Ministerio Público ha resuelto 235 casos de denegación de servicios médicos de emergencia en lo que va de año

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A través de la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo

El Ministerio Público, a través de la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo, ha resuelto 235 casos de denegación de servicios médicos de emergencia a escala nacional en lo que va de año 2014.

Así lo manifestó la directora de la referida dependencia, Zoraida Plaza, en el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela.

La alta funcionaria explicó que la Institución además de ejercer la acción penal, actúa en los procesos judiciales vinculados a las áreas de lo contencioso y lo administrativo, a través de las cuales se busca garantizar el respeto a las garantías y los derechos constitucionales, entre ellos la salud.

Plaza detalló que en el 2011 una persona murió en una clínica en virtud de que la administración no le aprobó la clave de ingreso en el tiempo oportuno.

A raíz de este tipo de denuncias, el Ministerio Público puso en marcha un plan de emergencia en las clínicas, donde fueron colocadas calcomanías exhortando a la ciudadanía a denunciar los casos de denegación de atención médica, a través del 0800-FISCA00 (0800-3472200).

La directora aclaró que las clínicas están en la obligación de ingresar al paciente y estabilizarlo para evitar un desenlace fatal, mientras realizan los trámites administrativos con la empresa aseguradora.

Comentó que en casos de rehusarse a brindar la atención médica, las clínicas tendrán su responsabilidad, pero además, el fiscal del Ministerio Público establecerá las penalizaciones individuales del personal del centro asistencial.

Se refirió a que algunas clínicas no ponen la clave como obstáculo, pero alegan que no se encuentra el especialista. Este tipo de trabas también acarrea sanciones penales en caso de que se complique la salud del paciente

Instó a los prestadores del servicio de salud a tener conciencia de la importancia del trabajo que realizan, pues en estos casos en particular, está en riesgo el derecho a la vida, el cual es el derecho humano más importante.

2.523 egresos para garantizar derechos constitucionales 

La directora de lo Constitucional y Contencioso Administrativo manifestó que a través de su dependencia han egresado 2.523 casos y asistido a 1.699 audiencias de juicio este año.

Agregó que los fiscales adscritos a esta dirección también atienden casos en los cuales la ciudadanía intenta demandas ante un tribunal para reivindicar la vulneración de sus derechos constitucionales, por lo que la instancia judicial notifica al Ministerio Público para que intervenga como mediador entre las partes.

Destacó que el fiscal observa la controversia, la analiza y finalmente recomienda al juez si debe declarar la acción con o sin lugar: “Somos un apoyo y velamos para que se cumpla el debido proceso”.

En cuanto a lo Contencioso Administrativo, dijo que se encarga de contener la disputa en el proceso judicial entre el ciudadano afectado y el ente administrador del servicio, bien sea por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos, demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas; intervención en el Plan de Emergencia Ciudadana en las denuncias formuladas a través de la línea institucional 0800-FISCA-00 ó las interpuestas ante cualquier dependencia del Ministerio Público.

“En este caso llevamos la controversia a lo contencioso. El tribunal notifica al fiscal quien interviene de buena fe como en los casos de reclamos por pensión del seguro social y no se ha obtenido respuesta”, precisó.

Agregó Plaza que en este caso el fiscal acude a la audiencia donde analiza la posición de ambas partes y no emite opinión sino después de la etapa probatoria a través del informe final, el cual se entrega al juez, quien decide el mismo día de la audiencia.

Manifestó que en casos de providencias administrativas el procedimiento es más largo.

Indicó que en estas labores la dirección ha incorporado 21 fiscalías, de las cuales 15 son regionales y seis nacionales. De éstas últimas, cinco están ubicadas en Caracas y una en Carabobo.

Dijo que entre los casos más recurrentes que son atendidos por los fiscales de las citadas áreas, están vinculados con nulidad de actos administrativos emanados de la Inspectoría del Trabajo.

20/11/2014
SSR