"ESTA LEY ES MUCHO MÁS JUSTA DE LA QUE EXISTÍA ANTERIORMENTE. ANTES LO QUE EXISTÍA ERA UN COMPENDIO DE REGLAMENTOS QUE VENÍAN DESDE EL AÑO 71 Y QUE DEFENDÍA LOS INTERESES DE LAS MINORÍAS. AHORA ESTA LEY DEFIENDE A LAS MAYORÍAS, QUE SON LOS INQUILINOS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS".
Credito: AVN
18 Dic. 2015.- El Movimiento de lnquilinos y la Asociación Civil Residencias Caribe (Acireca) manifestaron su rechazo en contra de la reforma de la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas que plantean los diputados de derecha electos para la nueva Asamblea Nacional.
"No ha llegado el 5 de enero y ya la Mesa de la Unidad (MUD) ha presentado en su agenda legislativa una reforma de esta ley. El sector privado se ha envalentonado, porque ya están aumentando el valor del alquiler de muchos edificios. Se ha envalentonado, porque nos han dicho que no nos van a vender los edificios. Se han envalentonado porque están diciendo que viene una ola de desalojos masivos en enero", explicó Rígel Sérget, representante del la organización.
Con la derogación de esta legislación están en riesgo de quedar en la calle más de 600.000 familias que viven alquiladas en todo el territorio nacional. De las cuales 90.000 se ubican en el Municipio Libertador y que corresponden a 5.000 edificios cuyos apartamentos se mantienen alquilados desde hace muchos años.
La Ley de Arrendamiento fue aprobada en 2011 por el líder socialista Hugo Chávez, con la finalidad de establecer un método con base social y teórica para el cálculo del precio justo de las viviendas, además de proteger los derechos de las familias que viven alquiladas.
"Esta ley es mucho más justa de la que existía anteriormente. Antes lo que existía era un compendio de reglamentos que venían desde el año 71 y que defendía los intereses de las minorías. Ahora esta ley defiende a las mayorías, que son los inquilinos y pequeños propietarios", comentó.
Recordó, además, que este instrumento legal nació por iniciativa del pueblo legislador, que trabajó durante seis años para su elaboración. "No fue hecha en espacios cerrados ni sólo por abogados, sino por el poder popular, por ello, creemos que una ley que nació por la iniciativa del pueblo, sólo el pueblo legislador puede transformarla".
Al respecto, Sérget extendió un llamado a todos los inquilinos a defender esta normativa, a través de la difusión de su importancia y sus alcances, pues destacó que a pesar de que el instrumento legal fue creado hace cuatro años, aún hay personas y sectores sociales que la desconocen. "El que no conoce una ley no la va a defender", enfatizó.
Las organizaciones de inquilinos tienen establecido la realización de una serie de foros para dar a conocer la ley al pueblo, asimismo, han instalado mesas de trabajo, en donde participan las distintas instituciones relacionadas al sector vivienda, incluyendo el ministerio y la Defensa Pública, para tratar los temas de desalojos y precios justos de los hogares.
En este sentido, destacó que los propietarios de derecha que impulsan la derogación de la ley han sido convocados a participar en estas reuniones de trabajo, pero se han negado.
"Se trata de una lucha de todo el pueblo, una lucha de todas las organizaciones sociales. Debemos articular todo el poder popular, sobre todo los que tenemos que ver con el tema de vivienda: trabajadores residenciales, comité de tierras urbanas, inquilinos y la Gran Misión Vivienda Venezuela, para defender absolutamente todas las leyes que sustentan este sector", resaltó.
Asimismo, instó a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), a la Defensa Publica y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ampliar los espacios de decisiones, para mejorar la democracia participa y protagónica en los espacios institucionales. "Si van a tomar una medida tiene que ser con el poder popular", aseveró.
"No ha llegado el 5 de enero y ya la Mesa de la Unidad (MUD) ha presentado en su agenda legislativa una reforma de esta ley. El sector privado se ha envalentonado, porque ya están aumentando el valor del alquiler de muchos edificios. Se ha envalentonado, porque nos han dicho que no nos van a vender los edificios. Se han envalentonado porque están diciendo que viene una ola de desalojos masivos en enero", explicó Rígel Sérget, representante del la organización.
Con la derogación de esta legislación están en riesgo de quedar en la calle más de 600.000 familias que viven alquiladas en todo el territorio nacional. De las cuales 90.000 se ubican en el Municipio Libertador y que corresponden a 5.000 edificios cuyos apartamentos se mantienen alquilados desde hace muchos años.
La Ley de Arrendamiento fue aprobada en 2011 por el líder socialista Hugo Chávez, con la finalidad de establecer un método con base social y teórica para el cálculo del precio justo de las viviendas, además de proteger los derechos de las familias que viven alquiladas.
"Esta ley es mucho más justa de la que existía anteriormente. Antes lo que existía era un compendio de reglamentos que venían desde el año 71 y que defendía los intereses de las minorías. Ahora esta ley defiende a las mayorías, que son los inquilinos y pequeños propietarios", comentó.
Recordó, además, que este instrumento legal nació por iniciativa del pueblo legislador, que trabajó durante seis años para su elaboración. "No fue hecha en espacios cerrados ni sólo por abogados, sino por el poder popular, por ello, creemos que una ley que nació por la iniciativa del pueblo, sólo el pueblo legislador puede transformarla".
Al respecto, Sérget extendió un llamado a todos los inquilinos a defender esta normativa, a través de la difusión de su importancia y sus alcances, pues destacó que a pesar de que el instrumento legal fue creado hace cuatro años, aún hay personas y sectores sociales que la desconocen. "El que no conoce una ley no la va a defender", enfatizó.
Las organizaciones de inquilinos tienen establecido la realización de una serie de foros para dar a conocer la ley al pueblo, asimismo, han instalado mesas de trabajo, en donde participan las distintas instituciones relacionadas al sector vivienda, incluyendo el ministerio y la Defensa Pública, para tratar los temas de desalojos y precios justos de los hogares.
En este sentido, destacó que los propietarios de derecha que impulsan la derogación de la ley han sido convocados a participar en estas reuniones de trabajo, pero se han negado.
"Se trata de una lucha de todo el pueblo, una lucha de todas las organizaciones sociales. Debemos articular todo el poder popular, sobre todo los que tenemos que ver con el tema de vivienda: trabajadores residenciales, comité de tierras urbanas, inquilinos y la Gran Misión Vivienda Venezuela, para defender absolutamente todas las leyes que sustentan este sector", resaltó.
Asimismo, instó a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), a la Defensa Publica y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ampliar los espacios de decisiones, para mejorar la democracia participa y protagónica en los espacios institucionales. "Si van a tomar una medida tiene que ser con el poder popular", aseveró.
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