domingo, 23 de julio de 2017

Datos sobre los "magistrados" ilegalmente designados por la Asamblea Nacional


Este viernes, el parlamento en desacato juramentó ilegalmente a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en total desconocimieinto de la institucionalidad y leyes del país.
Si bien este acto es considerado nulo por el TSJ y causante de delito por parte de quienes intenten usurpar funciones que no les corresponde, el prontuario de los nominados describe bastante el carácter empresarial y corporativo que la MUD pretende darle a su gobierno paralelo desde la Plaza Sadel en Las Mercedes, este de Caracas, donde se realizó esta falsa juramentación.

"Los juramentados": empresarios y golpistas

Entre los casos más resaltantes está el de Gustavo Sosa Izaguirre, empresario y ex presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, instancia que protege los intereses de las grandes empresas transnacionales que hacen vida en el país.
Otro caso demostrativo es el de Pedro Troconis, quien siendo juez en 2005 levantó la prohibición de salida para 27 imputados por el decreto del golpe de 2002 a Hugo Chávez. Su conexión más evidente en la actualidad es la de ser abogado de la ONG Foro Penal Venezolano, financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), y premiada en 2015 por el Departamento de Estado debido a su "trabajo a favor de los derechos humanos en Venezuela".
Sin embargo, no es el único nominado con perfil proempresarial. También se encuentra Ildefonso Ifill Pino, formado en 2006 por el Banco Mundial en la privatización de empresas del sector público. Esta relación con el capital extranjero se vuelve común en otros "juramentados" por la Asamblea Nacional, como es el caso de la participación activa de Luis Marcano Salazar en eventos y reuniones de la Cámara Venezolano Británica de Comercio.

El magistrado nombrado como favor a Luisa Ortega Díaz

Sin lugar a dudas, la nominación más polémica es la de Ángel Zerpa Aponte, abogado defensor de Luisa Ortega Díaz frente a la Sala Plena del TSJ. No sólo por mostrar claramente una especie de retribución de la AN a los servicios prestados por la Fiscal General, sino también por su prontuario. 
Resulta que Zerpa Aponte fue el juez de Control de Caracas que dio casa por cárcel a Luis Carrera Almoina, responsable de torturar y violar en 2001 a Linda Loaiza en un departamento del municipio Chacao, Caracas. Gracias a esta medida, Carrera Almoina, hijo del historiador Gustavo Carrera Damas, se pudo fugar brevemente antes de ser aprehendido. Lo que le valió a Zerpa Aponte ser destituido como juez.
Pero este no es el único favor que pagó la AN, sino que también se encuentra entre los nombrados ilegalmente Luis Ramos Reyes, abogado del opositor Alfredo Ramos, recientemente destituido como alcalde del municipio Irribarren, estado Lara. Su máximo referente político, dicho sea de paso, es el gobernador de la entidad, Henri Falcón.
Otra de las juramentadas ilegalmente, en el mismo sentido, es Elenis Rodríguez Martínez, presidenta de la ONG Fundeci, dedicada a defender judicialmente a quienes destruyeron el Ministerio Público en 2014, y también a militares que conspiraron contra el gobierno de Hugo Chávez. De clara tendencia opositora, con incluso un pedido de juicio de antemérito contra Chávez en 2010, Rodríguez Martínez tiene hasta fotos con Diana D'Agostino, esposa del dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup.
Justamente la característica de todos estos ilegales nombramientos desmitifican por completo el mito de la independencia de poderes y probidad de los jueces, agitado por la MUD cada vez que intenta deslegitimar al poder judicial de Venezuela. Sus nominados hablan por sí mismos: empresarios, cuasi delincuentes e hiper partidizados.

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