Por medio de un documento, un grupo de exmagistrados y abogados venezolanos impugnó en el Comité de Postulaciones Judiciales del Parlamento a los 382 candidatos para los 13 cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que presentó la fracción revolucionaria, la cual cambiaría con una mayoría simple el venidero 23 de diciembre.
Entre los juristas se nombran: Román Duque Corredor, Jorge Rosell, Pedro Rondón Haaz, René Molina, Ramón Escovar, Blanca Rosa Mármol de León, Rodrigo Rivera, Enrique Moreno y Flor Zambrano.
Para llevar a cabo tal impugnación, los involucrados argumentan dos motivos: anomalías en el proceso de postulaciones legales; así como escasos datos en cuanto las capacidades de los interesados a magistrados para adjudicarse el cargo.
Además especifican referente a las irregularidades en el procedimiento, subrayando la estafa constitucional, ya que a juicio de los abogados el auténtico propósito del Parlamento no es poner en práctica la normativa de la Constitución para habilitar magistrados, por el contrario señalan es “cubrir esos cargos, algunos no vencidos con ciudadanos que tienen vínculos partidistas con el Poder Ejecutivo”.
Del mismo modo, recalcan terceros vicios, como que al momento que se comenzó con el proceso no habían vacantes en el TSJ, al dar apertura a la invitación no se comunicó sobre la lista de esas ocupaciones.
Igualmente, aseguraron que el llamado es inadecuado, ya que la Ley Orgánica del TSJ determina que la gestión de preselección no puede ser superior a 30 días que ya terminaron, por lo tanto aseveran, consecutivamente sin resultado la causa.
Por su parte, el exinspector general de tribunales, René Molina indicó que el 24 de diciembre culmina el período de objeción de pretendientes a magistrados. “Vamos a impugnarlos a todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las condiciones que exige la Constitución”, manifestó.
Afirman que no se ha conseguido aclarar si han ejercitado el derecho con un mínimo de 15 años, si poseen títulos con postgrado en el área legal, asimismo si han sido catedráticos en Ciencias Jurídicas durante 15 años, y en condición de titular, entre otros requisitos.
Para el exmagistrado Jorge Rosell, el asunto de postulaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia debe hacerse nuevamente, puesto que la autonomía reglamentaria es la plataforma del régimen democrático.
“El Ejecutivo podría alegar razones de inconstitucionalidad de ciertas leyes para que sean revisadas por la Sala Constitucional y así se daría un bloqueo absoluto de las facultades del Parlamento”, opinó.
Por otro lado, la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León afirmó que la dirigencia revolucionaria agravia la Carta Magna al procurar escoger a 13 magistrados, además de situar un “Parlamento Comunal” que intenta, según la citada, despojar las obligaciones y funciones que no establece la Constitución.
“Eso no está en la Constitución y, por ende, apenas la nueva Asamblea tome posesión se puede dejar sin efecto”, apuntó.
Cabe destacar, que el Colegio de Abogados de Carabobo del mismo modo impugnará la forma de nombramiento de magistrados. De acuerdo a lo declarado por el abogado Enrique Romero el proceso se encuentra “absolutamente viciado”.
(LaIguana.TV)
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