Relación AN-TSJ entre desacato e impugnación

Jessica Velásquez / Caracas

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Agencias

En el Parlamento, tanto su directiva como los miembros del bloque opositor, se niegan a aceptar las sentencias sobre su trabajo que emanan del Tribunal Supremo de Justicia, las más recientes, la de la Ley de Propiedad de la misión Vivienda, su reglamento de interior y debates y la de ampliación del número de magistrados.“Esta Asamblea Nacional va a aplicar estrictamente la Constitución, no vamos a acatar ninguna decisión de la Sala Constitucional que sea contraria a la Constitución o que viole la norma elemental”, ha dicho Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento. 

“La AN es un poder autónomo, el TSJ no debe meterse en reglamento interno de la Asamblea”, dice el diputado Stalin González.  

Las últimas dos sesiones han tenido la objeción del chavismo sobre su validez. La primera no se convocó con 48 horas de anticipación y en la segunda se modificó el orden del día durante la plenaria, lo que puede dar pie a la impugnación; ambos aspectos incluidos en el reglamento anterior, de ahí el término “írrito” de los voceros de Gobierno para calificar la materia tratada y lo que además podría dar una base legal al presidente Nicolás Maduro para no remover al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, a quien se le aprobó un voto de censura al no comparecer en la AN. 

En este sentido, ya el Presidente se pronunció. “Yo le digo a usted que esa decisión en írrita y nula, ¡No existe!, así de sencillo. Al ministro no lo remueve nadie (...) Señor Ramos Allup aquí le mando su carta, para ver que va a hacer usted con ella, ¡Alerta alerta pueblo!”, manifestó al exhortar a la directiva del Parlamento a ponerse a derecho. “Esa es mi respuesta”.

González, señala que si acuden a la impugnación en el TSJ también anularán los tres créditos adicionales aprobados para el Gobierno del Distrito Capital lo que traería retraso a recursos solicitados por ellos mismos. 

Para Edgar Zambrano la decisión del pasado 22 de abril del TSJ se produce de manera interesada con el objeto de complacer al Ejecutivo que además “continúa alimentando una controversia de poderes entre el TSJ y la AN, configurándose una decisión de carácter político orientada a favorecer al partido de gobierno al encontrarse en franca minoría”. 

El choque de la Asamblea Nacional (AN) podría incluir además del Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), eventualmente, al Ministerio Público ante su negativa a cumplir la sentencia del máximo tribunal sobre el Reglamento de Interior y de Debates. 

La mayoría calificada que tiene la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en el Parlamento se niega a acatar la sentencia por la que la AN deberá regirse por el Reglamento de Interior y de Debates vigente hasta el 2010. Alegan que lo que ‘bueno para el pavo es bueno para la pava’. Explican que la impugnación hecha por miembros de la oposición, sobre el famoso reglamento, la hicieron cuando mandaban los oficialistas y querían tener el control de ‘todo’, sin embargo, ahora que el panorama es contrario no hay por que ponerlo en práctica y más cuando “pasaron cinco años con la solicitud engavetada”. 

Esto a juicio del abogado constitucionalista Juan Luis Núñez, puede traerle serios problemas al Poder Legislativo pues se enfrenta a una decisión del máximo tribunal. Caso contrario a la opinión de su colega Juan Alberto Berrios quien considera que solo hay dos posibilidades hasta ahora: Impugnar las sesiones donde no se acate la sentencia o intentarse un antejuicio de mérito, lo que no tiene mucha cabida dada la correlación de fuerzas en la AN. 

“Desde el punto de vista jurídico y de control del Estado, por el respeto a los poderse públicos y al estado de derecho es imposible que la Asamblea Nacional diga que no va a cumplir la sentencia”, aseguró Núñez a este rotativo. 

Afirmó que el desacato está penado en la ley por lo cual estima que la Fiscalía podría iniciar el procedimiento por el desacato. “En este caso si ellos se niegan a cumplir la sentencia tendrían que comenzar por allanarle la inmunidad, están en flagrancia y confesos, porque además están diciendo ‘no la voy a cumplir porque no me da la gana y porque a mí no me satisface la sentencia’”. 

Ante las decisiones del Poder Legislativo, el jurista asevera que ningún poder público puede decir que ellos están excentos del TSJ y agrega que para que no sea así se tendría que reformar la Constitución y decir que “la AN no se encuentra bajo el control de ningún poder, ni sus actos pueden ser juzgados por el TSJ”. 

Mientras que Berrios explica que las decisiones que tome la AN sin acatar la decisión del máximo tribunal puedan ser impugnadas y declaradas nulas en caso de que la bancada del Psuv acuda a la Sala Constitucional nuevamente.

Adicionalmente, menciona que se puede intentar a través del desacato un antejuicio de merito contra los diputados que votaron a favor de esta decisión de no cumplir la sentencia, en este caso todos los miembros de la bancada de la MUD, lo que a su juicio es “improbable” pues la mayoría de los diputados no votará en su contra. “Es una hipótesis que no veo posible vista la correlación de fuerzas. El Ministerio Público solo puede entrar con el antejuicio de mérito, sin embargo, por la correlación de fuerzas que tiene la AN no se podría hacer”.