Las consideraciones en el marco de una economía en guerra apuntan siempre a los señalamientos a las "líneas de mando" por los resultados (negativos) en el terreno. Sobre eso yace el sentido común político, pero más allá de eso, el sentido de emergencia.
Los estragos en los bolsillos de la población como resultado de las escaladas en los sistemas de precios tienen su explicación, harto conocida, por la referenciación de los precios acorde al comportamiento del dólar paralelo. Comportamiento este además sumamente pronunciado poco antes y luego de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), siendo ello expresión de una admisión abierta de que el contexto violento-insurreccional contra el chavismo en 2017 se vio fracasado. Sobrevino la guarimba económica.
En esta vorágine económica la atención se centró sobre la ANC y sus expectativas de crear condiciones de gobernabilidad económica. Y de la mano del presidente Nicolás Maduro, las expectativas se fijaron sobre la consolidación de un sistema de precios acordados sobre 50 rubros.
La carrera de la liebre y el morrocoy
Aunque el directorio económico del Gobierno asumiera el diálogo con los agentes económicos de manera inclusiva y con el más alto sentido de sugerir espacios de reacomodo de los sistemas de precios acorde a la lógica de "ganar-ganar", el contexto bélico y la cualidad medular de la coyuntura actual no se han difuminado. Por ello se sospechaba que esta acción, en un contexto de hiperinflación inducida donde los precios de los productos y las estructuras de costos se han referenciado al "ritmo" del dólar paralelo de manera vertiginosa, pudieran carecer de viabilidad política.
¿Qué ocurrió en el diálogo con los sectores? ¿Por qué se ha dilatado tanto la publicación de los precios acordados? ¿Por qué al publicarse los precios de solo un grupo de rubros estos lucen ahora desfasados o "sumamente bajos" en comparación con los precios de esos productos en la calle? ¿Qué señal envía la "desaparición" de la carne de res una vez se fijara su nuevo precio que es hasta 60% inferior a su precio especulativo antes del anuncio?
Ocurrió en el diálogo con los sectores, que mientras los equipos del Gobierno iban de una fábrica a otra, de una reunión con productores y sectores a otra, durante los días de octubre y noviembre las variaciones en el dólar paralelo desmembraban dichos acuerdos por las llamadas modificaciones diarias de "las estructuras de costos reales" en los sectores abordados. Se generó una absurda carrera contra Dólar Today y la tolvanera especulativa, o lo que era idéntico a una carrera entre un morrocoy y una liebre.
La resistencia a la construcción de regulaciones efectivas y coherentes fue tal que la dilación se impuso, y ahora el sobredimensionamiento de los referentes monetarios en la economía real descolocan los precios acordados. Consecuencia de una comparsa nada casual. El dólar paralelo interactuó para desbaratar, antes de que naciera, la posibilidad real de crear espacios mínimos de consenso y los agentes económicos bailaron (y aún lo hacen) al unísono. ¿Por qué no habrían de hacerlo si es una economía en guerra?
El problema de la gobernanza económica
La economía luce incontrolable porque ese es su estado actual. Los detonantes hiperinflacionarios reaccionaron y los efectos de estos han evolucionado en la mengua de los bolsillos, especialmente de la clase asalariada.
No obstante, los efectos de la guerra ya han escalado desde hace mucho a sectores intermedios. Uno de ellos es la actividad comercial, acostumbrada a referenciar precios acorde al tipo de cambio paralelo, hoy sufren dramáticas caídas en sus ventas y pasaron del ciclo de recibir con beneplácito las subidas del paralelo a sentir terror. En una guerra eso sería catalogado de recibir "fuego amigo". Sucede así con algunos sectores de manufacturas de tamaño medio y otros que dependen de insumos con rotación referenciada a la tasa paralela.
Dentro de estos sectores pulula la sensación de que "sólo sobrevivirán los más fuertes", es decir, quienes logren mantener niveles saludables de ventas colocando precios exorbitantes en simultáneo. "Sálvese quien pueda".
Ahora bien, el paso de adjudicación de precios acordados para ciertos rubros se ha efectuado en medio de una diatriba sobre su factibilidad y la disputa por los inventarios. El dilema ya conocido de que el Estado y los consumidores deben "tolerar" los precios exorbitantes bajo la lógica del chantaje: "Si se regula el precio desaparece el producto".
El asedio económico es indiscutidamente teledirigido
Este momento económico coloca en el tapete dilemas elementales: para empezar hay sectores que deberán decidir si les es más rentable cerrar sus puertas, o por el contrario, trabajar con precios acordados desde sus mismos sectores y que se fundamentaron mediante rigurosos estudios a las estructuras reales de costos, aun a expensas de las distorsiones creadas por Dólar Today.
En segundo lugar, la cuestión de la aplicación de los precios acordados, que es medular. Sucesivas han sido las reacciones espasmódicas en materia de fiscalización de precios, y al día de hoy una vez ha sido desmembrada la Ley de Costos y Precios Justos, la Sundde ha demostrado consistentemente que no tiene el músculo institucional para fiscalizar en simultáneo todo el entramado económico.
En este punto la cuestión apunta a la conformación de un eficaz sistema de fiscalización popular, que supere los enormes abismos que deja la Sundde. Cuestión esa anunciada por el presidente Maduro la misma noche en que señaló la instalación del sistema de precios acordados ante la ANC.
Sobre este ítem, que es fundamental para complementar el cuadro de ajustes y acciones para el reequilibrio de algunos sistemas de precios, no ha habido noticia relevante conocida. En todo caso debería implementarse un proceso de inserción masiva de sectores organizados de la población en jornadas formativas, como las que corresponde a quienes deban prepararse para lidiar con los agentes especulativos en el terreno. El sentido de oportunidad política apuntaría a la habilitación de condiciones legales para construir un proceso de fiscalización popular expedita y efectiva, así como la habilitación legal de los fiscalizadores.
Aunque ha habido precedentes negativos en torno a los fiscalizadores populares de la mano de la Sundde, que en un punto participaron en operativos, fueron factores de tercer orden los que inhabilitaron las actuaciones acorde a la Ley para sancionar en caliente a los infractores económicos en sus propias comunidades. Hay que tomar esa referencia para no escatimar esfuerzos innecesarios y superar desafíos.
Consideremos entonces estos elementos: sentido de oportunidad para implementar medidas, sentido del contexto para efectuarlas y, finalmente, acciones para construir la viabilidad de su aplicación. No lo olvidemos: en un contexto económico bélico, asimétrico y no convencional.
La batalla en los bolsillos y las percepciones
Como elemento final a estas consideraciones, reiteremos un concepto: en política es muy importante lo que sucede, pero es tan importante como la percepción generalizada de lo que sucede. Es decir, el tema económico, tan sensible en estos momentos, demanda mucha más articulación efectiva de las respuestas por las instancias políticas correspondientes, para revertir el mapa de percepción que predomina, de inacción y descalabro.
Las acciones y reacciones esperadas se suponen acordes a las dimensiones con las que los agentes económicos de la especulación han actuado. En un contexto de guerra, el sentido del contraataque y el sentido de defensa del frente interno no son elementos inconexos; uno es complementario del otro, interactúan acompasadamente y son considerados vitales en su justa proporción. Esto significa que en una economía descontrolada a este punto, es poco lo que se puede perder si no se defiende ferozmente a la población (el frente interno) golpeando duro las cadenas especulativas (contraataque).
En estas instancias, ¿qué otra cosa es viable hacer?
La economía venezolana, al día de hoy con un andamiaje de liberación de facto de los precios, se acompasa al hecho político, pues el asedio económico es indiscutidamente teledirigido. Al igual que como afirman muchos pequeños y medianos empresarios, y también como lo afirma la clase asalariada, "sobrevivirá el más fuerte". Esa noción también debe prevalecer en el sentido común político del directorio económico.
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