El viernes 23 de septiembre de 2016, Venezuela obtuvo
nuevamente una gran victoria jurídica cuando el Tribunal del Distrito
Federal del sur de La Florida desestimó una demanda civil por al menos
setenta millones de dólares (US$ 70.000.000) que había sido presentada
ante esa instancia contra la República Bolivariana de Venezuela (“la
República”) y la empresa Petroquímica de Venezuela, S.A. (“Pequiven”).
Carmina Comparelli, Freddy López Comparelli, Loryelena Delgado Comparelli y Julio Delgado iniciaron en noviembre de 2014 una demanda en el Distrito Sur del estado de La Florida intentando obtener indemnización por parte de Pequiven y la República, precisó un despacho de la Procuraduría General de la República.
Los Comparelli, de nacionalidad venezolana e italiana, reclamaron ante ese fuero ser resarcidos por daños, alegando que dos empresas suyas habían sido expropiadas en violación de la ley, tal como ese término está definido bajo la legislación interna de los Estados Unidos.
En efecto, los demandantes argumentaron ante el Tribunal que Pequiven y la República habían “montado una conspiración” contra los activos de los Comparelli usando “investigaciones falsas” realizadas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en el estado Zulia, con el fin de presionar y finalmente alcanzar una “expropiación ilícita”.
En su oportunidad, la ONA había procedido a incautar preventivamente los bienes de la empresa, al detectar excedentes no justificados de ácido clorhídrico. Nunca se produjo un traspaso de la titularidad sobre los bienes ni se consumó acto expropiatorio. La incautación preventiva fue una medida de carácter cautelar y existe una investigación penal en curso, que no ha podido avanzar por ausencia de los imputados, los cuales se encuentran prófugos.
Ante las reclamaciones presentadas por los Comparelli y en virtud de que las partes son extranjeras y todos los actos denunciados ocurrieron fuera de los Estados Unidos, el Tribunal concluyó que carecía de competencia material para ejercer jurisdicción respecto del caso y, en consecuencia, rechazó el reclamo íntegramente, ordenando cerrar el caso contra la República y Pequiven.
De este modo, la Procuraduría General de la República, en representación del país, alcanza un nuevo logro en su misión fundamental de defender a Venezuela en todos los ámbitos y escenarios en donde ello sea requerido.
Como se recordará, el 23 de junio de 2008, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que fiscalizaban a Suplidora del Caribe, constataron que José Gregorio Pineda, Rafael Vásquez, Carlos Ortiz Calles, Julio Suárez (padre) Julio Alberto Suárez Hernández (hijo), Roberto García, Beatriz Caldas de García, Agueda Hernández de Suárez, Carmina Comparelli, Freddy López, Loryelena y Julio Delgado Comparelli, guardaban en su establecimiento un excedente de 20 mil 442 kilos con 92 gramos de ácido clorhídrico (sustancia precursora para la elaboración de cocaína), lo cual no pudieron justificar, por lo que retuvieron el químico.
Carmina Comparelli, Freddy López Comparelli, Loryelena Delgado Comparelli y Julio Delgado iniciaron en noviembre de 2014 una demanda en el Distrito Sur del estado de La Florida intentando obtener indemnización por parte de Pequiven y la República, precisó un despacho de la Procuraduría General de la República.
Los Comparelli, de nacionalidad venezolana e italiana, reclamaron ante ese fuero ser resarcidos por daños, alegando que dos empresas suyas habían sido expropiadas en violación de la ley, tal como ese término está definido bajo la legislación interna de los Estados Unidos.
En efecto, los demandantes argumentaron ante el Tribunal que Pequiven y la República habían “montado una conspiración” contra los activos de los Comparelli usando “investigaciones falsas” realizadas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en el estado Zulia, con el fin de presionar y finalmente alcanzar una “expropiación ilícita”.
En su oportunidad, la ONA había procedido a incautar preventivamente los bienes de la empresa, al detectar excedentes no justificados de ácido clorhídrico. Nunca se produjo un traspaso de la titularidad sobre los bienes ni se consumó acto expropiatorio. La incautación preventiva fue una medida de carácter cautelar y existe una investigación penal en curso, que no ha podido avanzar por ausencia de los imputados, los cuales se encuentran prófugos.
Ante las reclamaciones presentadas por los Comparelli y en virtud de que las partes son extranjeras y todos los actos denunciados ocurrieron fuera de los Estados Unidos, el Tribunal concluyó que carecía de competencia material para ejercer jurisdicción respecto del caso y, en consecuencia, rechazó el reclamo íntegramente, ordenando cerrar el caso contra la República y Pequiven.
De este modo, la Procuraduría General de la República, en representación del país, alcanza un nuevo logro en su misión fundamental de defender a Venezuela en todos los ámbitos y escenarios en donde ello sea requerido.
Como se recordará, el 23 de junio de 2008, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que fiscalizaban a Suplidora del Caribe, constataron que José Gregorio Pineda, Rafael Vásquez, Carlos Ortiz Calles, Julio Suárez (padre) Julio Alberto Suárez Hernández (hijo), Roberto García, Beatriz Caldas de García, Agueda Hernández de Suárez, Carmina Comparelli, Freddy López, Loryelena y Julio Delgado Comparelli, guardaban en su establecimiento un excedente de 20 mil 442 kilos con 92 gramos de ácido clorhídrico (sustancia precursora para la elaboración de cocaína), lo cual no pudieron justificar, por lo que retuvieron el químico.
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