario se concluya rápido. Erika Molina, del Colectivo Autana Tepuy, expresó a Notas: “Esperamos que se inicie un proceso parlamentario de calle o una consulta popular, en conjunto con la Asamblea Nacional”, para que sea aprobada “antes de que termine el año”. “Ya el pueblo está concientizado de lo que implican los transgénicos. Desde 2012 es que estamos debatiendo”, afirmó.
Consultada por la existencia de políticas contradictorias en esta materia, la joven militante expresó que “así es, pero la nueva Ley de Semillas es un marco de transición a un modelo más sano”. Destacó la posibilidad de implementar políticas de agroecología y también que “aunque la derecha se oponga, hay fuerza parlamentaria para aprobarla, como se demostró en la sesión”.
Con sus contradicciones, el nivel de debate y de las políticas públicas en Venezuela se mantiene alto y existe una clara línea expresada por Chávez y continuada por Maduro. En el sur, por el contrario, el modelo Monsanto continúa avanzando a pasos agigantados.
* Corresponsal de Notas en Caracas – @FVicentePrieto
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