AVN
@VillegasPoljak
La Penitenciaría General de
Venezuela (PGV) e Internado Judicial Los Pinos (Injupi), recintos
carcelarios ubicados en San Juan de los Morros, capital del estado
Guárico, se suman al nuevo régimen penitenciario que emplea el
Ministerio para Servicios Penitenciarios en 87 centros a nivel nacional.
Así lo informó este viernes Iris
Varela, ministra para los Servicios Penitenciarios, desde las afueras
de la PGV, donde se cumple desde el pasado 17 de octubre, el Plan de
Pacificación Penitenciario, al igual que en el Internado Judicial Los
Pinos.
"Guárico triunfó la paz. Hoy
hemos pacificado completamente estos recintos carcelarios (PGV e
Injupi), un logro absoluto de la Revolución Bolivariana", refirió.
"Ha sido un Plan bien
desarrollado y ejecutado, garantizado los derechos humanos", declaró la
Ministra, mientras ratificó el compromiso de implementar en los próximos
meses el nuevo Sistema Penitenciario en ambos recintos.
La ministra Varela indicó que
con la consolidación de este desalojo, realizado en el marco del Plan de
Pacificación Penitenciario, se avanza en la aplicación del nuevo
régimen penitenciario que ha alcanzado ya al 100% de los centros
penitenciarios juveniles y femeninos, y más del 93% de los adultos
masculinos.
Destacó que ahora la PGV y el Injupi serán recintos para la formación de hombres útiles para la patria.
En el desarrollo del referido
plan, han sido registrados por el Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería (Saime) más de 5.000 privados de
libertad de la PGV y el Injupi.
Con estos recintos carcelarios sumados al nuevo sistema penitenciario, ya son 89 en todo el país.
Valentín Hazsentaub, secretario
General de Gobierno, indicó que Ramón Rodríguez Chacín, gobernador de
Guárico, ha estado trabajando como un solo Gobierno para garantizar que
la pacificación de los recintos fuese una realidad.
Durante este plan, los privados
han sido atendidos en el Centro para Procesados "26 de julio", también
ubicado en San Juan de los Morros, proporcionándoles inmediata atención
médica y la oportunidad de realizar llamada a sus familiares.
El Consejo Nacional de Derechos
Humanos, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Poder Judicial,
Ministerio Público y medios de comunicación estuvieron presentes.
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