De la reunión de ayer en la OEA, uno de los momentos más resaltantes sin lugar a dudas fueron los brincos de los embajadores de México y Colombia cuando Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la OEA, apenas empezaba a cuestionar las realidades y grandes contradicciones de estos dos países de la región.
Hasta ese momento, la reunión se había desarrollado bajo el vértigo de intentar demostrar su fallida superioridad moral, argumentando palabras más palabras menos que Venezuela aparte de encontrarse en una crisis sin precedentes no respetaba la democracia ni los derechos humanos, como si esos gobiernos de verdad fueran garantes de esos principios.
Prefirieron interrumpir al embajador antes de que pudiera seguir desarrollando su exposición. Ya que de continuar denunciando el narcotráfico en Colombia, el golpe en Brasil y el servilismo de la clase política mexicana con Estados Unidos, no sólo quedaría en evidencia el desinterés de estos gobiernos por esos problemas, sino su incapacidad de juzgar a Venezuela. Y sobre todo, el cómo defienden a capa y espada que las empresas transnacionales afiliadas al gobierno de EEUU, sigan sometiendo a sus territorios y población, sigan robándose sus recursos naturales, sigan extremando las condiciones de miseria y utilicen sus países como fábricas de drogas y puertos de importación.
Esto, sin embargo, no es cosmético: la clase política colombiana, mexicana, paraguaya, peruana, chilena, y de todos los países arrodillados a EEUU, dependen política y económicamente de que esas graves situaciones se sigan desarrollando, del dinero que genera la destrucción de esos territorios y sus poblaciones. De lo contrario perderían el apoyo, serían demonizados y excluidos del ejercicio político, como sucede con los cientos de políticos y periodistas asesinados en Colombia y México. Una bala en la cabeza firmada por la dictadura de las corporaciones.
Nos tomaría un sinfín de caracteres reseñar el desastre generado por las empresas transnacionales en los países aliados de Estados Unidos en la región. Por ahora nos atenemos a Colombia y México y sus solidaridades automáticas expresadas del día de ayer con las corporaciones que destruyen la vida de los países que dicen representar.
De México sabemos que en los últimos dos meses más de 400 cuerpos fueron hallados en fosas comunes. Según la BBC de Londres, siete grandes carteles controlan buena parte del territorio mexicano, como parte del gigantesco negocio del narcotráfico estimulado por los bancos de Estados Unidos. Sí, este es el mismo país que afirma que Venezuela la está pasando mal y que hay que "ayudarla". ¿Quién necesita ayuda realmente?
Que políticos y periodistas son asesinados por bandas narcotraficantes. Que la pobreza extrema arropa a más de la mitad de la población y que la violación de derechos humanos es cotidiana y generalizada. También que 117 mil millones de dólares al año son robados por empresas transnacionales gringas anualmente y que durante los gobiernos de Fox y Calderón se entregaron a gigantescas corporaciones mineras 51 millones de hectáreas para que saquearan todos sus recursos. Según una investigación de Lilian Estela Moran, entre el año 2000 y 2015, en México se han extraído más minerales (sobre todo plata) que todo lo robado durante los últimos 300 años de época colonial.
Pero sería ingenuo pensar en este punto que toda esa situación es culpa del Estado mexicano, ya que sería aceptar de facto que México es un país. México es un país violado y canibalizado por las corporaciones y empresas transnacionales de todo tipo como WalMart, General Motors, Ford Motor Company y la Chrysler, un Estado que lo volvieron fallido para precisamente permitir el más extremo de los saqueos. Las violaciones de derechos humanos, las masacres contra su población, el asesinato selectivo de periodistas y políticos, el hambre y la miseria extrema, son consecuencias de la dictadura de las corporaciones que gobiernan a México. Quienes utilizan a las bandas del narcotráfico como paraestado (igual que en Colombia) para hacer por la vía rápida lo que los trámites burocráticos hacen engorroso.
Dominados por el lucro corporativo, pretenden darle clases de moral democrática a Venezuela
El gobierno mexicano está obligado a arrodillarse ante quienes con el narcotráfico, el saqueo petrolero y minero y la extorsión comercial, les apuntan directo a la cabeza. Un país que dejó de ser país para tener como único fin existencial ser un peón de los peores laboratorios sociales y económicos de las corporaciones.
Igual sucede con Colombia, donde mueren 18 personas diariamente por desnutrición. Donde según varias fundaciones existen 10 mil presos políticos. Donde, igual que en México, las principales corporaciones roban sus recursos minerales, dejando al Estado pidiendo limosna. Donde el narcotráfico actualmente tiene más de 150 mil hectáreas sembradas para producir más de 400 toneladas de cocaína anualmente, que es muy bien utilizado por los bancos gringos para hacer crecer su economía y para seguir expoleando el territorio colombiano, bajo condiciones de esclavismo. Más de 500 activistas políticos asesinados en los últimos cinco años, ese es saldo moral con el que buscan juzgar a Venezuela.
En el caso colombiano se reproduce el mismo fenómeno que el caso mexicano: un país violado por las empresas transnacionales, como las mineras Drummond Company y Anglogold Ashanti que sostienen las principales causas del desastre mexicano. Un Estado fallido que fue dinamitado por estas grandes empresas para que ningún político pudiera poner coto al saqueo.
Ambos países se indignaron y molestaron cuando Moncada evidenció sus desastres internos, su colapso institucional y su deterioro en todos los sentidos. Y se fueron por la tangente para no revelar lo evidente: ambos países (más allá de sus gobiernos) tienen un revolver puesto en la cabeza, y si se equivocan o emiten una opinión contraria a los negocios de las corporaciones se paga con la muerte. Porque en México y en Colombia controlan la justicia, los partidos políticos, el ejército y todas las instituciones del Estado, lo cual desmonta aquel mito de la "separación de poderes" y la "imparcialidad del ejército", ya que ambos aparatos están cooptados para defender el negocio de las corporaciones. Y lo que sucede en estos dos países no es excluviso de ellos, sino que narra por el lado má sangriento la pugna global de las corporaciones por eliminar al Estado como concepto, intermediario e interlocutor, para que con ello el saqueo sea más expedito y sin negociaciones de ningún tipo. El modelo libio entrando bajo la cobertura de las "inversiones extranjeras"
Así actúa la dictadura global de las empresas, sin respetar Estados, derechos humanos, separación de poderes ni ningún otro principio fácilmente quebrantable ante el poder de su dinero y de sus armas. México y Colombia acusan a Venezuela de lo que les sobra, gracias a sus dueños.
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