Organizaciones indígenas de Perú denunciaron presiones gubernamentales y militares para condenar a cadena perpetua a sus compañeros sobrevivientes de una masacre ocurrida en 2009, durante una protesta contra la firma del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) o Acuerdo de Libre Comercio (TLC) con EEUU.
La matanza se produjo en la población de Putis, en la Amazonia peruana, cuando el presidente Alan García anunció la venta de 63 millones de hectáreas para explotar petróleo y gas en tierras indígenas. De los “centenares de muertos sepultados en secreto”, según los nativos, solo han identificado a 94.
La Fiscalía reinició el juicio en 2014 sin imputar a los militares y los policías involucrados. En cambio solicitó cadena perpetua contra 7 líderes indígenas, entre ellos Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
CIUDAD CCS
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