La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante las funciones de interlocución política que ha asumido para salvaguardar la estabilidad democrática de Venezuela, ha aleccionado a un conjunto de partidos políticos que en recientes procesos electorales decidieron no asistir a las convocatorias, y más allá de ello, boicotearlas llamando a la abstención, contraviniendo lo señalado en la Ley venezolana que regula a los partidos y organizaciones con fines políticos.
La ANC aprobó el Decreto Constituyente para la Validación de Partidos Políticos, mediante el cual se establece que aquellas organizaciones que no hayan asistido al evento electoral inmediatamente anterior, deberán renovarse de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas.
Aristas fundamentales de este caso
Las organizaciones políticas afectadas mediante esta resolución son: Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ). La ANC decide aplicar para estas organizaciones lo contemplado en el artículo 67 de la Constitución vigente y lo apuntado en los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas vigente desde el año 2010. Bajo estos artículos quedan sujetos a renovación los partidos políticos que no hayan alcanzado al menos 1% de votos del padrón electoral en al menos 12 entidades del país en la pasada contienda. Al salir del camino electoral los mencionados partidos han caído en desfase.
Vocerías de la oposición en Venezuela, acompañados por el Departamento de Estado de EEUU, señalan que esta se trata de una acción arbitraria contra los partidos que adversan al chavismo. No obstante omiten con ello que precisamente por aplicación de estos mismos artículos de la ley durante el año 2016 los partidos políticos que no cumplieron el requisito del 1% del padrón en 12 estados, tuvieron que ir a renovación y ese proceso incluyó a todas las organizaciones que acompañan al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la alianza denominada Gran Polo Patriótico (GPP).
La presidenta de la ANC Delcy Rodríguez en el marco de este debate apuntó que estas organizaciones políticas pretendieron boicotear las recientes elecciones municipales del 10 de diciembre siguiendo una agenda de desestabilización y deslegitimación de las instituciones venezolanas "en el marco de una agresión imperial contra Venezuela". La ruta de perturbaciones al entramado político venezolano ha desembocado en el boicot electoral, una vez fuera también boicoteada la elección a ANC por estas mismas organizaciones políticas y luego de un ciclo de violencia descarnada, patrocinada por estos grupos políticos y que colocó a Venezuela en jaque, en el umbral de una confrontación civil justo este mismo año.
Delcy Rodríguez agregó que acorde a lo previsto en la ley vigente "si se niegan a participar en una elección deberán validarse nuevamente conforma a lo que está contemplado en la ley de Partidos Políticos". El decreto -remarcó Rodríguez- tiene como propósito fortalecer el sistema de partidos políticos "que da vida a la democracia venezolana para la elección de cargos por votación popular, mediante elecciones universales, directas y secretas".
La intencionalidad del decreto reviste en sí misma una respuesta institucional, vía ANC, a situaciones irregulares que han sobrevenido en los últimos años en la vida política venezolana. Se trata del fenómeno de organizaciones con fines políticos que se presentan con formalidad ante la comunidad nacional como instancias de participación política, no obstante, estos mismos grupos también han incursionado en prácticas totalmente fuera y ajenas a la política formal, amparanándose en su velo partidista para violentar las leyes venezolanas perpetrando actos de violencia, desestabilización, conmoción, perturbación de la paz social y hasta el terrorismo.
De hecho, los partidos de la envilecida Mesa de Unidad Democrática (MUD) es un referente que podría considerarse una instancia políticamente ambigua, entendiendo que su concurso en los caminos formales de la política en los últimos años han sido más eventuales y circunstanciales. Por el contrario en los últimos años han venido adquiriendo un cuerpo de organización cuya consistencia yace en detonar acciones fuera de la política, consagrándose como un ente de perturbación y desestabilización permanente que acude a las formalidades de la política regular con fines instrumentales. En esencia una transgresión del sentido político.
Por otro lado, toda instancia registrada ante las instituciones de la República de acuerdo a lo señalado en la legislación venezolana, debe someterse a las reglas que regulan la vida política nacional. Los partidos MUD, insistentemente se ha salido de ellas y han pretendido reencontrarse con los mecanismos formales con propósitos agregados y no primordiales.
Se puede mencionar como ejemplo las fuertes conmociones propiciadas por la MUD y los partidos que la integran, y que modularon contra la vida política venezolana con las "guarimbas" y eventos de violencia paramilitarizada en los años 2014 y 2017. También, los actos abiertos de traición a la patria mediante el llamado a instancias extranjeras a sancionar la política y economía venezolana y en este caso, el boicot electoral. Delcy Rodríguez insiste en estos señalamientos, dado que precisamente estos eventos fueron los que dieron parto a la ANC como instancia que irrumpe para salvaguardar la estabilidad política de Venezuela.
"Que no se permita en ningún caso el concepto el boicot a la participación del pueblo de Venezuela mediante el ejercicio del derecho al voto y que, por el contrario, se premie y se fomente la participación política", agregó Rodríguez.
El anuncio fue inmediatamente manipulado en el espectro mediático nacional e internacional estableciendo como un hecho que los partidos AD, PJ y VP, no podrán participar en las elecciones presidenciales previstas para el año 2018, negando que la validación es una consecuencia de su propia agenda antipolítica y la legislación venezolano otorga todas las garantías a la participación política. El Decreto de la ANC no establece ningún impedimento para el ejercicio político como tampoco para la participación de los partidos políticos en eventos electorales, salvo que los partidos busquen mecanismos extralegales para socavar al Gobierno y tomar el poder por la vía de la fuerza.
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