Según medios locales
Credito: Archivo
27-10-14.-China se plantea reducir la lista de delitos que conduce a la pena de muerte, según la prensa china.
La iniciativa parte de una enmienda presentada ante la Asamblea Nacional Popular y su aprobación es probable porque el Parlamento chino se limita a sellar las decisiones del Ejecutivo.
Los delitos excluidos en la enmienda son “el contrabando de armas, municiones, material nuclear y moneda falsificada; falsificación de moneda; la recaudación fraudulenta de monedas; y forzar a otra persona a la prostitución”, informó la agencia Xinhua.
También, se estudian los delitos de “obstruir a un comandante o persona en el ejercicio de sus deberes” y la “fabricación de rumores en tiempos de guerra”.
La cifra de ejecutados en China es un secreto de Estado pero las organizaciones de derechos humanos internacionales aseguran que ejecuta a más reos que el resto de países del mundo juntos.
La tendencia es claramente bajista. Según la organización estadounidense Dui Hua Foundation, el pasado año fueron ejecutados 2.400 condenados, menos de una cuarta parte de los 10.000 de la pasada década.
En 2011 ya se redujo la lista de delitos que conducían a la pena de muerte de 68 a 55 y con la nueva ley se quedarían en 46. El Gobierno y las altas autoridades judiciales han repetido en los últimos años que la ejecución se debe de reservar a los delitos más graves y han ido limitando su aplicación en los supuestos no violentos.
China ha aprobado en los últimos años reformas legales para reducir el número como la obligación de que todas las sentencias capitales firmadas por tribunales locales tengan que ser revisadas por las instancias superiores de Pekín.
Éstas reenviaron el pasado año el 39% de esas sentencias a los tribunales inferiores por insuficiencia de pruebas. Durante muchos años fue habitual que la justicia local abusara de las ejecuciones como muestra de su resolución en la lucha contra el crimen, lo que provocó varios escándalos por sentenciados que después se revelaron inocentes.
Entre los supuestos que se estudian actualmente figura la recaudación fraudulenta de fondos, un delito que ha despertado el debate entre expertos después de un par de ejecuciones sensibles.
Gran parte del crédito en China está controlado por el Estado, por lo que muchos negocios privados se ven empujados a prácticas ilegales como única solución.
La iniciativa parte de una enmienda presentada ante la Asamblea Nacional Popular y su aprobación es probable porque el Parlamento chino se limita a sellar las decisiones del Ejecutivo.
Los delitos excluidos en la enmienda son “el contrabando de armas, municiones, material nuclear y moneda falsificada; falsificación de moneda; la recaudación fraudulenta de monedas; y forzar a otra persona a la prostitución”, informó la agencia Xinhua.
También, se estudian los delitos de “obstruir a un comandante o persona en el ejercicio de sus deberes” y la “fabricación de rumores en tiempos de guerra”.
La cifra de ejecutados en China es un secreto de Estado pero las organizaciones de derechos humanos internacionales aseguran que ejecuta a más reos que el resto de países del mundo juntos.
La tendencia es claramente bajista. Según la organización estadounidense Dui Hua Foundation, el pasado año fueron ejecutados 2.400 condenados, menos de una cuarta parte de los 10.000 de la pasada década.
En 2011 ya se redujo la lista de delitos que conducían a la pena de muerte de 68 a 55 y con la nueva ley se quedarían en 46. El Gobierno y las altas autoridades judiciales han repetido en los últimos años que la ejecución se debe de reservar a los delitos más graves y han ido limitando su aplicación en los supuestos no violentos.
China ha aprobado en los últimos años reformas legales para reducir el número como la obligación de que todas las sentencias capitales firmadas por tribunales locales tengan que ser revisadas por las instancias superiores de Pekín.
Éstas reenviaron el pasado año el 39% de esas sentencias a los tribunales inferiores por insuficiencia de pruebas. Durante muchos años fue habitual que la justicia local abusara de las ejecuciones como muestra de su resolución en la lucha contra el crimen, lo que provocó varios escándalos por sentenciados que después se revelaron inocentes.
Entre los supuestos que se estudian actualmente figura la recaudación fraudulenta de fondos, un delito que ha despertado el debate entre expertos después de un par de ejecuciones sensibles.
Gran parte del crédito en China está controlado por el Estado, por lo que muchos negocios privados se ven empujados a prácticas ilegales como única solución.
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